SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. DIÁLOGOS DESDE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD EL RESPLANDOR (SANTIAGO DE CUBA, CUBA)

FAMILY FOOD SECURITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. DIALOGUES FROM ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE EL RESPLANDOR COMMUNITY (SANTIAGO DE CUBA, CUBA)

Yinet Domínguez-Ruiz (Universidad de Oriente)*

Alejandro Villarreal-Gómez (Universidad de Cartagena de Indias)**

José Manuel Jurado Almonte (Universidad de Huelva)***

Resumen

La educación ambiental es un proceso que contribuye a alcanzar el desarrollo sostenible. Esta sostenibilidad se relaciona con aspectos de la sociedad como la economía, los cambios climáticos y la seguridad alimentaria a escala mundial. Al respecto, la Agenda 2030 vislumbra la necesidad de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible.

Por consiguiente, dicha educación debe vincularse a las políticas públicas ambientales y las medidas de protección de los recursos naturales, permitiendo mayor acceso a los alimentos por individuos y familias. En este propósito, el objetivo de esta aportación es valorar la confluencia entre seguridad alimentaria familiar (SAF) y desarrollo sostenible desde el marco analítico de la educación ambiental. Para ello, se parte del diagnóstico comunitario realizado en la comunidad El Resplandor en la provincia Santiago de Cuba (Cuba).

Se emplearon las técnicas de cuestionario, entrevista y observación científica conforme a la metodología cualitativa y cuantitativa. Como resultado, se identificó la existencia de situaciones de vulnerabilidad social, ambiental y alimentaria a nivel familiar y comunitario, como también la falta de periodicidad en las acciones de educación ambiental. Se concluye que es pertinente la vinculación de la educación ambiental y la SAF en los contextos actuales, así como su aplicación a escalas locales.

Palabras clave: educación ambiental, seguridad alimentaria familiar, desarrollo sostenible, Agenda 2030, Cuba.

Códigos JEL: I30

Abstract

Environmental education is a process that makes it possible to achieve sustainable development. This sustainability is related to aspects of society such as the economy, climate change and food security on a global scale. In this regard, the 2030 Agenda envisions the need to end hunger, achieve food security and promote sustainable agriculture.

Consequently, such education must be linked to public environmental policies and measures for the protection of natural resources, allowing greater access to food for individuals and families. For this purpose, the objective of this contribution is to assess the confluence between family food security (SAF) and sustainable development from the analytical framework of environmental education. For this, it is part of the community diagnosis carried out in the El Resplandor community in the Santiago de Cuba province (Cuba).

The techniques of the questionnaire, interview and scientific observation were used according to the qualitative and quantitative methodology. As a result, the existence of situations of social, environmental and food vulnerability at the family and community level was identified, as well as the lack of periodicity in environmental education actions. It is concluded that, it is pertinent to link environmental education and SAF in current contexts, as well as its application at local scales.

Keywords: environmental education, family food security, sustainable development, Agenda 2030, Cuba.

JEL Code: I30

1. INTRODUCCIÓN

La comprensión integral del medio ambiente no es posible si se parte solamente de la interpretación de los procesos naturales, al margen de los sistemas o modos de producción que han tenido lugar en el desarrollo de la sociedad humana. Durante la década de los años sesenta se vivió un afloramiento de la conciencia ambiental y la existencia de un derecho al medio ambiente saludable. A finales de esa década y comienzos de los años setenta, el medio ambiente se convierte en el centro de atención para organismos y entes gubernamentales internacionales debido a su importancia para la supervivencia de la vida en la Tierra.

El primer pronunciamiento de alerta sobre los problemas socio-ambientales que ponían en peligro el futuro de la humanidad fue dado por el Club de Roma en 1968. Allí se plantearon seis importantes aspectos a ser considerados para evitar efectos irreversibles a nivel mundial, como: explosión demográfica, macrocontaminación, uso incontrolado de energía, desequilibrio económico entre países, crisis de valores y crisis política (Cruces, 1997). Al respecto, se propuso como alternativa generar conciencia en la opinión pública, en función de establecer patrones de una nueva ética social y orientar las conductas de los seres humanos para preservar el medio ambiente.

Desde entonces, se han desarrollado diversos espacios de debate y análisis en torno a la conceptualización actual de la Educación Ambiental como estrategia indispensable para alcanzar los cambios culturales y sociales necesarios para el logro de la preservación del ambiente. Aquí, la Organización de las Naciones Unidas toma protagonismo y recoge el llamamiento de la sociedad, organizando diferentes cumbres, conferencias y seminarios que tuvieron (y tienen actualmente) una enorme repercusión mundial. Entre estos encuentros, destacan:

En dichos espacios y encuentros internacionales se han elaborado documentos, propuestas de solución, declaraciones, programas y estrategias para analizar, evaluar y poner soluciones a los problemas ambientales, además de relacionarlos con el desarrollo económico y hallar medidas para un nuevo tipo de desarrollo que incluya las dimensiones social, cultural y económica (Ugartetxea et al., 2017).

En la actualidad, no se puede hablar de los problemas ambientales sin considerar los conflictos y afectaciones provocados por los modelos de crecimiento económico seguidos hasta el presente. El uso irracional de los recursos naturales, la concentración del poder económico, la desigualdad social y la inequidad en la distribución de las riquezas constituyen problemáticas sociales que impactan¹ en la capacidad de muchos grupos para enfrentar los fenómenos ambientales. Estos eventos extremos y desastres han afectado aproximadamente a más de 61 millones de personas en el período de 2014-2020 (CEPAL, 2021c), lo que denota la importancia de diseñar políticas ambientales encaminadas a mitigar los efectos adversos del cambio climático.

Las políticas vigentes en materia de medio ambiente aportan beneficios sustanciales para la calidad de vida y preservación del entorno ecológico. A pesar de estas mejoras, el mundo todavía se enfrenta a continuos y crecientes desafíos ambientales. Para abordarlos, serán necesarios cambios fundamentales en los sistemas de producción y consumo, que son la causa principal de los problemas ambientales.

En los marcos de los planteamientos analizados destaca la aprobación en septiembre de 2015 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible². La misma se compone de 17 objetivos, 169 metas, así como de una declaración política y medios de seguimiento, revisión e implementación.

En esta Agenda 2030 se reconoce plenamente que los progresos realizados con respecto a la consecución de diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dependerán de la medida en que se reduzcan realmente los efectos negativos del cambio climático, así como la inseguridad alimentaria y la malnutrición, y se fomente la agricultura sostenible. De igual forma, los progresos relativos al ODS 2 (Hambre cero) y 13 (Acción por el clima) dependerán de los que se realicen con respecto a varios de los otros objetivos. Ello significa que, a fin de intentar cumplir la Agenda en su totalidad, los encargados de formular las políticas habrán de tener en cuenta los vínculos que se establecen dentro de estos ODS y las interacciones con los otros objetivos de la Agenda 2030. Para ello, será necesario aplicar planteamientos integrales de políticas, lo cual implica determinar las sinergias entre los objetivos, así como las posibles compensaciones. Para ello, será fundamental avanzar en la aplicación de dicho planteamiento integral de políticas, lo que revelará la complejidad de la tarea en su totalidad.

De esta manera, la presente investigación se sustenta en referentes teóricos internacionales que abordan, por un lado, la problemática medioambiental desde sus diversas aristas y la educación ambiental como vía para el desarrollo sostenible. Aquí resaltan autores como Zabala y García (2008), Calixto y Herrera (2010), Sejenovich (2012), Martínez y Figueroa (2013), García y Muñoz (2013), Ugartetxea et al. (2017), Jiménez y García (2017), González (2017), Ordóñez et al. (2018), Llopiz et al. (2020), De Jong y Vijge (2021), entre otros.

Por el otro lado, se afronta la seguridad alimentaria familiar como proceso en constante cambio que necesita un conocimiento actualizado de todos aquellos actores y factores sociales que influyen directamente en su construcción social. Sobresalen autores y organismos internacionales como: Franco (2010), Pat, et al. (2012), Díaz y García (2014), Cadenas (2015), López (2015), Pasquier (2017), Díaz y García (2018), Pérez y Hernández (2019), Ríos et al. (2019) y organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2019), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Programa Mundial de Alimentos (WFP), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2020), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2020), por solo citar algunos.

Nuestro ámbito territorial preferente es Cuba. En este sentido, la política cubana no está ajena a la referida tendencia. En la década del 90 aparecieron los primeros intentos por incorporar la educación ambiental³ en las políticas nacionales y, desde entonces, se han tratado de perfeccionar estos intentos. No obstante, la práctica nos revela de manera general una ciudadanía desentendida con el medio ambiente, así como un deterioro de los sistemas naturales de la isla que ha ido agravándose. Al respecto, estudios realizados en el ámbito nacional reflejan diversas miradas a la realidad ambiental a nivel macro social: Sotillo (2017), Guerra et al. (2018), Rodríguez y Peña (2019), Márquez, et al. (2021), entre otros.

En este mismo período, el Ministerio de Economía y Planificación de Cuba inicia el análisis de la disponibilidad a nivel de la alimentación, según las características sociales, políticas y económicas del país. Los resultados derivados de aquellos estudios posibilitaron elaborar proyecciones sobre el crecimiento en la producción de alimentos, lo que permitió orientar a los productores sobre las demandas a satisfacer en el ámbito nacional (Pérez, 2010, 36).

En este orden de ideas, otras investigaciones muestran limitaciones en el estudio teórico y metodológico de la seguridad alimentaria en las familias. La mayoría de éstas enfocan el análisis hacia la soberanía alimentaria y las políticas públicas de seguridad alimentaria a escalas nacional y regional. En esta línea de análisis se encuentran: Pérez (2010), Gamboa et al. (2013), Machado et al. (2018), Díaz-Canel et al. (2020) y Domínguez y Soler (2020).

Actualmente, cabe destacar la aprobación reciente (2020) de la Política para impulsar el desarrollo territorial⁴ en Cuba y el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional⁵. Ambos documentos tienen una acentuada interconexión. Por un lado, el desarrollo a escala local emerge como necesidad para transformar el territorio desde sus potencialidades y recursos endógenos. Por el otro, se intenta alcanzar la soberanía alimentaria en medio de una situación económica mundial y nacional difícil, acrecentada por la pandemia Covid-19.

En este marco de análisis, esta investigación se centra en valorar la confluencia que se produce entre seguridad alimentaria familiar (SAF) y desarrollo sostenible desde el marco analítico de la educación ambiental, a partir del diagnóstico comunitario realizado en la provincia de Santiago de Cuba. Como ejemplo hemos tomado la comunidad El Resplandor. Por consiguiente, nos proponemos identificar las problemáticas presentes en esa comunidad objeto de estudio en torno a la SAF y su impacto en el desarrollo sostenible vinculándolo a la educación ambiental.

2. NEXOS ENTRE SEGURIDAD ALIMENTARIA FAMILIAR Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA AGENDA 2030

Informes recientes de la CEPAL (2020)⁶ y FAO (2020)⁷ alertan sobre los efectos sociales de la pandemia Covid 19 y la necesidad de que ésta no se transforme en una crisis alimentaria. En esta situación, el riesgo de la trayectoria futura de los precios de alimentos se ha convertido en un fenómeno de constante evaluación por las políticas públicas a nivel local. Al poner en práctica las medidas de confinamiento, en muchos países de la región del Caribe se incrementó la demanda de los alimentos⁸, lo que condujo a profundas incertidumbres sociales, económicas y psicológicas en materia de oferta (Bárcena y Berdegué, 2020, 11).

Estos análisis de la CEPAL-FAO (2020) sobre la demanda, oferta y el comercio internacional de los alimentos revelan los cambios y transformaciones que dicha pandemia ocasionará en la seguridad alimentaria a nivel macro y microsocial. En el caso de la demanda, las condiciones de aislamiento y falta de movilidad generarán mayor gasto en alimentos debido a la permanencia prolongada de un mayor número de personas en el hogar (Bárcena y Berdegué, 2020). Para ello deben existir sólidas políticas públicas de alimentación que proporcionen niveles de oferta en correspondencia con la demanda colectiva de alimentos ante escenarios económicos que reducen la estabilidad y disponibilidad; en especial, por la disminución de los intercambios comerciales a nivel internacional⁹.

De igual manera, se pronostica una retracción del PIB, al menos un 5,3 por cien para 2020 en América Latina y el Caribe donde los impactos se estiman sean más intensos (CEPAL, 2020). Esta recesión económica a partir de la Covid-19 aumentará la pobreza y el hambre, así como otras formas de inseguridad alimentaria, en especial en países con redes sociales débiles en materia de asistencia y seguridad social. Para 2020 la tasa de personas desempleadas se ubicará en un 11,5 por cien, lo que representará un incremento de 3,4 puntos respecto a 2019 (8,1 por cien). En cuanto a la tasa de personas, familias y grupos sociales en situación de pobreza, se plantea que aumentará durante el 2020 del 30,3 por cien al 34,7 por cien (CEPAL, 2020).

Asimismo, se agravarán las desigualdades de género en el espacio doméstico, pues aumentará la sobrecarga de trabajo no remunerado de las mujeres con las medidas de aislamiento social, el aumento de personas enfermas y el cierre de las instituciones educativas (CEPAL, 2020, 16). En este nivel micro de interacciones se debilita la integración social de las familias para alcanzar su seguridad alimentaria. Las profundas diferencias en la equidad de género producen y reproducen desigualdades en la contribución colectiva a la alimentación, pues son los hombres los que tienen mayor acceso al empleo¹⁰ y, por lo tanto, mayor poder de decisión en cuanto a la selección, adquisición y distribución de los alimentos al interior de los hogares.

En estas complejas situaciones a escalas mundial, nacional y local, la problemática ambiental se reproduce con mayor fuerza ante crisis económicas, sociales y políticas que amenazan la vida en el planeta. Al respecto, se identifican los desastres naturales como una fuente significativa de costos para la región de América Latina y el Caribe. Entre 1970 y 2017, éstos alcanzaron los 258.000 millones de dólares; el 42 por cien de esta suma en Centroamérica y México, el 39 por cien en América del Sur y el 19 por cien en el Caribe (CEPAL, 2017).

A pesar del difícil panorama descrito, datos actuales del International Monetary Fund (IMF) (2021) destacan que las emisiones globales de gases de efecto invernadero disminuyeron un 4 por cien en el 2020 respecto al 2019 (IMF 2021). Sin lugar a duda, este hecho estuvo marcado por el impacto de la pandemia en sectores como la aviación nacional, industria, transporte terrestre y residencial cuya reducción de su actividad económica provocó ligeros descensos en la relación producción- ambiente- sociedad. Todo lo anterior deviene en un paso importante para alcanzar el desarrollo sostenible en materia ambiental si se logran mantener niveles estables o reducciones de estas emisiones.

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2017), en su obra El derecho humano al medio ambiente en la Agenda 2030, reconoce que el desarrollo sostenible integra las dimensiones económica, social y ambiental, considerando al medio ambiente como una parte integrante y fundamental del proceso de desarrollo (Márquez et al., 2021). En consecuencia, es significativa la concepción sistémica e integradora del desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la dimensión ambiental como parte integral del proceso de desarrollo, a la vez que manifiesta la complejidad y la consiguiente necesidad de asumir enfoques interdisciplinares y transdisciplinares.

Desde este enfoque, el desarrollo sostenible comprende el crecimiento económico y la equidad en la satisfacción de las necesidades de la población sobre la base de mantener la sostenibilidad ambiental. De esta situación internacional, inédita de alta y creciente complejidad, emerge una gran incertidumbre para alcanzar procesos alimentarios más sostenibles e interrelacionados con los cambios sociales, económicos y culturales que demanda la sociedad actual.

Por consiguiente, la Agenda 2030 establece que todos los países y personas, teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de producción de los países desarrollados, suscriben necesarios compromisos para avanzar en una agenda común hacia la protección del medio ambiente. Ésta se basa en cuatro principios transversales que se convierten en los pilares que la sostendrán e impulsarán el logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS):

Por lo expuesto, es importante señalar que los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que provienen de los conocidos Objetivos Mundiales según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, son un llamamiento universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Se dice que es la última oportunidad para la Humanidad para poner freno a los actuales procesos esquilmadores de recursos naturales y en favor del desarrollo sostenible.

Los ODS son producto de un replanteamiento y reformulación de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) aprobados en la Cumbre del Milenio de 2010, dirigidos exclusivamente a los países en desarrollo con un horizonte del año 2000 al 2015, y que incluía 8 objetivos para enfrentar uno de los problemas internacionales más importantes: la pobreza.

Los nuevos ODS presentan la singularidad de instar a todos los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medios, a adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que proteger el planeta. Reconocen que las iniciativas para poner fin a la pobreza deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el desarrollo económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que luchen contra el cambio climático y promuevan la protección del medio ambiente.

El desarrollo sostenible se plantea como la integración de forma equilibrada de las tres dimensiones del desarrollo: la social, la económica y la ambiental¹¹. En el preámbulo de la declaración (2015) se establecen los elementos básicos de la nueva agenda (Cuadro 1):

La Declaración hace un diagnóstico crítico de nuestro mundo actual donde el desarrollo sostenible afronta inmensos desafíos (Cuadro 2).

Los ODS (Figura 1), a diferencia de los ODM, tienen una visión más amplia que integra objetivos y metas mundiales para todos los países, relacionadas con los principales desafíos sociales, ambientales, políticos y económicos de nuestro tiempo y que reclaman una atención urgente, como el cambio climático, la producción y el consumo sustentable, la paz y la justicia, entre otros. Cabe mencionar que su adopción no es jurídicamente obligatoria, sino voluntaria.

Por ello, estos 17 Objetivos incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la seguridad alimentaria, entre otras prioridades. Aproximadamente la mitad de estos Objetivos tienen su foco en aspectos ambientales o abordan la sostenibilidad de los recursos naturales. En concreto, cinco de ellos están directa e íntegramente ligados al aspecto ambiental. Los Objetivos sobre agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsable, acción por el clima, la vida submarina y la vida de ecosistemas terrestres (6, 12, 13, 14 y 15) atienden directamente problemáticas y objetivos relacionados con el medio ambiente.

Aunque haya ciertos ODS relacionados con el medio ambiente, como se ha mencionado, éste es un elemento transversal y uno de los pilares de la Agenda 2030 y, por tanto, tiene un papel importante también en la mayoría de los demás objetivos. En los ODS restantes se hace referencia al menos en una de sus metas a un componente medio ambiental. Por ejemplo, en el ODS 2, la meta 2.4 persigue la sostenibilidad de la producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que “…contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo”.

En este sentido, la presente investigación centra su análisis en el vínculo existente entre el ODS 2¹² y 13¹³, teniendo en cuenta que ambos constituyen actualmente un desafío a escala mundial, pues, al igual que los efectos del cambio climático, la inseguridad alimentaria es uno de los problemas que afecta en nuestros días a todos los habitantes y grupos sociales.

Es válido apuntar que han sido muchos los esfuerzos que ya se han materializado en la comprensión entre ambas problemáticas, pero la realización de mayores progresos futuros en el establecimiento de programas ambientales y alimentarios depende de que ocurran nuevos cambios no solo económicos, sino también sociales y culturales en la sociedad. Es necesario avanzar en la dirección de alcanzar una mayor integración entre los estilos de vida alimentarios y el desarrollo material con los intereses ambientales, considerando la educación ambiental como un proceso continuo, ininterrumpido y permanente, presente en la educación integral de todos, que sobrepase los marcos de la conservación y protección del medio ambiente.

Estos elementos tienen significación dentro de la soberanía alimentaria¹⁴, pues si bien ésta defiende el derecho de los pueblos a definir su propia alimentación, es importante resaltar la diversidad cultural y ambiental de esas prácticas sociales. A nivel micro, dichas prácticas son resultados de ese capital cultural acumulado en materia de elaboración, preparación y uso de los alimentos. En segundo lugar, para garantizar esa soberanía alimentaria, desde un nivel macro, se deben diseñar políticas públicas de alimentación que potencien la producción local, su estabilidad, disponibilidad, acceso a los alimentos y la protección del medio ambiente por todos los grupos sociales.

Al respecto, la soberanía alimentaria abordaría no solo ese derecho de los países, regiones y localidades a desarrollar sus políticas agrícolas, laborales, alimentarias y de tierra de manera ecológica, social, económica y cultural. También incluye el derecho a la producción y a una alimentación inocua, nutritiva y sociocultural, desde la potenciación de los propios activos y recursos que permitan la sostenibilidad alimentaria (Gómez-Trujillo et al., 2016).

La soberanía alimentaria no niega el comercio internacional, más bien defiende la opción de formular aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a disponer de métodos y productos alimentarios inocuos, nutritivos y ecológicamente sustentables. En estos complejos escenarios sociales y económicos, la soberanía y seguridad alimentaria familiar deben potenciar la producción de alimentos a escala local y nacional para reducir la dependencia de importaciones y enfrentar la volatilidad de los precios en el mercado. Cabe citar la necesidad e importancia de la agricultura familiar como forma productiva que se genera en el contexto familiar desde la producción agrícola, constituyéndose en una vía de ingreso económico para ese grupo social.

Específicamente, la seguridad alimentaria a nivel de los hogares se verá afectada, entre otros elementos, por el desempleo (debido al cierre de muchos medios productivos) y los bajos ingresos, generando en muchas familias situaciones de vulnerabilidad social respecto al acceso seguro a los alimentos. Todo ello, puede producir nuevas prácticas simbólicas en relación a la alimentación en estos escenarios económicos y sociales condicionados por la pandemia. Aquí resaltan las normas y hábitos en cuanto al uso y distribución de los alimentos, así como la prioridad en el cuidado a los grupos vulnerables (adultos mayores, niños/as, embarazadas, personas con discapacidad, enfermos, entre otros) a partir de los riesgos por el contagio a la COVID-19.

En este sentido, potenciar relaciones más sólidas entre la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria familiar constituye en la actualidad una necesidad para América Latina y el Caribe en medio de la actual crisis sanitaria.

Desde una perspectiva conceptual, la seguridad alimentaria familiar apunta al acceso de todas las personas, en todo tiempo, a cantidades de alimentos suficientes para una vida activa y saludable. Dentro de esta concepción, es válido señalar elementos esenciales como son la disponibilidad, estabilidad y utilización de los alimentos. En el marco de la soberanía alimentaria, alcanzar la integración de estas dimensiones depende de las relaciones que se producen entre el ingreso económico, las brechas de género, posesión de activos y recursos, acceso a estructuras de oportunidades, situaciones de vulnerabilidad social, entre otras.

En el marco de esta soberanía, la seguridad alimentaria familiar requiere fortalecer las redes, vínculos sociales y la estructura de oportunidades, así como los activos y recursos para lograr el acceso a los alimentos a nivel de los hogares. Para ello todos los miembros de la familia deben utilizar sus recursos tangibles e intangibles como: los valores, el capital cultural, saberes y habilidades en función de una producción de alimentos sostenible. Esto último, debe contener el aprendizaje de nuevos conocimientos que contribuyan al logro de una alimentación segura en interacción con la naturaleza. Por ende, la educación ambiental tiene un papel importante en la socialización de normas, prácticas sociales y estilos de vida en torno al acceso, uso, estabilidad y disponibilidad de los alimentos.

Esta educación se identifica como elemento clave en la elaboración e implementación de políticas y acciones encaminadas a la protección ambiental ante los impactos del cambio climático. Dichas transformaciones climáticas son perjudiciales para alcanzar una alimentación sustentable que posibilite a los diversos colectivos poblacionales superar situaciones de vulnerabilidad alimentaria. Por ello es importante avanzar en la creación de una conciencia ambiental que posibilite difundir, divulgar y compartir información confiable para generar nuevos patrones culturales en relación con el medio. Por consiguiente, la educación ambiental establece un diálogo real con las comunidades en función del cambio social ambiental. Esto significa compartir y socializar ideas, conocimientos y saberes donde se involucran individuos, grupos y familias en base a estrategias de educación ambiental.

3. METODOLOGÍA Y ÁMBITO TERRITORIAL DE ESTUDIO

Metodológicamente, para tratar el tema de la seguridad alimentaria familiar y el desarrollo sostenible en el marco de la educación ambiental se utilizaron técnicas tanto de la metodología cuantitativa como cualitativa. De la primera se empleó un cuestionario aplicado a una muestra de 52 familias para un total de 470 familias que tiene la Comunidad¹⁵ “El Resplandor¹⁶”, ubicada en el municipio II Frente de la provincia Santiago de Cuba (Cuba) (Figura 2).

La elección se efectuó en julio de 2020 sobre la base de las características del muestreo no probabilístico de tipo intencional. Por otra parte, se hizo en difíciles condiciones de falta de movilidad por los efectos de la pandemia Covid 19.

Se eligieron a partir del criterio de que todas las familias de la comunidad se encuentran en riesgo ambiental. Sin embargo, se eligieron las que están expuestas a mayores problemas de infraestructuras, madres solas encargadas del cuidado de grupos vulnerables, así como el limitado acceso a los servicios que giran en torno a la alimentación. Con el objetivo de identificar los factores que inciden en la configuración de la seguridad alimentaria y la educación ambiental de familias en situaciones de vulnerabilidad ante los cambios del medio ambiente.

Este procedimiento se realizó con base en un error muestral del 10 por cien y a un nivel de confianza del 95,57 por cien. Esta elección se efectuó sobre la base de las características del muestreo probabilístico, en especial, el muestreo al azar donde su condición fundamental se expresa en la idea de que todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos para constituir los elementos de la muestra.

En cuanto a la segunda se aplicó la observación científica y la entrevista. Por un lado, la observación científica aplicada propició la recogida de información preliminar sobre el fenómeno de la vulnerabilidad ambiental y las dificultades que presentan las familias en cuanto al acceso, disponibilidad, distribución y estabilidad de los alimentos, mediante el contacto directo con la comunidad objeto de estudio.

Por otro lado, se realizaron 5 entrevistas a informantes claves, entre ellos, al Presidente del Consejos de Vecino, a un médico de la familia, al Presidente de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). El objetivo de esta técnica se ubicó en valorar el nivel de conocimiento que tiene cada una de las personas entrevistadas en relación con el desarrollo sostenible de la comunidad teniendo en cuenta la situación medioambiental de la misma y su incidencia en el acceso, uso, estabilidad y disponibilidad de los alimentos. Por ejemplo, las problemáticas medioambientales existentes, el rol que ocupan los diferentes grupos sociales y organizaciones en torno a la educación ambiental de la comunidad y su impacto en la seguridad alimentaria familiar, la calidad de los servicios brindados en las instalaciones gastronómicas, infraestructura, entre otros elementos.

Para medir la confluencia entre SAF y desarrollo sostenible desde el marco analítico de la educación ambiental, se tomaron como indicadores:

En el estudio también se empleó el nivel matemático– estadístico donde se procesaron los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario. Mediante el paquete estadístico “Statistical Package for Social Science” (SPSS) se llevó a cabo el procesamiento y el registro de los datos en tablas y gráficos. Además, se utilizó el (Excel) como una herramienta adicional para el perfeccionamiento de las tablas y gráficos que habían sido construidos con en el (SPSS).

Lo anterior se evidenció en un estudio empírico realizado en dicha Comunidad respecto a los factores ambientales que configuran el acceso a los alimentos en la interacción familia-entorno.

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Las problemáticas medioambientales y de alimentación tienen su base en las condiciones de vulnerabilidad social que experimentan muchas familias, grupos sociales y comunidades. Estas situaciones limitan no solo el desarrollo de una adecuada educación ambiental, sino también el acceso seguro a los alimentos y la posibilidad de alcanzar una vida activa y sana. En este sentido, la presente investigación muestra los resultados obtenidos respecto a la confluencia entre seguridad alimentaria familiar (SAF) y desarrollo sostenible desde el marco analítico de la educación ambiental.

Características más importantes de la muestra seleccionada:

Los rangos de edades que más predominan en los encuestados están entre: 35-39 (17,3 por cien), 55-59 (15,4 por cien) y 65 o más (13,5 por cien). Lo anterior, muestra la tendencia al envejecimiento poblacional, lo que hace necesario un análisis más profundo en cuanto al tratamiento que se le brinda en materia de alimentación a este grupo social.

Otro dato significativo de la muestra escogida es el sexo. Dentro de las 52 familias encuestadas, predomina el sexo femenino con un 57,7 por cien, mientras que el masculino ocupa el 42,3 por cien. Los datos indican que, de manera general, existe un predominio de las mujeres en la muestra seleccionada, por lo que es importante tener en cuenta a este grupo poblacional respecto a las relaciones de género y los roles que ocupan al interior de la familia en torno a la alimentación.

Resaltan en la comunidad las ocupaciones de obreros (44,2 por cien) y jubilados (15,4 por cien), por lo que es importante analizar a este grupo en materia de políticas sociales y su inserción en las actividades de la comunidad vinculadas, por ejemplo, a la educación ambiental, la salud nutricional, entre otras temáticas.

Teniendo en cuenta el nivel de escolaridad, el 25 por cien de las personas alcanzaron el preuniversitario y el 51,9 por cien son graduadas de técnico medio, estas cifras constituyen los niveles más altos obtenidos por los pobladores. Esto demuestra los logros de la política social cubana en materia de educación hacia todos los sectores de la sociedad. La gratuidad en el sistema educativo favorece a las familias en situaciones de vulnerabilidad, y se convierte en una de las metas alcanzadas dentro de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible en Cuba.

A continuación, se muestra a través de una tabla de contingencia la relación entre el nivel de conocimiento que poseen los actores sociales de la Comunidad El Resplandor y los comportamientos asumidos respecto al cuidado ambiental (Tabla 1).

Los datos más significativos evidencian que del total de personas encuestadas, tienen un insuficiente conocimiento sobre los principales elementos de la SAF (acceso, uso, estabilidad y disponibilidad de alimentos) un total de 66. De ellos, 41 (62,1 por cien) tienen conductas inadecuadas hacia el entorno ecológico. Esto expresa que los saberes construidos y socializados en torno a la alimentación, no solo se reducen al consumo y uso de los alimentos, sino también se hacen tangibles en las prácticas cotidianas en relación a la conservación, recolección y ubicación de éstos en un espacio físico determinado a nivel de la comunidad, sin que dichos elementos generen conflicto con el medio ambiente. Por consiguiente, esas prácticas o comportamientos estructuran condiciones de vulnerabilidad ambiental signadas por fragilidades en los nexos entre cultura alimentaria y educación ambiental a escala familiar.

Lo anterior es validado con las entrevistas realizadas, donde los informantes claves reconocen la situación de vulnerabilidad ambiental que persiste en la comunidad estudiada y la necesidad de fortalecer el papel de las organizaciones comunitarias e instituciones sociales en la solución de dichas problemáticas. Sin lugar a dudas, los resultados de las entrevistas demuestran la importancia de acentuar el desarrollo sostenible en el ámbito comunitario a través de potenciar buenas prácticas alimentarias vinculadas al fortalecimiento del capital social familiar, así como el capital cultural alimentario y ambiental.

En la base de los elementos mencionados deben consolidarse la solidaridad colectiva, el apoyo social, la confianza y los valores para lograr una educación ambiental que configure la SAF a instancia macro y micro. Justamente el contexto actual de la pandemia crea un espacio propicio para cambiar la relación sociedad- naturaleza, pues los miembros de la familia permanecen más tiempo en los hogares antes las medidas de aislamiento físico.

Esto constituye una oportunidad para afianzar normas, valores y costumbres que fomenten no solo sus hábitos y cultura alimentaria, sino también su educación ambiental dentro de situaciones socio ecológicas cambiantes. Por tanto, se necesita mayor capacidad de resiliencia para enfrentar estas transformaciones del entorno incorporando nuevas prácticas que logren un desarrollo más sostenible en materia de producción, comercialización, uso y consumo de alimentos sin deteriorar los recursos naturales y la higiene de la comunidad.

Las variaciones o cambios producidos en el acoplamiento de las dimensiones de esta seguridad alimentaria familiar conllevan, en mayor o menor medida, a la integración o desintegración alimentaria. De ahí que, si bien el acceso seguro a los alimentos para llevar una vida sana y activa está interconectado con la educación ambiental, también refleja la transversalización del género como variable que indica el rol de las mujeres en la preparación y distribución de los alimentos al interior de los hogares.

De esta manera, las personas encuestadas afirman que las mujeres se encargan de la preparación de los alimentos (40,4 por cien) y los hombres de su compra (17,3 por cien). Todo ello evidencia la mediación de esas brechas de género en la organización del sistema familiar en el confinamiento, pues se sobrecargan las mujeres con las tareas domésticas, el cuidado y la gestión de los alimentos (el 48,1 por cien son madres que viven solas). Asimismo, en el 67,7 por cien de los hogares encuestados las mujeres asumen la distribución de los alimentos, lo que se acentúa en el contexto actual de pandemia.

Entre las actividades incrementadas a escala familiar se encuentra la atención a los grupos vulnerables (75 por cien) a parir del reforzamiento de las medidas de cuidado para proteger a estos grupos ante las situaciones de contagio por la Covid-19. Dentro de este contexto, el cuidado alimentario emerge como una de las prioridades en el ámbito doméstico con la finalidad de alcanzar mayor calidad de vida en condiciones de aislamiento físico.

Los resultados expuestos demuestran que la mujer constituye un actor significativo para la trasmisión de patrones y valores culturales donde se potencian formas de conducta saludables respecto al cuidado ambiental. Como agentes de socialización, ellas intervienen en la internalización de saberes o conocimientos hacia el resto del colectivo familiar sobre las prácticas alimentarias que posibilitan lograr una armonía con la naturaleza, minimizando los impactos al medio natural.

No obstante, si bien la mujer ejerce esa función socializadora a través de normas y reglas sociales, todavía esa acción transformadora no se extiende a otros ámbitos socioeconómicos donde confluyen el capital cultural alimentario y capital cultural ambiental. En el estudio realizado, la mayoría de las mujeres desarrollan sus prácticas de SAF dentro del hogar mediante sus labores cotidianas de preparación, distribución y uso de los alimentos (75 por cien). Solo un 25 por cien de las encuestadas afirman la diversificación de esas prácticas en otros espacios productivos como la agricultura familiar (Gráfico 1).

De manera general, la contribución de este grupo social al desarrollo del capital cultural alimentario se reduce a los hogares, limitando la capacidad de muchas mujeres para socializar sus experiencias y tradiciones acumuladas en torno a la seguridad alimentaria, más allá del marco doméstico. Opinamos que extenderse a otros contextos permite, por una parte, incorporar a las mujeres en nuevas fuentes de empleo que benefician la economía familiar y el desarrollo local comunitario. Por otra parte, integrar ese saber sociocultural en la generación de cambios alimentarios cuyos vínculos con el medio ambiente, produzcan modos de pesar y consumir más ecológicos al interior y exterior de la familia.

Otro de los resultados refleja que la vía más utilizada para acceder a los alimentos son los mercados de bienes y servicios (78,8 por cien), así como los actores individuales y colectivos privados (69,2 por cien), por ejemplo, los vendedores ambulantes. Es necesario apuntar que muchas veces estos actores sociales asumen prácticas inadecuadas (arrojar desechos sólidos) que afectan el entorno. Acciones como ésta generan conflictos en la relación naturaleza-sociedad, pues no solo se daña el ecosistema terrestre, sino también provocan daños irreversibles que afectan la vida de las personas (enfermedades, crisis epidemiológicas, entre otros).

En este sentido, se constató a partir de la observación científica y el cuestionario aplicado un conjunto de problemáticas que limitan el desarrollo sostenible de la comunidad El Resplandor, en materia de seguridad alimentaria y vulnerabilidad ambiental (Gráfico 2).

Por último, se muestran las consecuencias que tienen las prácticas vinculadas al abastecimiento y reserva de alimentos (espacio familiar) hacia el entorno ambiental. Estas prácticas se reflejan en los comportamientos asumidos por los comunitarios, donde se manifiestan situaciones de vulnerabilidad ambiental como consecuencias adversas (vertido de residuos urbanos, desechos domésticos, residuos sólidos y acumulación de escombros) para el desarrollo sostenible.

No obstante, el 36,8 por cien de las personas encuestadas indicaron que se realizan charlas educativas por parte de los médicos del consultorio para potenciar la educación ambiental en la Comunidad El Resplandor. Lo anterior representa una de las acciones que desarrollan los actores locales para contrarrestar los efectos socio ambientales de los hábitos y conductas inadecuadas en el espacio comunitario.

5. CONCLUSIONES

La educación ambiental constituye el medio fundamental para lograr la transformación de actitudes y comportamientos humanos con relación al entorno, toda vez que permite la adquisición de un cúmulo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para accionar sobre los problemas ambientales. Uno de los grandes desafíos en el contexto actual para avanzar hacia ese desarrollo sostenible lo constituye la seguridad alimentaria familiar, pues la producción acelerada y crecimiento desmedido de los países desarrollados sitúa en situaciones de desigualdad y vulnerabilidad alimentaria a individuos, grupos y familias. De ahí la importancia de diseñar políticas públicas más eficientes e inclusivas que posibiliten atender sus necesidades y preferencias alimentarias.

En el caso particular de Cuba, la irrupción de la actual crisis sanitaria ha condicionado los programas que se llevan a cabo en función de cumplimentar la política medioambiental cubana y de seguridad alimentaria. No obstante, este país ha adoptado medidas en función de reducir los efectos negativos de esta pandemia, dirigidas principalmente a disminuir los impactos del cambio climático y brindarle apoyo a los grupos y familias en situaciones de vulnerabilidad alimentaria. Específicamente en la comunidad estudiada, estos elementos (educación ambiental, desarrollo sostenible y seguridad alimentaria familiar) tienen estrechos vínculos expresados no solo en la Agenda 2030, sino también en las prácticas alimentarias, normas, significados y vulnerabilidad ambiental que presenta la comunidad “El Resplandor” en Santiago de Cuba.

En suma, los resultados obtenidos evidencian que esta educación debe direccionarse hacia la participación y cooperación consciente de los actores sociales involucrados en el proceso de protección y conservación del medio ambiente, en función de alcanzar el desarrollo sostenible de la localidad. Asimismo, muestran que los nexos entre la seguridad alimentaria familiar y la educación ambiental están influidos por prácticas sociales que constituyen desafíos importantes para los diferentes ciudadanos, grupos y familias en el contexto comunitario.

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*Correo-e: yinetd@uo.edu.cu

**Correo-e: avillarrealg@unicartagena.edu.co

***Autor de correspondencia. José Manuel Jurado Almonte, Correo-e: jurado@uhu.es

Fecha de envío: 12/06/2021. Fecha de aceptación: 13/11/2021.

¹ Algunos de estos impactos se muestran en las situaciones de pobreza en la región de América Latina, donde se observan fluctuaciones en los últimos diez años. Por ejemplo, esta pobreza ha oscilado del 31,6 por cien al 33,7 por cien entre los años 2010 y 2020 respectivamente. En este contexto, habría aumentado la desigualdad en la distribución del ingreso, con un incremento del 2,9 por cien en el índice de Gini (CEPAL, 2021a; CEPAL, 2021b).

² Compromiso adoptado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que 193 países, sociedad civil, academia e iniciativa privada acordaron una hoja de ruta para erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad, sin comprometer los recursos para las futuras generaciones.

³ En la Ley 81 (1997) del Medio Ambiente de la República de Cuba constan 12 artículos sobre educación ambiental. En estos artículos se establecen las responsabilidades estatales e institucionales para todos los sectores de la economía, de los servicios, grupos sociales y población en general, en cuanto a la implementación y participación en las políticas que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) disponga.

⁴ MEC: Política para impulsar el desarrollo territorial. Ver en: https://www.mep.gob.cu/sites/default/files/Documentos/POLITICA%20PARA%20IMPULSAR%20EL%20DESARROLLO%20TERRITORIAL.pdf

⁵ Ministerio de Agricultura en Cuba. Convocatoria a legislar sobre soberanía alimentaria y educación nutricional. Ver en: https://www.minag.gob.cu/node/2668

⁶ Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

⁷ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

⁸ Según Bárcena y Berdegué (2020), en América Latina y el Caribe el índice de precios al consumidor, entre enero y mayo de 2020, ha sido del 4,6 por cien, cifra que muestra un alza respecto al índice de precios general (1,2 por cien). Algunos países evidencian estos incrementos, por ejemplo: Argentina (14,1 por cien), Colombia (5,6 por cien), México (4,7 por cien) y el Uruguay (7,0 por cien).

⁹ En los países del Caribe la dependencia en sus importaciones conlleva a un riesgo alimentario en la actual pandemia, pues la aparición de disrupciones en las cadenas internacionales de distribución de alimentos puede generar conflictos en la relación que establecen las dimensiones de análisis de la seguridad alimentaria familiar.

¹⁰ En América Latina la tasa de desempleo para las mujeres en las edades de 15-24 años se ubica en un 18,9 por cien, mientras que en los hombres se muestra en un 14,0 por cien (CEPAL, 2020).

¹¹ En la dimensión social, entre otros muchos aspectos, se plantea la erradicación de la pobreza como uno de los mayores desafíos que enfrenta el mundo y un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. En el ámbito económico se plantea establecer condiciones para un crecimiento económico inclusivo y sostenido, una prosperidad compartida y el trabajo decente para todas las personas. En la dimensión ambiental, junto a una lógica conservacionista de protección duradera del planeta y sus recursos naturales, retoma la definición antropocéntrica de desarrollo sostenible del informe Brundtland (López Pardo, 2015) de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Los desafíos del desarrollo sostenible están relacionados entre sí y, por tanto, requieren soluciones integradas a través de un nuevo enfoque que tenga en cuenta simultáneamente todas las dimensiones.

¹² Cuya prioridad está entre otros aspectos, en lograr la seguridad alimentaria con la finalidad de alcanzar el bienestar social de todas las personas. Sin embargo, datos ofrecidos por la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) evidencian que todavía falta mucho para reducir el hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, a una alimentación sana y nutritiva (Bárcena y Prado, 2016, 11).

¹³ El objetivo fundamental que persigue este ODS es la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos sobre el medio ambiente. Al respecto, autores como Bárcena y Prado (2016) apuntan la necesidad de la cooperación internacional para que los países en desarrollo avancen hacia una economía baja en carbono (Bárcena y Prado, 2016, 34).

¹⁴ La Vía Campesina (Jongerden y Ruivenkamp, 2010) define a la Soberanía Alimentaría desde una posición política a partir del derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas de alimentación. Desarrollado por esta organización, fue formulado públicamente por primera vez en 1996 durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de Roma.

¹⁵ “Agrupación organizada de personas que se perciben como una unidad social, cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento, objetivo o función común, con conciencia de pertenencia, situado en una determinada área geográfica, en la cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente entre sí que en otro contexto” (Ander Egg, 1989).

¹⁶ Estamos en presencia de una comunidad rural, donde su principal renglón de producción local en el municipio es el café y la cría de ganado. Se encuentra localizada en el Este del núcleo urbano Mayarí Arriba, constituyendo parte del mismo, tiene una extensión de 5,4 Ha, lo que representa el 0.15% del área de dicho poblado. La misma es de fácil acceso al vincularse con calle Paquito Rosales y calle E, ésta facilita su comunicación con el resto del asentamiento urbano, aunque está alejada del centro, la misma limita al Norte con la Pista; al este, con la calle Paquito Rosales; al sur, con los fondos de viviendas particulares y al oeste limita con un área de viviendas del reparto Aeropuerto Resplandor.