•La primera fue la de Acuerdos previos, en la cual se elaboró y aprobó el “Protocolo” para la implementación del proceso de consulta indígena y consentimiento, previa, libre e informada sobre la modificación del Decreto que establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo en la zona conocida como Valle de Oaxaca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 1967.

•La segunda fase fue la “Informativa”, a cargo de la CONAGUA; inició el 23 de septiembre de 2015 y concluyó el 2 de abril de 2016. Se realizaron 16 Asambleas en las comunidades demandantes, donde la CONAGUA tenía la obligación de informar en un lenguaje comprensible para los campesinos sobre el Decreto de veda de 1967 y principalmente sobre el estado del acuífero y de la cuenca, así como la legislación vigente sobre el agua en México. También participó la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) para dar la información sobre el proceso de Consulta y derechos indígenas.

•La tercera fase fue la “Deliberativa” a cargo de los pueblos y acompañados por sus asesores académicos y de organizaciones civiles. Se desarrolló de marzo a noviembre de 2016. Se realizaron 32 Asambleas, coordinadas por las autoridades agrarias, municipales y por CDIFC, con el grupo de asesores: el Instituto Politécnico Nacional a través del grupo de trabajo de geohidrología del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca, la Universidad Autónoma Metropolitana, Extensión Iztapalapa, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Unidad Pacífico-Sur y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es importante señalar que durante la veda electoral se suspendieron las actividades de la consulta, ya que en Oaxaca hubo elecciones para gobernador del estado en julio de 2016. En esta fase, se construyó la propuesta desde los pueblos para la gestión comunitaria del agua.

•La cuarta fase es la propiamente “Consultiva” e inició el 8 de febrero de 2017. La CONAGUA regresó a las comunidades con todos los actores participantes en la consulta. Se acordó que se desarrollaría a través de asambleas con una mesa de diálogo entre la comisión negociadora nombrada por la COPUDA y la CONAGUA, la cual ha estado organizada por una comisión moderadora integrada por personas propuestas por ambas partes. En esta primera asamblea, la COPUDA entregó su propuesta de gestión comunitaria.

El 29 de marzo de 2017, la CONAGUA presentó una contrapropuesta en versión preliminar. El 24 de mayo, la CONAGUA entregó su respuesta a la propuesta de la COPUDA sobre el levantamiento del Decreto de Veda de 1967, y propuso establecer Zona Reglamentada en 16 acuíferos. El 24 de enero de 2018 la COPUDA entregó la propuesta de Zona Reglamentada Comunitaria e Indígena en la micro región Xnizaa, que en zapoteco significa “Nuestra agua”. El 16 de febrero de 2018, la CONAGUA entregó la propuesta para establecer Zona Reglamentada en el acuífero de Valles Centrales.

En 2018 hubo sucesos que detuvieron el desarrollo de la consulta. Por un lado, la veda electoral para las elecciones federales en julio. Por otro lado, la firma de diez decretos presidenciales en que se elimina la veda en más de 300 cuencas hidrológicas del país, y se declaran zonas de reservas parcial de aguas nacionales superficiales para la conservación ecológica. Durante este año, la COPUDA con otras organizaciones que han fungido como observadores, denunciaron las inconsistencias y violaciones al proceso de consulta.

Las principales violaciones han sido dos: la primera son los condicionamientos por parte de la Comisión Federal de Electricidad para solicitar la concesión individual para ser beneficiario de la tarifa 09 CU. La segunda son los incumplimientos a acuerdos sobre el proceso de consulta en cuanto a que la CONAGUA, como responsable del proceso, no se asegura de que la convocatoria a reuniones estuviera a tiempo, ni se coordinara con las autoridades comunitarias para garantizar la logística,y tampoco asume la totalidad de los costes.

Después del cambio de la administración federal, el 26 de enero de 2019 se retomó el proceso de consulta con la primera mesa de trabajo en que la COPUDA insiste en una zona reglamentada comunitaria e indígena sólo para la microrregión que conforman los pueblos que integran la COPUDA. Proponen un plan de manejo integral comunitario para la conservación de las obras de recarga; un Reglamento comunitario de acuerdo a los sistemas normativos, y que el órgano rector sean las autoridades comunitarias. La segunda mesa de trabajo fue el 6 de febrero, donde se discutió el volumen de agua que podría ser concesionada a cada comunidad que integra la COPUDA. El 20 de febrero se realizó la tercera mesa de trabajo, en que la COPUDA hizo el planteamiento de la cantidad de agua que requieren por hectárea de siembra. Se acordó que la CONAGUA la evaluaría, y entregaría en la siguiente reunión el estado de las concesiones en la microrregión.

Al cierre de este trabajo, las mesas de trabajo de la fase consultiva continúan.

•Cuando se llegue a acuerdos finales, se iniciaría la última fase de la consulta: “Ejecución y seguimiento de los acuerdos”.

MARCO TEÓRICO: HORIZONTES INTERIORES Y CAPTURAS

En la lucha social, la tensión central está entre lo que impulsa y motiva la movilización y los obstáculos que enfrenta y que opone el poder. Para nuestro análisis, seguimos a Gutiérrez¹⁰ en la noción de horizontes interiores para describir los deseos que se producen, se abren y se consolidan durante los momentos más intensos de los tiempos extraordinarios¹¹ de la lucha social. Estos horizontes interiores, también nombrados por la autora como horizontes de deseo, u horizontes de sentido, informan sobre la capacidad colectiva de dar sentido a la acción de los movilizados. Ayudan a entender la manera, a veces implícita y oscura, en que se expresan los deseos colectivos; muestran cómo brota la imaginación común y las perspectivas de lo que en conjunto se proponen conseguir.

El sentido colectivo de las acciones de los movilizados se establece en el horizonte interior¹². A partir de esta noción, se pueden explorar los sentidos que los sujetos en lucha dotan a sus acciones. Es decir, el análisis de la construcción de los horizontes interiores permite comprender qué buscan, qué demandan, qué desean a través de la movilización social. En ellos, suelen decantar recuerdos de otros momentos que alumbran la comprensión del presente. La memoria abre paso a una política de defensa de los bienes naturales como puntos de encuentro: la tierra, el agua, que representan bienes sustantivos para la reproducción de la vida en comunidades indígenas y rurales.

En este sentido, las luchas socioambientales por la defensa del territorio, por los bienes naturales, han construido espacios para la reflexión, para la circulación de la palabra, en la cual han podido verbalizar la ira, compartir el dolor y sobre todo producir en común la clara comprensión del despojo que está de tras de los proyectos extractivistas. A través de la puesta en diálogo de las ideas, dudas, experiencias y diversos saberes, los sujetos de lucha han encontrado en sus recuerdos, un potente dispositivo para la resistencia y para la prefiguración de un orden alternativo al dominante¹³.

Los recuerdos emergen principalmente en la crisis, en los tiempos extraordinarios¹⁴, en los momentos en que se despliega el antagonismo social contra las imposiciones de la dominación capitalista. Representan un saber sensible, una sabiduría depositada en el corazón, que emerge en los momentos de peligro, como el relámpago bejaminiano¹⁵, que ilumina y muestra lo que la oscuridad ocultaba. La potencia de recordar¹⁶ alimenta los horizontes interiores de la lucha social; provee las imágenes en que los movilizados se inspiran para forjar sus deseos.

Uno de los elementos más importantes para construir el horizonte interior de la lucha social es el lugar, es decir, el territorio donde se mora. La percepción social del paisaje de una época representa una fuerza social, que no sólo refleja el estilo de la sociedad, sino que refuerza y conforma su sentido de la realidad. La percepción social del espacio habitado afirma las creencias y certidumbres de los sujetos; es una afirmación vital; otorga seguridad y arraigo. Illich¹⁷ vincula su sentido con el de morar, es decir, implica la posibilidad de dejar huella en el lugar habitado; ahí se puede rastrear la vida de los ancestros, conectar con quienes nos precedieron y posibilitaron nuestro vivir en ese espacio. La morada es el lugar en que se pueden indagar los saberes de nuestros antecesores, de sus formas de vida y de lucha. Entonces, la percepción social del territorio es una fuente que enriquece los horizontes interiores de la lucha.

En contra de tales horizontes de sentido de la lucha, la dominación capitalista despliega acciones que discurren a modo de “captura”; es decir, que pretenden obstaculizar y detener la movilización social. La captura en su primera acepción en el diccionario¹⁸ señala apresar o hacer prisionero a alguien, especialmente a un delincuente. Es decir, la palabra tiene una carga semántica negativa hacia quien ha infringido la ley. En este estudio, se emplea la captura como una categoría analítica para comprender las formas desplegadas desde el poder para detener, desviar y cercar el cauce de un proceso de lucha social.

La captura tiene implicaciones en tres niveles: el primero es el nivel semántico, en el lenguaje en que se expresan las demandas de los movilizados; esto es, en el lenguaje hay una lucha y disputa por los significados de lo que constituyen los horizontes interiores que busca el movimiento social. La captura semántica implica minimizar las demandas, banalizarlas, hasta devaluarlas: mostrarlas sin importancia en relación con las acciones de protesta de la lucha. El segundo nivel es el organizativo, se expresa en las repercusiones al interior del grupo movilizado al desplazar o diluir sus exigencias y crear conflictos. El tercer nivel es el político cuando se evidencia en el retraso de respuestas concretas a las demandas, o bien a su desvío: no responder a las peticiones, sino ofrecer salidas que no atienden el asunto central de las demandas. Esto es, propiamente la captura de los horizontes de la lucha social.

De acuerdo con OXFAM Internacional¹⁹, la captura del Estado es el ejercicio de influencia abusiva por parte de élites económicas y políticas, para que las leyes y los gobiernos funcionen de acuerdo a sus intereses y prioridades, y en detrimento del interés general de la población. Esta perspectiva concuerda con Mazcorro-Téllez y Rodríguez-Perego²⁰, para quienes los mecanismos de captura del Estado suponen coerción o arreglos de mediano y largo plazos, donde los agentes públicos actúan en beneficio de intereses privados. En este trabajo, no abordamos la relación entre la actuación del Estado en relación con los intereses privados porque no encontramos evidencia de este vínculo para el caso de estudio de la lucha de la COPUDA. Asumimos que el Estado no es un actor equiparable a los movimientos sociales, que claramente tiene poder y recursos que operará para el logro de sus objetivos. Por esto, analizamos los discursos y las acciones del Estado a través de sus instituciones en relación con los campesinos de la COPUDA.

Nuestro estudio parte de la producción de sentido manifiesta en el lenguaje y en los actos de los sujetos en lucha; esto es, desde la construcción de los horizontes interiores, y se analizan las capturas en las formas desplegadas desde el poder para cercar y atrapar tales horizontes de sentido. De esta manera, también se examinan las creativas respuestas de los sujetos en lucha para ir más allá de los efectos de las capturas: semántica, organizativa y política.

CAPTURAS SEMÁNTICA, ORGANIZATIVA Y POLÍTICA

Hay una disputa en el lenguaje por el sentido. Para construir nuestra noción operativa de captura, partimos de una reflexión lingüística. La lengua es plural; los hablantes nos expresamos en ella. Es una herramienta útil en tanto usamos palabras que logran expresar nuestras ideas, nuestros deseos. Sin embargo, también la palabra puede ocultar, oscurecer o desviar el significado que el hablante quiere manifestar. Es la tensión de sentido en el lenguaje. Tanto los horizontes interiores de la lucha como las capturas semánticas operan en el sentido que cobran las palabras.

Illich²¹, propone una distinción muy fértil entre el habla vernácula y las palabras clave. Evidencia entre ellas no sólo diferencias y jerarquías, sino tensiones, que pueden trascender el nivel semántico. Las palabras vernáculas nacen en los ámbitos de comunidad, se adquieren progresivamente por interacción con las personas que expresan lo que piensan. En tanto que las palabras clave logran reprimir el habla vernácula, asumen la apariencia de sentido común en los idiomas de la era industrial; la realidad que traducen es básicamente la misma en cualquier parte.

El proceso de reducción a unidad explica la existencia de las palabras clave. Los sentidos vernáculos de las palabras vivas exponen la vitalidad lingüística que genera sentido para el hablante, no obstante, en aras de la homogeneidad, el habla vernácula está siendo invadida por las palabras clave. Emplear palabras como desarrollo, progreso, comunicación implica reducir a un sentido común predominante traducible a cualquier idioma, que desplaza el sentido local, singular, con matices particulares de la comunidad.

De acuerdo con Pörksen²², la universalidad crea en la sociedad un cambio hacia la uniformidad. Para este autor, lo vernáculo podría describirse como un lenguaje con horizontes, limitados localmente; escuchas a una persona concreta, que usa gestos y tiene un tono particular en la voz; en tanto que las palabras plásticas no se combinan con gestos, ni guardan ningún toque personal; son higiénicas, estériles, universales. Por esto, existe el peligro de que las palabras clave o plásticas sean empleadas como herramienta social desde el poder para eliminar la vitalidad vernácula de la lengua, para desplazar la diversidad de la comunidad por la homogeneidad, por la reducción a unidad. Aquí opera la captura semántica de los sentidos vernáculos.

En este sentido, siguiendo a Gutiérrez²³, la captura intenta detener, desactivar y controlar los horizontes interiores que emergen en los momentos extraordinarios de la lucha social (Figura 2). En el terreno del lenguaje, se advierte principalmente en la banalización y devaluación de las exigencias y argumentos, que los sujetos en lucha van produciendo. Estos horizontes interiores impulsan acciones de organización; ponen en acto el deseo. Por ejemplo, en el caso de la COPUDA, el horizonte de deseo es tener agua, recuperar el nivel de sus pozos; este deseo impulsa la organización de los campesinos para conformar comités en cada pueblo para realizar las obras de captación de agua de lluvia.

Figura 2. Peligros de la lucha mirando hacia arriba

Fuente: Elabaoración propia, a partir de Gutiérrez, 2010.

Estas acciones están mostrando no sólo la capacidad organizativa, sino la política. Siguiendo a Echeverría²⁴, lo político es una capacidad humana, que implica enfrentar colectivamente el problema común; producir una solución, una respuesta a aquello que aqueja a la comunidad. Por esto, hay un continuo entre el despliegue del antagonismo que pasa de la palabra a la acción y a su reflexión en que se concreta esta capacidad política.

De aquí que la captura semántica implica el ataque a los sentidos, a los significados producidos en los horizontes interiores de la lucha. Sin embargo, la captura semántica que parte de la dilución, banalización, devaluación y desplazamiento que sufren los deseos de los movilizados, tiene implicaciones a nivel organizativo. La captura organizativa se advierte en los efectos en los movilizados, en quienes puede provocar desánimo, desorientación, desorganización, fracturas, divisiones en los movilizados. Esta captura a nivel organizativo influirá en las maneras en que la lucha tomará curso.

La captura organizativa puede tener repercusiones en el nivel político. Cuando los sujetos en lucha se han desorganizado, se complica el curso de las acciones propuestas desviándolo o retrasándolo. Es un momento de fragilidad para el movimiento social, por ello, afecta el nivel político: impide que las acciones de lucha lleguen a tener el impacto buscado, y con ello, minar las posibilidades de intervención en el proceso. Es decir, limitar su participación e incidencia en el problema común. Esta es la captura política.

El ataque a las capacidades políticas se vuelve, a la vez, otro punto de arranque para los movilizados. Prepara el nuevo despliegue de la creatividad. En este sentido, también nos permite observar el potencial creativo en las respuestas a las capturas, que se van desplegando en la lucha para enfrentar los límites que trata de imponer el poder. Es decir, las respuestas de los movilizados desbordan las capturas: su novedad va más allá de ellas.

EL DERECHO A LA CONSULTA: APUESTA Y LÍMITES

El Convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) es el principal instrumento internacional con carácter vinculante sobre pueblos indígenas. El Convenio asume los derechos colectivos frente a los individuales; por ello, el sujeto de derecho es el pueblo indígena definido por su origen histórico y persistencia de todas o parte de sus instituciones sociales, culturales y políticas, y acepta la autoidentificación. La ratificación de los estados que lo han firmado implica la obligación de cumplir todas sus disposiciones.

El artículo 3 del convenio señala:

“Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos”²⁵.

Asimismo, el artículo 6 expone el deber de consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevén medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. También el artículo 15 estipula que en el caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

En la legislación mexicana, el artículo 16 de la Constitución²⁶ reconoce a los pueblos indígenas una serie de derechos, entre ellos:

“sus formas de organización social, política y de gobierno, sus sistemas normativos internos, la jurisdicción que tendrán en sus territorios, el acceso a los recursos naturales de sus tierras y territorios, su participación en el quehacer educativo y los planes y programas de desarrollo, sus formas de expresión religiosa y artística, la protección de las mismas y de su acervo cultural y en general para todos los elementos que configuren su identidad”.

La Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca²⁷ contiene varias disposiciones referidas al derecho de la autonomía. El artículo 3, fracción IV, dice:

“Es la expresión de libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas como partes integrantes del estado de Oaxaca, en consonancia con el orden jurídico vigente, para adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas propias relacionadas con su cosmovisión, territorio indígena, tierra, recursos naturales, organización sociopolítica, administración de justicia, educación, lenguaje, salud y cultura”.

En papel suena muy bien el trato que deben recibir los pueblos indígenas, sin embargo, la aplicación real dista mucho y expone sus límites. México, al suscribir el Convenio 169 de la OIT en 1990, se obligó a respetarlos a nivel de la Constitución, no obstante, en el terreno legal se despliegan estrategias a nivel estatal que le han permitido evadirlos. Por ejemplo, el caso de la Tribu Yaqui respecto al Acueducto Independencia.

En México en 2010, el Estado mexicano impulsó la construcción y operación del proyecto “Acueducto Independencia”: una obra de toma en la presa “El Novillo”, una estación de bombeo, un acueducto de acero para la distribución de agua nacional y una línea de transmisión eléctrica. En 2011, la Tribu Yaqui reclamó su derecho a ser previamente consultado para lograr su consentimiento. En 2013, se ordenó la realización de la consulta. Lamentablemente a la fecha el acueducto sigue operando y la consulta se encuentra suspendida²⁸. A pesar de que los Yaqui ganaron el amparo en contra de la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), con lo cual se debería suspender la construcción del Acueducto, de acuerdo con fuentes oficiales²⁹, el gobierno del estado de Sonora se mostró en abierto desacato, argumentando que la resolución no es en su contra, por lo que la obra no se suspendería.

Acudir a las leyes en un estado de derecho, bajo el discurso estatal, resulta una vía de lucha que los movimientos socioambientales están siguiendo como una estrategia de resistencia ante los embates del capital. Es necesaria la denuncia de las atrocidades que día a día vemos ante nuestros ojos, sin embargo, este camino recorre un sinfín de peligros reales por el despliegue de un repertorio de estrategias de dominación³⁰, que parten de la producción de legalidad institucional, donde el Estado gesta un nuevo andamiaje jurídico y administrativo que otorga respaldo y coherencia institucional a las transformaciones económicas, sociales y políticas impuestas por las necesidades dinámicas de la acumulación capitalista.

En definitiva, se trata de legitimar bajo el argumento de la “utilidad pública” los requerimientos estructurales para la valorización del capital apelando a la representación del Estado como una instancia separada, autónoma y neutral de la lógica económica³¹. Es así como el Estado, en su aparente búsqueda por garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, despliega una legalidad que en nombre de la igualdad jurídica favorece a los poderosos, consagrando legalmente el despojo y manteniendo la desigualdad.

En este sentido, existen leyes que se han tenido que modificar para producir este andamiaje jurídico que legitima el despojo. Por ejemplo, para el caso de la minería, fue necesario modificar la Ley Minera de 1992 y sus reformas subsecuentes en 1996, 2007, 2013, 2014, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 y la Ley de Inversión Extranjera Directa en 1996³². Estas adecuaciones legislativas flexibilizan los requisitos para el inicio de este tipo de proyectos, disminuyen la cantidad de permisos para explorar y explotar minerales, además de acortar los plazos de creación de empresas.

En este contexto, también existen debates en el ámbito legal que cuestionan cuál es el sentido y propósito principales del derecho a la consulta. Una crítica severa a la consulta, la más álgida de acuerdo con Gómez³³, es su orientación a la construcción de acuerdos porque parece eliminar la posibilidad de que la consulta no concluya con un acuerdo, con el consentimiento de un pueblo para que el Estado, de manera directa o a través de una concesión, realice un determinado proyecto, defina una política pública, o bien, se emita determinada legislación. En ese caso, se dice de parte del Estado que la consulta no entraña un derecho de veto. Es decir, que el fin último de la consulta no puede ser una negativa al proyecto a implementar, sino que necesariamente debe producir un acuerdo.

Un peligro del derecho a la consulta es que quede simplemente en un derecho al debido procedimiento, dejando de lado los derechos sustantivos de los pueblos indígenas para quedar envueltos en los detalles de establecer los términos específicos en que debe aplicarse procedimentalmente la consulta. En este sentido, Gómez³⁴ señala que los grandes debates nacionales e internacionales se dieron sobre la fundamentación de los derechos colectivos, el concepto de pueblo indígena, el derecho al territorio, a la libre determinación y a la autonomía, derivado de ellos el derecho a los recursos naturales en sus tierras y territorios; por ello se cuestiona porqué se ha centrado la atención en el derecho a la consulta desplazando los derechos sustantivos. Cuando un Estado viola el derecho a la consulta, que es un derecho adjetivo, implícitamente también está violando un derecho sustantivo al territorio, a la autonomía y a la libre determinación.

METODOLOGÍA

El análisis de los horizontes interiores, las capturas semánticas, organizativas y políticas, así como las creativas maneras de subvertirlas por parte de los sujetos en lucha se realizó principalmente durante el acompañamiento del proceso de consulta indígena como parte del grupo de asesores académicos de la COPUDA desde 2013. Este acompañamiento al proceso implica la observación directa³⁵ de los encuentros entre los campesinos y los funcionarios de la CONAGUA. También la observación participante³⁶ cuando me solicitaron diferentes intervenciones a nivel informativo, explicativo y expositivo en las asambleas y foros. Por ello, las observaciones se sistematizaron a través del diario de campo³⁷ y fueron la fuente para el análisis de las capturas y las respuestas a ellas.

Las actividades del acompañamiento fueron las dieciséis asambleas de la fase informativa, las treinta y dos de la deliberativa, la impartición de los tres talleres sobre aguas subterráneas y manejo integrado de cuencas dirigidos a autoridades y miembros de las comunidades de la COPUDA, rituales y foros para conmemorar el día mundial del agua (22 de marzo) y el día mundial del medio ambiente (5 de junio). También se hizo el seguimiento documental de la lucha de la COPUDA y se hicieron cinco entrevistas a profundidad a miembros de la COPUDA y de CDIFyC para conversar en torno a los encuentros con la CONAGUA y verificar el análisis.

Los significados se crean en procesos de reflexión entre las personas, en el circular de sus palabras. De aquí, que también empleamos como herramienta metodológica el análisis del discurso³⁸. Es una perspectiva de investigación, que inició con la lingüística crítica y está orientada hacia el lenguaje. Analiza los rasgos del discurso en el contexto: estructura que involucra todas las propiedades o atributos de la situación social relevantes en la producción y comprensión del discurso para profundizar en el sentido que se crea en cada acto de habla³⁹.

El diálogo establece la relación entre lenguaje, interacción y transformación social. En lo dicho, se funde el discurso individual y el colectivo; exponen su profunda relación⁴⁰. En este sentido, en la investigación presente se analizó el discurso a través de los diálogos establecidos con los campesinos de la COPUDA, cuyos reportes verbales crean significados, los cuales han sido interpretados a la luz de la producción de los horizontes interiores, sus capturas y las respuestas a ellas en apego estricto al texto, al mensaje emitido por el informante. El análisis del discurso como recurso de análisis se apega a la cultura propia de la comunidad.

RESULTADOS

En este apartado, se exponen las principales capturas en diferentes niveles desplegadas desde el poder en el proceso de consulta indígena a la COPUDA. También se examinan las creativas formas de respuesta e interpelaciones de los campesinos en que se desbordan estas capturas. Asimismo, se analizan los retos que se abren para esta lucha y los nuevos caminos que están emprendiendo “desde abajo” para continuar su lucha por el agua.

Minimizaciones

El primer tema que la CONAGUA a través de un ingeniero abordaba en las reuniones informativas era el ciclo hidrológico. En la reunión en Santiago Apóstol, una campesina lo detuvo diciendo que se notaba claramente cómo el gobierno ve a los campesinos, que los trataban como si fueran unos verdaderos ignorantes, que cómo no iban a saber que el agua se evapora, forma nubes y llueve; que así es cómo escurre el agua en la tierra. Aseveró: “Eso lo sabemos mejor nosotros que ustedes porque estamos en el campo y sabemos cuándo lloverá o no. Además, llueve si Dios quiere, si no, no”. Exigió que hablaran de lo importante, de lo que encubrían: “…si lo que quieren es dar el agua a la minera de San José del Progreso, pues ¡dígalo!”.

En este caso, se advierte claramente la captura y el desborde. El objetivo de la consulta, de acuerdo a la sentencia legal, es analizar si el Decreto de veda de 1967 afecta los derechos territoriales de los pueblos zapotecas de Valles Centrales. Para los campesinos, presentar aspectos tan generales, como el ciclo hidrológico es una manera de minimizar y desplazar el tema central: explicar por qué los campesinos no pueden acceder al agua de su territorio sin una concesión porqué el agua está en veda.

Los campesinos no aceptan el lugar en que los quieren colocar los discursos de la CONAGUA. Niegan ese lugar pasivo o sólo receptivo de la información. No están mirando “hacia arriba” al gobierno; lo están mirando de una forma mucho más horizontal: exigen respeto e información sobre el uso del agua en su región, donde está una minera. Exigen que se les explique cuál es el propósito de la veda: ¿privar a los campesinos del agua para reservarla para la minería? En estas expresiones, se evidencian las tensiones entre los intentos de captura y las respuestas prontas y firmes de los sujetos en lucha, en las cuales vuelven a exponer, reiterar o reformular con más precisión los horizontes interiores que los animan.

Un aspecto central para que emerjan los horizontes de deseo de los campesinos es el lugar en que se desarrolla la consulta. Las asambleas se han realizado en las comunidades, es decir, en su territorio. Ahí, los campesinos se guían por sus reglas deliberativas. Por generaciones, han realizado el ejercicio de discutir los asuntos propios. En estos pueblos zapotecas, en la asamblea se discute con libertad y fuerza, por ello se afirma: “aquí la asamblea manda.”

Vacío de autoridad

Dentro de las exposiciones de la CONAGUA, se mencionaban los años de sequía en la región y que actualmente aquella situación había sido superada sin dar reconocimiento a las acciones de la COPUDA para captar agua. Enseguida venía el reclamo por parte de los campesinos sobre qué es lo que ha hecho la CONAGUA para remediar ese problema. Los campesinos aprovechaban para señalarle que ellos sí habían enfrentado la escases de agua. Enfatizaban que ellos, sin ingenieros, habían hecho pozos de absorción, ollas, retenes, que habían “sembrado agua” y que no era posible que la CONAGUA vinieran ahora a decir que sí hay agua, como si ellos hubieran hecho algo para resolver el problema.

Los discursos de la CONAGUA diluyen, minimizan, oscurecen e invisibilizan las obras de captación que los campesinos por propia iniciativa realizaron para “sembrar agua” y que años después cosechan, y lo constatan en que el espejo de agua de sus pozos haya subido. Este es un intento de captura; sin embargo, es desbordado por las palabras de los campesinos, que muestran nuevamente que no permitirán que les expropien sus acciones y exigen al gobierno su reconocimiento. De esta manera, se expone el sentido de la autoridad en los pueblos zapotecas: el trabajo otorga prestigio y calidad moral. Los campesinos señalan la falta de autoridad de la CONAGUA por su ausencia en los momentos más difíciles en 2002 cuando realmente carecieron de agua.

Razón de la veda

Otra devaluación, dilución y banalización que la CONAGUA obraba fue en la demanda de los campesinos por las razones justificativas de la veda de 1967. Omitía señalar cuál era la causa de tal decreto; era un decreto presidencial y no tenía discusión. Los campesinos insistían en que explicara por qué en ese año se decretó la veda, en qué se basó el gobierno para decretarla. Los campesinos argumentaban que en aquellos años había abundancia de agua. Recurrieron a la potencia de recordar⁴¹. Recordaba que había Ciénegas, que regaban con cántaros porque el agua estaba a flor de suelo, que había peces y ranas que comían. Argumentaban la abundancia de agua justo en los años en que el gobierno federal decreta la veda; ante esto, la CONAGUA era incapaz de contestar y sólo respondieron los funcionarios que no existen los estudios técnicos que justifiquen la veda, pero que la veda fue decretada y está vigente.

Minería

En las Asambleas informativas, constantemente el tema de la minería era señalado por los campesinos, pero la CONAGUA trataba de minimizarlo, evadirlo, banalizarlo, diluirlo. Llegó a decir que la minería no era tema de la consulta, que no afectaba ni a la cuenca, ni al acuífero, que incluso no tenían concesiones otorgadas a la minera Cuzcatlán, la cual se encuentra en San José del Progreso, Ocotlán, dentro de la región de Valles Centrales y muy cercana a los pueblos de la COPUDA. Este argumento nunca fue aceptado por los campesinos.

El tema de agua y minería es un claro ejemplo de desplazamiento por parte de gobierno porque efectivamente no hay concesiones a la minera porque no las requiere. Es decir, en la legislación minera, las concesiones para explotación de minerales otorgan el permiso de usar las aguas que se encuentren dentro de la extensión territorial concesionada para actividades de extracción de minerales⁴². Sin embargo, el tema no quedó concluido porque la COPUDA recientemente ha participado en alianzas contra la expansión del proyecto minero en San José del Progreso⁴³.

Desprecio

En una reunión informativa, el presidente de la COPUDA, un campesino de San Antonino Castillo Velasco, solicitó por escrito los estudios geohidrológicos sobre la cuenca y acuífero de Valles Centrales, por consejo del grupo asesor técnico. Esta petición tenía por propósito saber qué información técnica tiene la CONAGUA. De acuerdo al protocolo, toda comunicación debe ser por escrito, por ello, en una asamblea informativa entregó la petición. Al término de la reunión, el funcionario de la CONAGUA, le dijo al presidente de la COPUDA: “Oye⁴⁴, ¿tú para qué quieres esta información, si ni siquiera la vas a entender?” Este respondió: “Pues veremos, si yo no la entiendo, tengo un grupo de asesores que son técnicos y que sí la entienden. Total, es tu obligación entregarla.”

En este encuentro, se expone una de las capturas semánticas más significativas. La actitud del titular de la CONAGUA es claramente una banalización y devaluación de la palabra, de la demanda de la COPUDA. La petición de información de un campesino, aunque ostente un cargo de representación colectiva y sea realizada en la formalidad del proceso de consulta, es banal, insignificante y sin valor. No sólo es una actitud de menosprecio que da cuenta del racismo institucional⁴⁵, sino que tiene claro un propósito: obstaculizar el curso de la consulta. Además de que este hecho va totalmente en contra de uno de los requisitos más importantes de la Consulta: la información debe ser clara, suficiente e inteligible para las personas que serán consultadas, en este caso, los campesinos zapotecos.

Sin embargo, este intento de captura se enfrenta a la rápida respuesta del campesino. Desde el decir del funcionario de gobierno, se establece topológicamente dos lugares diferenciados: éste se coloca en un lugar superior por vía del saber técnico sobre el agua, y a la vez, coloca al campesino en un lugar inferior por su ignorancia del tema. No obstante, no acepta ese lugar degrado en que lo quiere colocar el funcionario federal; recurre al respaldo en la asesoría técnica de los académicos, y al señalamiento de las obligaciones de un servidor público del gobierno. Este es un ejemplo patente de que es posible la subversión de las capturas.

Vocabulario técnico

El vocabulario técnico empleado por la CONAGUA con los campesinos en las asambleas informativas ha sido un freno para establecer la comunicación eficaz con los campesinos. Esto opera como captura que coloca al campesino como ignorante de la ciencia geohidrológica, necesaria para tomar las decisiones más adecuadas para proponer soluciones al problema del agua.

En este sentido, los excluye de la participación en la producción de propuestas de solución, es decir, no dominar la técnica, los coloca en un lugar de desconocimiento, y, por tanto, se minimizan sus opiniones. Ante esto, los campesinos han demostrado en los hechos que conocen el territorio, sus suelos, el clima, y a partir de estos saberes vernáculos han podido realizar las obras de captación de agua para cuidar el acuífero. Aunque no conozcan la nomenclatura técnica, han sabido cómo proponer alternativas viables para la atención al problema de la falta de agua.

Para enfrentar este problema, la COPUDA y CDIFyC pensaron en una estrategia para superar esta captura. Solicitaron a sus asesores técnicos del IPN la impartición de tres talleres sobre aguas subterráneas y manejo integrado de cuencas, donde se explicó la diferencia entre cuenca, acuífero, microcuenca, y conceptos técnicos como piezometría, cono de abatimiento, precipitación pluvial. Tras esta experiencia, los campesinos cobraron seguridad para continuar el proceso de consulta. En acciones como estas, también se subvierten las capturas.

Persuasión

Los campesinos de la COPUDA han sostenido el rechazo a tramitar las concesiones individuales; por esto, uno de los acuerdos para el buen desarrollo de la consulta fue que se suspendería solicitar la concesión como requisito para ser beneficiario de la tarifa eléctrica 09 CU para uso agrícola. Sin embargo, este acuerdo no se ha respetado porque reciben cobros de luz con la tarifa normal sin subsidio. Además, los funcionarios de la CONAGUA han ofrecido facilitar los trámites de las concesiones vencidas a los campesinos durante el proceso de consulta, lo cual representa una forma de persuasión que tiene efectos negativos para la COPUDA.

Este ofrecimiento de la CONAGUA constituye una captura organizativa porque busca provocar la división entre los campesinos, que están cansados de más de diez años de lucha y de seguir recibiendo altos cobros por la energía eléctrica para el uso de sus bombas de agua. Algunos campesinos han expresado que prefieren iniciar el trámite de la concesión para acceder a la tarifa de luz preferente, pero esto causa divisiones, ya que otros insisten en demandar que se cumpla el acuerdo de que no se exija la concesión a los campesinos de los pueblos que están participando en la consulta. Aquí se muestra con evidencia lo que implica la captura organizativa por parte del poder, ya que debilita la unión de los sujetos en lucha.

La captura organizativa es posible por el poder del Estado, que cuenta con el entramado administrativo para vincular programas de apoyos para el trabajo agrícola con requisitos que necesariamente someten a los beneficiarios para cubrir tales requerimientos. En este caso, las concesiones de agua vigentes son indispensables para acceder a tarifas menores por la energía eléctrica. También las concesiones son requisito para solicitar apoyos para campesinos en otras dependencias de gobierno.

Superar esta captura constituye uno de los retos más importantes. Contra esta captura, vuelve a desplegarse un renovado horizonte de lucha. En una reunión de la fase deliberativa, una mujer se dirigió a la Asamblea para señalar justamente el poco valor real que tienen las concesiones: “El agua es lo principal en esta lucha, ¿de qué nos sirven las concesiones?, si sólo son papel, ¿de qué sirven?, si nos quedamos sin agua. Aunque tengamos la concesión vigente, ¿apoco la vamos a exprimir y sacar agua? ¿Apoco creen que la CONAGUA nos traerá agua de otro lado sólo por la concesión? La respuesta de la Asamblea fue unánime: No. En la producción de nuevas reflexiones en espacios deliberativos y ante los problemas organizativos que causó la persuasión de la CONAGUA para el trámite de las concesiones, se gestan los renovados deseos de los campesinos que buscan subvertir el daño de las capturas.

Alargamiento del proceso

Una de las capturas más importantes ha sido el alargamiento del proceso de consulta, que lleva ya cuatro años, como se describió arriba. Este tiempo ha cansado a muchos campesinos, y tiene por consecuencia la disminución del número de compañeros que asisten a las asambleas. Este aspecto se vincula con las persuasiones expuestas en el apartado anterior. La dilación en el proceso de consulta da por resultado la indiferencia de algunos sectores de las comunidades que empiezan a pensar en que la lucha por el agua es sólo de “los campesinos que tienen pozos”. Estas dilaciones proceden como una captura organizativa y política porque crea apatía en unos y cansancio en otros. Esto representa un reto muy serio para la lucha de la COPUDA.

Con el propósito de superar este problema, la COPUDA emprendió dos acciones. La primera fue enfatizar la convocatoria en la fase deliberativa para llegar a toda la población, a través del involucramiento de las autoridades agrarias, ya sea comunales y ejidales, las municipales y los comités de riego y agua potable, así como otros grupos organizados de la comunidad. En este sentido, poder acercarse al resto del pueblo para hacerles ver que el agua no es asunto privativo de los campesinos con pozos, sino de todos. La segunda fue insistir en que los compañeros que hayan decidido tramitar su concesión no están fuera de la consulta, es decir, se intenta superar la separación, y que continúen participando en el proceso de consulta. Estas acciones están encaminadas a subvertir esta captura.

Nuevos caminos desde abajo

A pesar de las dificultades del proceso de consulta, los campesinos siguen produciendo nuevos caminos para resolver la reproducción social. Desde 2016, uno de los problemas más sentidos es el alto cobro de luz eléctrica. Por ello, en uno de los pueblos integrantes de la COPUDA, han pensado en la incorporación de celdas solares como una alternativa, ya que cuentan con el apoyo de una estudiante del CIIDIR IPN, formada en energías renovables⁴⁶. De este trabajo, se concluyó que la tecnología es cara y no sería la adecuada para las condiciones de la región. Sin embargo, se realizó un diagnóstico de la eficiencia de la instalación eléctrica, las bombas de agua y los caudales requeridos, del cual se desprendió que modificar la instalación eléctrica y el uso de bombas con la capacidad adecuada podría ser la alternativa para reducir los costos de energía eléctrica. Posteriormente, estudios similares fueron auspiciados por OXFAM en la totalidad de los pueblos de la COPUDA con resultados y recomendaciones similares.

Con los talleres arriba referidos, con las recomendaciones de los estudios sobre las obras de recarga realizado por el CIIDIR IPN, y de OXFAM, los campesinos están incorporando varias ecotecnias como el riego rodado en horas de baja radiación solar para evitar la evaporación del agua. Con base en esto, han enriquecido su propuesta del Plan de manejo integral comunitario del agua, documento que está en discusión en estos momentos al retomar la consulta. Esta es una veta más en la que los campesinos siguen construyendo y realizando los horizontes interiores de la lucha social concretados en acciones de autonomía “desde abajo”.

REFLEXIONES FINALES

En este trabajo, se analizaron los horizontes interiores de la lucha por el agua de la COPUDA, las maneras en que operan las capturas semánticas, organizativas y políticas por parte del poder, y las creativas respuestas de los campesinos para subvertir tales capturas en el desarrollo de la consulta indígena desde 2015 a marzo de 2019. En este ejercicio, los campesinos enfrentan retos importantes para librar las capturas semánticas, organizativas y políticas en el terreno legal. Lo están haciendo con una estrategia tejida “desde abajo”, que con iniciativas propias para dar soluciones concretas a los problemas que los atañen.

Emplean para ello, la forma ancestral del valor de la palabra. Usan el lenguaje, usan palabras llenas de fuerza y de sentido propios que develan lo que los términos clave de los discursos del poder encubren y oscurecen. Esta estrategia requiere de un cambio de lugar. Es decir, las capturas semánticas colocan en un lugar subalterno las demandas de los movilizados, pero estos no aceptan ese lugar y se mueven hacia otro lugar en que ya no miran más al gobierno y a sus instituciones “hacia arriba”, y los cuestionan con un lenguaje sencillo, pero contundente, que subvierte sus intentos de captura.

Las capturas organizativas desplazan o diluyen las demandas entre los mismos movilizados: en lugar de luchar por el agua administrada por las comunidades, se conforman con resolver la vigencia de las concesiones para obtener tarifas de luz más baratas. Las capturas políticas llegan a la desmovilización por la inasistencia de algunos campesinos a las asambleas en que prosigue la consulta. Las estrategias en estos casos discurren por la reflexión de los movilizados para construir argumentos para volver a enfocar la demanda central: el agua. La forma más efectiva para continuar la lucha está en la creativa renovación de horizontes interiores que insisten en construir autonomía: nuevos proyectos para mejorar sus actividades productivas campesinas, que rearticulan a los miembros de la COPUDA. De esta manera, prosigue el difícil camino de la lucha social por la vida, para asegurar las condiciones para su reproducción.

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¹ Illich, 2008a.

² Los indígenas tenían el agua como un bien comunal al servicio y aprovechamiento de todos los habitantes. Es hasta el siglo XVII cuando este recurso se reglamentó como un elemento separado de la tierra, de modo que se podía comprar mercedes de agua independientes de la propiedad de la tierra. En este sentido, el agua comenzó a ser un bien particular o privado; una mercancía para quienes la podían comprar. León-Fuentes, 2016, 124.

³ Esteva, 2013.

⁴ Echeverría, 2001.

⁵ Gutiérrez, 2010.

⁶ Esteva, 2013.

⁷ Gutiérrez, 2010.

⁸ Gutiérrez, 2010.

⁹ Esteva, 2013.

¹⁰ Gutiérrez, 2010.

¹¹ Echeverría, 2001.

¹² Gutiérrez, 2010.

¹³ Navarro Trujillo, 2015.

¹⁴ Echeverría, 2001.

¹⁵ Löwy, 2003, 75.

¹⁶ Méndez-García, 2017.

¹⁷ Illich, 2008c.

¹⁸ Real Academia Española, 2014.

¹⁹ OXFAM.

²⁰ Mazcorro-Téllez y Rodríguez-Perego, 2006, 22.

²¹ Illich, 2008b, 43.

²² Pörksen en Cayley, 1997, 198-199.

²³ Gutiérrez, 2010.

²⁴ Echeverría, 2001.

²⁵ OIT, 2014, 23.

²⁶ López Bárcenas, 2009, 111.

²⁷ López Bárcenas, 2009, 105.

²⁸ VV. AA., 2014.

²⁹ Gómez, 2017, 157.

³⁰ Navarro Trujillo, 2015.

³¹ Navarro Trujillo, 2015, 69.

³² López Bárcenas y Eslava, 2011. Azamar-Alonso, 2017.

³³ Gómez, 2017, 149.

³⁴ Gómez, 2017, 149.

³⁵ Guber, 2012.

³⁶ Guber, 2012.

³⁷ Babbie, 2000.

³⁸ Van Dijk, 1999.

³⁹ Van Dijk, 1999.

⁴⁰ Bakhtin, 1981.

⁴¹ Méndez-García, 2017.

⁴² FUNDAR, 2002.

⁴³ La COPUDA participó en el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras el 11 y 12 de octubre de 2018 en la Ciudad de Oaxaca. En este evento, se denunciaron los casos y afectaciones a las comunidades en cuyo territorio hay proyectos mineros. Dentro de los acuerdos más importantes, están las articulaciones entre diferentes actores comunitarios afectados.

⁴⁴ Omito el nombre del informante.

⁴⁵ Orozco-López, 2018.

⁴⁶ Caballero, 2018.