La comprensión integral del medio ambiente no es posible si se parte solamente de la interpretación de los procesos naturales, al margen de los sistemas o modos de producción que han tenido lugar en el desarrollo de la sociedad humana. Durante la década de los años sesenta se vivió un afloramiento de la conciencia ambiental y la existencia de un derecho al medio ambiente saludable. A finales de esa década y comienzos de los años setenta, el medio ambiente se convierte en el centro de atención para organismos y entes gubernamentales internacionales debido a su importancia para la supervivencia de la vida en la Tierra.

El primer pronunciamiento de alerta sobre los problemas socio-ambientales que ponían en peligro el futuro de la humanidad fue dado por el Club de Roma en 1968. Allí se plantearon seis importantes aspectos a ser considerados para evitar efectos irreversibles a nivel mundial, como: explosión demográfica, macrocontaminación, uso incontrolado de energía, desequilibrio económico entre países, crisis de valores y crisis política (Cruces, 1997). Al respecto, se propuso como alternativa generar conciencia en la opinión pública, en función de establecer patrones de una nueva ética social y orientar las conductas de los seres humanos para preservar el medio ambiente.

Desde entonces, se han desarrollado diversos espacios de debate y análisis en torno a la conceptualización actual de la Educación Ambiental como estrategia indispensable para alcanzar los cambios culturales y sociales necesarios para el logro de la preservación del ambiente. Aquí, la Organización de las Naciones Unidas toma protagonismo y recoge el llamamiento de la sociedad, organizando diferentes cumbres, conferencias y seminarios que tuvieron (y tienen actualmente) una enorme repercusión mundial. Entre estos encuentros, destacan:

En dichos espacios y encuentros internacionales se han elaborado documentos, propuestas de solución, declaraciones, programas y estrategias para analizar, evaluar y poner soluciones a los problemas ambientales, además de relacionarlos con el desarrollo económico y hallar medidas para un nuevo tipo de desarrollo que incluya las dimensiones social, cultural y económica (Ugartetxea et al., 2017).

En la actualidad, no se puede hablar de los problemas ambientales sin considerar los conflictos y afectaciones provocados por los modelos de crecimiento económico seguidos hasta el presente. El uso irracional de los recursos naturales, la concentración del poder económico, la desigualdad social y la inequidad en la distribución de las riquezas constituyen problemáticas sociales que impactan¹ en la capacidad de muchos grupos para enfrentar los fenómenos ambientales. Estos eventos extremos y desastres han afectado aproximadamente a más de 61 millones de personas en el período de 2014-2020 (CEPAL, 2021c), lo que denota la importancia de diseñar políticas ambientales encaminadas a mitigar los efectos adversos del cambio climático.

Las políticas vigentes en materia de medio ambiente aportan beneficios sustanciales para la calidad de vida y preservación del entorno ecológico. A pesar de estas mejoras, el mundo todavía se enfrenta a continuos y crecientes desafíos ambientales. Para abordarlos, serán necesarios cambios fundamentales en los sistemas de producción y consumo, que son la causa principal de los problemas ambientales.

En los marcos de los planteamientos analizados destaca la aprobación en septiembre de 2015 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible². La misma se compone de 17 objetivos, 169 metas, así como de una declaración política y medios de seguimiento, revisión e implementación.

En esta Agenda 2030 se reconoce plenamente que los progresos realizados con respecto a la consecución de diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dependerán de la medida en que se reduzcan realmente los efectos negativos del cambio climático, así como la inseguridad alimentaria y la malnutrición, y se fomente la agricultura sostenible. De igual forma, los progresos relativos al ODS 2 (Hambre cero) y 13 (Acción por el clima) dependerán de los que se realicen con respecto a varios de los otros objetivos. Ello significa que, a fin de intentar cumplir la Agenda en su totalidad, los encargados de formular las políticas habrán de tener en cuenta los vínculos que se establecen dentro de estos ODS y las interacciones con los otros objetivos de la Agenda 2030. Para ello, será necesario aplicar planteamientos integrales de políticas, lo cual implica determinar las sinergias entre los objetivos, así como las posibles compensaciones. Para ello, será fundamental avanzar en la aplicación de dicho planteamiento integral de políticas, lo que revelará la complejidad de la tarea en su totalidad.

De esta manera, la presente investigación se sustenta en referentes teóricos internacionales que abordan, por un lado, la problemática medioambiental desde sus diversas aristas y la educación ambiental como vía para el desarrollo sostenible. Aquí resaltan autores como Zabala y García (2008), Calixto y Herrera (2010), Sejenovich (2012), Martínez y Figueroa (2013), García y Muñoz (2013), Ugartetxea et al. (2017), Jiménez y García (2017), González (2017), Ordóñez et al. (2018), Llopiz et al. (2020), De Jong y Vijge (2021), entre otros.

Por el otro lado, se afronta la seguridad alimentaria familiar como proceso en constante cambio que necesita un conocimiento actualizado de todos aquellos actores y factores sociales que influyen directamente en su construcción social. Sobresalen autores y organismos internacionales como: Franco (2010), Pat, et al. (2012), Díaz y García (2014), Cadenas (2015), López (2015), Pasquier (2017), Díaz y García (2018), Pérez y Hernández (2019), Ríos et al. (2019) y organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2019), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Programa Mundial de Alimentos (WFP), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2020), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2020), por solo citar algunos.

Nuestro ámbito territorial preferente es Cuba. En este sentido, la política cubana no está ajena a la referida tendencia. En la década del 90 aparecieron los primeros intentos por incorporar la educación ambiental³ en las políticas nacionales y, desde entonces, se han tratado de perfeccionar estos intentos. No obstante, la práctica nos revela de manera general una ciudadanía desentendida con el medio ambiente, así como un deterioro de los sistemas naturales de la isla que ha ido agravándose. Al respecto, estudios realizados en el ámbito nacional reflejan diversas miradas a la realidad ambiental a nivel macro social: Sotillo (2017), Guerra et al. (2018), Rodríguez y Peña (2019), Márquez, et al. (2021), entre otros.

En este mismo período, el Ministerio de Economía y Planificación de Cuba inicia el análisis de la disponibilidad a nivel de la alimentación, según las características sociales, políticas y económicas del país. Los resultados derivados de aquellos estudios posibilitaron elaborar proyecciones sobre el crecimiento en la producción de alimentos, lo que permitió orientar a los productores sobre las demandas a satisfacer en el ámbito nacional (Pérez, 2010, 36).

En este orden de ideas, otras investigaciones muestran limitaciones en el estudio teórico y metodológico de la seguridad alimentaria en las familias. La mayoría de éstas enfocan el análisis hacia la soberanía alimentaria y las políticas públicas de seguridad alimentaria a escalas nacional y regional. En esta línea de análisis se encuentran: Pérez (2010), Gamboa et al. (2013), Machado et al. (2018), Díaz-Canel et al. (2020) y Domínguez y Soler (2020).

Actualmente, cabe destacar la aprobación reciente (2020) de la Política para impulsar el desarrollo territorial⁴ en Cuba y el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional⁵. Ambos documentos tienen una acentuada interconexión. Por un lado, el desarrollo a escala local emerge como necesidad para transformar el territorio desde sus potencialidades y recursos endógenos. Por el otro, se intenta alcanzar la soberanía alimentaria en medio de una situación económica mundial y nacional difícil, acrecentada por la pandemia Covid-19.

En este marco de análisis, esta investigación se centra en valorar la confluencia que se produce entre seguridad alimentaria familiar (SAF) y desarrollo sostenible desde el marco analítico de la educación ambiental, a partir del diagnóstico comunitario realizado en la provincia de Santiago de Cuba. Como ejemplo hemos tomado la comunidad El Resplandor. Por consiguiente, nos proponemos identificar las problemáticas presentes en esa comunidad objeto de estudio en torno a la SAF y su impacto en el desarrollo sostenible vinculándolo a la educación ambiental.

Informes recientes de la CEPAL (2020)⁶ y FAO (2020)⁷ alertan sobre los efectos sociales de la pandemia Covid 19 y la necesidad de que ésta no se transforme en una crisis alimentaria. En esta situación, el riesgo de la trayectoria futura de los precios de alimentos se ha convertido en un fenómeno de constante evaluación por las políticas públicas a nivel local. Al poner en práctica las medidas de confinamiento, en muchos países de la región del Caribe se incrementó la demanda de los alimentos⁸, lo que condujo a profundas incertidumbres sociales, económicas y psicológicas en materia de oferta (Bárcena y Berdegué, 2020, 11).

Estos análisis de la CEPAL-FAO (2020) sobre la demanda, oferta y el comercio internacional de los alimentos revelan los cambios y transformaciones que dicha pandemia ocasionará en la seguridad alimentaria a nivel macro y microsocial. En el caso de la demanda, las condiciones de aislamiento y falta de movilidad generarán mayor gasto en alimentos debido a la permanencia prolongada de un mayor número de personas en el hogar (Bárcena y Berdegué, 2020). Para ello deben existir sólidas políticas públicas de alimentación que proporcionen niveles de oferta en correspondencia con la demanda colectiva de alimentos ante escenarios económicos que reducen la estabilidad y disponibilidad; en especial, por la disminución de los intercambios comerciales a nivel internacional⁹.

De igual manera, se pronostica una retracción del PIB, al menos un 5,3 por cien para 2020 en América Latina y el Caribe donde los impactos se estiman sean más intensos (CEPAL, 2020). Esta recesión económica a partir de la Covid-19 aumentará la pobreza y el hambre, así como otras formas de inseguridad alimentaria, en especial en países con redes sociales débiles en materia de asistencia y seguridad social. Para 2020 la tasa de personas desempleadas se ubicará en un 11,5 por cien, lo que representará un incremento de 3,4 puntos respecto a 2019 (8,1 por cien). En cuanto a la tasa de personas, familias y grupos sociales en situación de pobreza, se plantea que aumentará durante el 2020 del 30,3 por cien al 34,7 por cien (CEPAL, 2020).

Asimismo, se agravarán las desigualdades de género en el espacio doméstico, pues aumentará la sobrecarga de trabajo no remunerado de las mujeres con las medidas de aislamiento social, el aumento de personas enfermas y el cierre de las instituciones educativas (CEPAL, 2020, 16). En este nivel micro de interacciones se debilita la integración social de las familias para alcanzar su seguridad alimentaria. Las profundas diferencias en la equidad de género producen y reproducen desigualdades en la contribución colectiva a la alimentación, pues son los hombres los que tienen mayor acceso al empleo¹⁰ y, por lo tanto, mayor poder de decisión en cuanto a la selección, adquisición y distribución de los alimentos al interior de los hogares.

En estas complejas situaciones a escalas mundial, nacional y local, la problemática ambiental se reproduce con mayor fuerza ante crisis económicas, sociales y políticas que amenazan la vida en el planeta. Al respecto, se identifican los desastres naturales como una fuente significativa de costos para la región de América Latina y el Caribe. Entre 1970 y 2017, éstos alcanzaron los 258.000 millones de dólares; el 42 por cien de esta suma en Centroamérica y México, el 39 por cien en América del Sur y el 19 por cien en el Caribe (CEPAL, 2017).

A pesar del difícil panorama descrito, datos actuales del International Monetary Fund (IMF) (2021) destacan que las emisiones globales de gases de efecto invernadero disminuyeron un 4 por cien en el 2020 respecto al 2019 (IMF 2021). Sin lugar a duda, este hecho estuvo marcado por el impacto de la pandemia en sectores como la aviación nacional, industria, transporte terrestre y residencial cuya reducción de su actividad económica provocó ligeros descensos en la relación producción- ambiente- sociedad. Todo lo anterior deviene en un paso importante para alcanzar el desarrollo sostenible en materia ambiental si se logran mantener niveles estables o reducciones de estas emisiones.

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2017), en su obra El derecho humano al medio ambiente en la Agenda 2030, reconoce que el desarrollo sostenible integra las dimensiones económica, social y ambiental, considerando al medio ambiente como una parte integrante y fundamental del proceso de desarrollo (Márquez et al., 2021). En consecuencia, es significativa la concepción sistémica e integradora del desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la dimensión ambiental como parte integral del proceso de desarrollo, a la vez que manifiesta la complejidad y la consiguiente necesidad de asumir enfoques interdisciplinares y transdisciplinares.

Desde este enfoque, el desarrollo sostenible comprende el crecimiento económico y la equidad en la satisfacción de las necesidades de la población sobre la base de mantener la sostenibilidad ambiental. De esta situación internacional, inédita de alta y creciente complejidad, emerge una gran incertidumbre para alcanzar procesos alimentarios más sostenibles e interrelacionados con los cambios sociales, económicos y culturales que demanda la sociedad actual.

Por consiguiente, la Agenda 2030 establece que todos los países y personas, teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de producción de los países desarrollados, suscriben necesarios compromisos para avanzar en una agenda común hacia la protección del medio ambiente. Ésta se basa en cuatro principios transversales que se convierten en los pilares que la sostendrán e impulsarán el logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS):

Por lo expuesto, es importante señalar que los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, que provienen de los conocidos Objetivos Mundiales según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, son un llamamiento universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Se dice que es la última oportunidad para la Humanidad para poner freno a los actuales procesos esquilmadores de recursos naturales y en favor del desarrollo sostenible.

Los ODS son producto de un replanteamiento y reformulación de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) aprobados en la Cumbre del Milenio de 2010, dirigidos exclusivamente a los países en desarrollo con un horizonte del año 2000 al 2015, y que incluía 8 objetivos para enfrentar uno de los problemas internacionales más importantes: la pobreza.

Los nuevos ODS presentan la singularidad de instar a todos los países, ya sean ricos, pobres o de ingresos medios, a adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que proteger el planeta. Reconocen que las iniciativas para poner fin a la pobreza deben ir de la mano de estrategias que favorezcan el desarrollo económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que luchen contra el cambio climático y promuevan la protección del medio ambiente.

El desarrollo sostenible se plantea como la integración de forma equilibrada de las tres dimensiones del desarrollo: la social, la económica y la ambiental¹¹. En el preámbulo de la declaración (2015) se establecen los elementos básicos de la nueva agenda (Cuadro 1):

La Declaración hace un diagnóstico crítico de nuestro mundo actual donde el desarrollo sostenible afronta inmensos desafíos (Cuadro 2).

Los ODS (Figura 1), a diferencia de los ODM, tienen una visión más amplia que integra objetivos y metas mundiales para todos los países, relacionadas con los principales desafíos sociales, ambientales, políticos y económicos de nuestro tiempo y que reclaman una atención urgente, como el cambio climático, la producción y el consumo sustentable, la paz y la justicia, entre otros. Cabe mencionar que su adopción no es jurídicamente obligatoria, sino voluntaria.

Por ello, estos 17 Objetivos incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la seguridad alimentaria, entre otras prioridades. Aproximadamente la mitad de estos Objetivos tienen su foco en aspectos ambientales o abordan la sostenibilidad de los recursos naturales. En concreto, cinco de ellos están directa e íntegramente ligados al aspecto ambiental. Los Objetivos sobre agua limpia y saneamiento, producción y consumo responsable, acción por el clima, la vida submarina y la vida de ecosistemas terrestres (6, 12, 13, 14 y 15) atienden directamente problemáticas y objetivos relacionados con el medio ambiente.

Aunque haya ciertos ODS relacionados con el medio ambiente, como se ha mencionado, éste es un elemento transversal y uno de los pilares de la Agenda 2030 y, por tanto, tiene un papel importante también en la mayoría de los demás objetivos. En los ODS restantes se hace referencia al menos en una de sus metas a un componente medio ambiental. Por ejemplo, en el ODS 2, la meta 2.4 persigue la sostenibilidad de la producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que “…contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la tierra y el suelo”.

En este sentido, la presente investigación centra su análisis en el vínculo existente entre el ODS 2¹² y 13¹³, teniendo en cuenta que ambos constituyen actualmente un desafío a escala mundial, pues, al igual que los efectos del cambio climático, la inseguridad alimentaria es uno de los problemas que afecta en nuestros días a todos los habitantes y grupos sociales.

Es válido apuntar que han sido muchos los esfuerzos que ya se han materializado en la comprensión entre ambas problemáticas, pero la realización de mayores progresos futuros en el establecimiento de programas ambientales y alimentarios depende de que ocurran nuevos cambios no solo económicos, sino también sociales y culturales en la sociedad. Es necesario avanzar en la dirección de alcanzar una mayor integración entre los estilos de vida alimentarios y el desarrollo material con los intereses ambientales, considerando la educación ambiental como un proceso continuo, ininterrumpido y permanente, presente en la educación integral de todos, que sobrepase los marcos de la conservación y protección del medio ambiente.

Estos elementos tienen significación dentro de la soberanía alimentaria¹⁴, pues si bien ésta defiende el derecho de los pueblos a definir su propia alimentación, es importante resaltar la diversidad cultural y ambiental de esas prácticas sociales. A nivel micro, dichas prácticas son resultados de ese capital cultural acumulado en materia de elaboración, preparación y uso de los alimentos. En segundo lugar, para garantizar esa soberanía alimentaria, desde un nivel macro, se deben diseñar políticas públicas de alimentación que potencien la producción local, su estabilidad, disponibilidad, acceso a los alimentos y la protección del medio ambiente por todos los grupos sociales.

Al respecto, la soberanía alimentaria abordaría no solo ese derecho de los países, regiones y localidades a desarrollar sus políticas agrícolas, laborales, alimentarias y de tierra de manera ecológica, social, económica y cultural. También incluye el derecho a la producción y a una alimentación inocua, nutritiva y sociocultural, desde la potenciación de los propios activos y recursos que permitan la sostenibilidad alimentaria (Gómez-Trujillo et al., 2016).

La soberanía alimentaria no niega el comercio internacional, más bien defiende la opción de formular aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a disponer de métodos y productos alimentarios inocuos, nutritivos y ecológicamente sustentables. En estos complejos escenarios sociales y económicos, la soberanía y seguridad alimentaria familiar deben potenciar la producción de alimentos a escala local y nacional para reducir la dependencia de importaciones y enfrentar la volatilidad de los precios en el mercado. Cabe citar la necesidad e importancia de la agricultura familiar como forma productiva que se genera en el contexto familiar desde la producción agrícola, constituyéndose en una vía de ingreso económico para ese grupo social.

Específicamente, la seguridad alimentaria a nivel de los hogares se verá afectada, entre otros elementos, por el desempleo (debido al cierre de muchos medios productivos) y los bajos ingresos, generando en muchas familias situaciones de vulnerabilidad social respecto al acceso seguro a los alimentos. Todo ello, puede producir nuevas prácticas simbólicas en relación a la alimentación en estos escenarios económicos y sociales condicionados por la pandemia. Aquí resaltan las normas y hábitos en cuanto al uso y distribución de los alimentos, así como la prioridad en el cuidado a los grupos vulnerables (adultos mayores, niños/as, embarazadas, personas con discapacidad, enfermos, entre otros) a partir de los riesgos por el contagio a la COVID-19.

En este sentido, potenciar relaciones más sólidas entre la soberanía alimentaria y seguridad alimentaria familiar constituye en la actualidad una necesidad para América Latina y el Caribe en medio de la actual crisis sanitaria.

Desde una perspectiva conceptual, la seguridad alimentaria familiar apunta al acceso de todas las personas, en todo tiempo, a cantidades de alimentos suficientes para una vida activa y saludable. Dentro de esta concepción, es válido señalar elementos esenciales como son la disponibilidad, estabilidad y utilización de los alimentos. En el marco de la soberanía alimentaria, alcanzar la integración de estas dimensiones depende de las relaciones que se producen entre el ingreso económico, las brechas de género, posesión de activos y recursos, acceso a estructuras de oportunidades, situaciones de vulnerabilidad social, entre otras.

En el marco de esta soberanía, la seguridad alimentaria familiar requiere fortalecer las redes, vínculos sociales y la estructura de oportunidades, así como los activos y recursos para lograr el acceso a los alimentos a nivel de los hogares. Para ello todos los miembros de la familia deben utilizar sus recursos tangibles e intangibles como: los valores, el capital cultural, saberes y habilidades en función de una producción de alimentos sostenible. Esto último, debe contener el aprendizaje de nuevos conocimientos que contribuyan al logro de una alimentación segura en interacción con la naturaleza. Por ende, la educación ambiental tiene un papel importante en la socialización de normas, prácticas sociales y estilos de vida en torno al acceso, uso, estabilidad y disponibilidad de los alimentos.

Esta educación se identifica como elemento clave en la elaboración e implementación de políticas y acciones encaminadas a la protección ambiental ante los impactos del cambio climático. Dichas transformaciones climáticas son perjudiciales para alcanzar una alimentación sustentable que posibilite a los diversos colectivos poblacionales superar situaciones de vulnerabilidad alimentaria. Por ello es importante avanzar en la creación de una conciencia ambiental que posibilite difundir, divulgar y compartir información confiable para generar nuevos patrones culturales en relación con el medio. Por consiguiente, la educación ambiental establece un diálogo real con las comunidades en función del cambio social ambiental. Esto significa compartir y socializar ideas, conocimientos y saberes donde se involucran individuos, grupos y familias en base a estrategias de educación ambiental.

Metodológicamente, para tratar el tema de la seguridad alimentaria familiar y el desarrollo sostenible en el marco de la educación ambiental se utilizaron técnicas tanto de la metodología cuantitativa como cualitativa. De la primera se empleó un cuestionario aplicado a una muestra de 52 familias para un total de 470 familias que tiene la Comunidad¹⁵ “El Resplandor¹⁶”, ubicada en el municipio II Frente de la provincia Santiago de Cuba (Cuba) (Figura 2).

La elección se efectuó en julio de 2020 sobre la base de las características del muestreo no probabilístico de tipo intencional. Por otra parte, se hizo en difíciles condiciones de falta de movilidad por los efectos de la pandemia Covid 19.

Se eligieron a partir del criterio de que todas las familias de la comunidad se encuentran en riesgo ambiental. Sin embargo, se eligieron las que están expuestas a mayores problemas de infraestructuras, madres solas encargadas del cuidado de grupos vulnerables, así como el limitado acceso a los servicios que giran en torno a la alimentación. Con el objetivo de identificar los factores que inciden en la configuración de la seguridad alimentaria y la educación ambiental de familias en situaciones de vulnerabilidad ante los cambios del medio ambiente.

Este procedimiento se realizó con base en un error muestral del 10 por cien y a un nivel de confianza del 95,57 por cien. Esta elección se efectuó sobre la base de las características del muestreo probabilístico, en especial, el muestreo al azar donde su condición fundamental se expresa en la idea de que todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos para constituir los elementos de la muestra.

En cuanto a la segunda se aplicó la observación científica y la entrevista. Por un lado, la observación científica aplicada propició la recogida de información preliminar sobre el fenómeno de la vulnerabilidad ambiental y las dificultades que presentan las familias en cuanto al acceso, disponibilidad, distribución y estabilidad de los alimentos, mediante el contacto directo con la comunidad objeto de estudio.

Por otro lado, se realizaron 5 entrevistas a informantes claves, entre ellos, al Presidente del Consejos de Vecino, a un médico de la familia, al Presidente de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). El objetivo de esta técnica se ubicó en valorar el nivel de conocimiento que tiene cada una de las personas entrevistadas en relación con el desarrollo sostenible de la comunidad teniendo en cuenta la situación medioambiental de la misma y su incidencia en el acceso, uso, estabilidad y disponibilidad de los alimentos. Por ejemplo, las problemáticas medioambientales existentes, el rol que ocupan los diferentes grupos sociales y organizaciones en torno a la educación ambiental de la comunidad y su impacto en la seguridad alimentaria familiar, la calidad de los servicios brindados en las instalaciones gastronómicas, infraestructura, entre otros elementos.

Para medir la confluencia entre SAF y desarrollo sostenible desde el marco analítico de la educación ambiental, se tomaron como indicadores:

En el estudio también se empleó el nivel matemático– estadístico donde se procesaron los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario. Mediante el paquete estadístico “Statistical Package for Social Science” (SPSS) se llevó a cabo el procesamiento y el registro de los datos en tablas y gráficos. Además, se utilizó el (Excel) como una herramienta adicional para el perfeccionamiento de las tablas y gráficos que habían sido construidos con en el (SPSS).

Lo anterior se evidenció en un estudio empírico realizado en dicha Comunidad respecto a los factores ambientales que configuran el acceso a los alimentos en la interacción familia-entorno.

Las problemáticas medioambientales y de alimentación tienen su base en las condiciones de vulnerabilidad social que experimentan muchas familias, grupos sociales y comunidades. Estas situaciones limitan no solo el desarrollo de una adecuada educación ambiental, sino también el acceso seguro a los alimentos y la posibilidad de alcanzar una vida activa y sana. En este sentido, la presente investigación muestra los resultados obtenidos respecto a la confluencia entre seguridad alimentaria familiar (SAF) y desarrollo sostenible desde el marco analítico de la educación ambiental.

La educación ambiental constituye el medio fundamental para lograr la transformación de actitudes y comportamientos humanos con relación al entorno, toda vez que permite la adquisición de un cúmulo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para accionar sobre los problemas ambientales. Uno de los grandes desafíos en el contexto actual para avanzar hacia ese desarrollo sostenible lo constituye la seguridad alimentaria familiar, pues la producción acelerada y crecimiento desmedido de los países desarrollados sitúa en situaciones de desigualdad y vulnerabilidad alimentaria a individuos, grupos y familias. De ahí la importancia de diseñar políticas públicas más eficientes e inclusivas que posibiliten atender sus necesidades y preferencias alimentarias.

En el caso particular de Cuba, la irrupción de la actual crisis sanitaria ha condicionado los programas que se llevan a cabo en función de cumplimentar la política medioambiental cubana y de seguridad alimentaria. No obstante, este país ha adoptado medidas en función de reducir los efectos negativos de esta pandemia, dirigidas principalmente a disminuir los impactos del cambio climático y brindarle apoyo a los grupos y familias en situaciones de vulnerabilidad alimentaria. Específicamente en la comunidad estudiada, estos elementos (educación ambiental, desarrollo sostenible y seguridad alimentaria familiar) tienen estrechos vínculos expresados no solo en la Agenda 2030, sino también en las prácticas alimentarias, normas, significados y vulnerabilidad ambiental que presenta la comunidad “El Resplandor” en Santiago de Cuba.

En suma, los resultados obtenidos evidencian que esta educación debe direccionarse hacia la participación y cooperación consciente de los actores sociales involucrados en el proceso de protección y conservación del medio ambiente, en función de alcanzar el desarrollo sostenible de la localidad. Asimismo, muestran que los nexos entre la seguridad alimentaria familiar y la educación ambiental están influidos por prácticas sociales que constituyen desafíos importantes para los diferentes ciudadanos, grupos y familias en el contexto comunitario.