Propuesta de periodización y análisis de los actores intervinientes en el ciclo hidro-social del río Atuel, Mendoza-La Pampa (Argentina)

Resumen — Este trabajo ofrece un avance de la investigación sobre el conflicto por el río Atuel, entre las provincias de La Pampa y Mendoza, en Argentina. El objetivo es, a través de la metodología cualitativa y la lectura crítica de las fuentes recolectadas hasta el momento, elaborar una periodización del ciclo hidro-social del río Atuel para estudiar los cambios experimentados hasta la actualidad. Asimismo, se identifican y analizan las inquietudes de los actores que participan e intervienen en el conflicto. Como resultado, se identificaron cuatro períodos a lo largo de los tres siglos del estudio (desde el XIX hasta el XXI). En cada uno de ellos se reconocieron diversos actores que establecieron y redefinieron, a través del tiempo, relaciones de poder en torno al acceso al agua. Estas relaciones de poder se hacen evidentes en el último periodo, en el que se presentan nuevas complejidades como el impulso de prácticas extractivas dentro del área de estudio.

Palabras clave: ciclo hidro-social, actores sociales, periodización, territorio hidro-social, extractivismo.

Abstract — This work offers an advanced report of findings of an investigation surrounding the conflict involving the Atuel River, which is located between the provinces of La Pampa and Mendoza, in Argentina. By relying on a qualitative methodology and a critical reading of the secondary sources collected so far, its objective is to develop a periodization of the hydro-social cycle of the Atuel River in order to study the changes experienced to date. Likewise, the concerns of the actors that participate and intervene in the conflict are identified and analyzed. As a result, four periods stretching over the past three centuries are identified throughout the study. In each of them, one sees the emergence of different actors who established and redefined, over time, power relations around access to water. These power relations are evident in the last period, in which new complexities appear, such as the promotion of extractive practices within the study area.

Keywoords: hydro-social cycle, social actors, periodization, hydro-social territory, extractivism.

INTRODUCCIÓN¹

La propuesta de este trabajo consiste en elaborar una periodización del ciclo hidro social del río Atuel para estudiar los cambios producidos históricamente hasta el momento actual. Del mismo modo, se identifican y analizan las inquietudes de los actores que participan e intervienen en el conflicto por el acceso al agua entre las provincias de La Pampa y Mendoza, Argentina. Para ello, el abordaje se realiza desde la ecología política del agua utilizando conceptos clave como “ciclo hidro-social” y “territorio hidro-social”.

La problemática general de la investigación se centra en estudiar las distintas intervenciones, tanto económicas e ingenieriles como políticas, sobre la cuenca media e inferior del río Atuel, es decir, al sureste de Mendoza y oeste de La Pampa. A su vez, abordamos también las consecuencias derivadas de la alteración del medio que conllevan las disputas por el agua y la tensión de los actores involucrados en cada período.

El área de estudio abarca las poblaciones de Santa Isabel y Algarrobo del Águila, en La Pampa, y en la provincia de Mendoza General Alvear, Villa Atuel y San Rafael (Mapa 1).

Hasta mediados del siglo XX el río Atuel ingresaba periódicamente en el territorio pampeano a través de cinco brazos (el Atuel que se une con el Chadileuvú, con el Salado-Chadileuvú). En los años 1947-1948 la construcción y puesta en funcionamiento de la represa El Nihuil, en Mendoza, generó la interrupción del río. La falta de caudal al ingresar a La Pampa afectó los extensos “Bañados del Atuel”², un oasis natural para la población en la primera mitad del siglo hasta desaparecer como tal. Esto incrementó el proceso de desertificación y despoblamiento de esta extensa zona. Fueron intensas las demandas por parte de la provincia de La Pampa a la provincia de Mendoza y al gobierno nacional, para restablecer el caudal. En la década de los setenta el conflicto se judicializó, atravesando distintas instancias que no han dado como resultado una resolución favorable para ninguna de las dos provincias.

A continuación vamos a abordar el marco teórico en el que se fundamenta esta investigación y la cronología de los períodos que se establecieron para el ciclo hidro-social, los cuales servirán de marco para analizar los distintos actores que intervienen y toman parte en las tensiones y el conflicto. Por último, se exponen algunas de las líneas emergentes del análisis, las cuales permitirán avanzar hacia una propuesta concreta que contribuya a la solución del conflicto.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se recurre a una metodología de carácter cualitativo consistente en el análisis crítico de las fuentes recolectadas, básicamente bibliografía sobre la problemática del Atuel, disponible en diversos reservorios tanto digitales como archivos bibliográficos. En base al material recabado y analizado hasta el momento, se realiza una línea temporal abarcando desde inicios del siglo XIX hasta el siglo XXI, en este último caso se consideran hechos acaecidos hasta el año 2018. La información que brindan las fuentes permite identificar cambios en la relación de la sociedad con el río Atuel, tanto en su cuenca media como inferior. Así se delimitan los períodos del ciclo hidro-social (CHS) que se suceden. En esta bibliografía aparecen trabajos que otorgan voz a los actores y ayudan a comprender la dinámica tanto del ciclo hidro-social a través del tiempo, como las interacciones en el territorio hidro-social.

Al respecto, los documentos se clasificaron en: informes gubernamentales, informes de ingenieros y técnicos, reseñas históricas (principalmente la bibliografía que da cuenta de la fundación de las localidades claves en la zona de estudio y las crónicas de exploradores que recorrieron la zona en época colonial), mapas, datos censales, legislación, reclamaciones de afectados pampeanos, prensa y mensuras catastrales. A estas fuentes es necesario agregar las entrevistas efectuadas a informantes claves que representan a los diversos actores. Estas entrevistas semiestructuradas de carácter extensivo fueron realizadas en el marco de trabajo de campo, donde se incorporó ppor medio de la observación y la toma de fotografíasp la dimensión del conflicto por el acceso al agua.

En base a esta secuencia se realizaron los cortes temporales y se identificaron los actores intervinientes en cada período del ciclo hidro-social. Se recurrió a las propuestas de investigación que contribuyen a identificar tres tipos de actores de acuerdo a su nivel de participación: a) aquellos que toman decisiones y están ligados a lo institucional, b) los que están ligados a técnicas particulares, en este caso los expertos y c) los que están asociados a la acción sobre el terreno, como los habitantes de un lugar³.

EL CONFLICTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ECOLOGÍA POLÍTICA DEL AGUA

La situación que se plantea aquí, la interrupción de un curso hídrico por acciones intervinientes que generan un perjuicio socioambiental aguas abajo, se aborda desde la perspectiva de la ecología política del agua. Este campo dinámico permite una perspectiva de estudio inter y transdisciplinar. En las últimas décadas, en América del Sur al igual que en otros continentesa se produce un avance de políticas neoliberales que fomentan el extractivismo⁴. Si bien se puede realizar una genealogía de las políticas extractivas desde el momento en que se produce el contacto entre europeos y las nuevas tierras, el extractivismo que se da desde fines del siglo XX y crece en el XXI, se centra ahora en minerales estratégicos como el oro, litio, tungsteno, gas e hidrocarburos y en el desarrollo del agro-negocio y la expansión de monocultivos⁵. Continúa centrado en la formación de enclaves extractivos y genera una reprimarización de la economía de los países del hemisferio sur, básicamente. Por ello se lo denomina, también, neo-extractivismo. Ello genera debates en el contexto de los estudios socioambientales, pues si bien la actividad humana produce un impacto en el ambiente dado que extrae materias primas para su subsistencia, también se cuestiona si son tan diferentes los intereses económicos y políticos que impulsaron el extractivismo europeo de los avances que se dan en las últimas décadas⁶. Para algunos autores⁷ no toda actividad tiene carácter extractivista. Al respecto establecen una diferencia entre el agro negocio y la agricultura de alimentos. Indican, además, algunas características presentes en el extractivismo como: el alto consumo de recursos como agua y suelo, escalas de producción mayores, uso de tecnología punta, actividades impulsadas en el marco del neoliberalismo económico difundido a nivel mundial que generan altos valores de cambio pero no tienen una incidencia positiva en las comunidades. Hay quienes son más específicos al brindar una diferenciación temporal del largo proceso extractivista al definir la situación actual como

“Ciclo de neodesarrollismo extractivista, concibiéndolo como una cabal expresión del orden de sujeción colonial que, en nuestros días, constituye a la región como enclave socioterritorial decisivo de extracción de plusvalías energéticas, -ya como ‘materias primas’, ya como ‘trabajo excedente’- para el sostenimiento de la acumulación en la actual fase de capitalismo senil”⁸.

En el caso del agua dulce, el proceso extractivista tiene un impacto directo en la disponibilidad y acceso. América del Sur, precisamente, cuenta con algunos de los reservorios más importantes del mundo, como el caso del Acuífero Guaraní. También de cuencas extensas que son alimentadas por glaciares cordilleranos que actualmente están en peligro, tanto por el cambio climático como por los emprendimientos mega-mineros (caso de Pascua Lama, Veladero en San Juan). El uso de millones de litros para la extracción de minerales y gas, y el riego de grandes extensiones de sembrados o viñedos (como el caso de Mendoza) sin un control comprometido por parte del Estado, ni el uso de tecnología adecuada, contribuye a acrecentar la disputa por el agua. Básicamente por su control y uso. A ello se debe sumar el crecimiento de las ciudades y la consecuente demanda de agua⁹.

En este contexto es que se desarrollan los estudios sobre el agua desde una perspectiva eco política. Dos conceptos instrumentales que se elaboran son el de ciclo hidro-social y territorio hidro-social. Al respecto, Swyngedouw define al primero “the socially embebed techno-institutional organization of the material flows of water”¹⁰. Este análisis ya no entiende el ciclo del agua como aislado de la sociedad, sino que es esta la que establece mecanismos de regulación en la circulación del agua. Las tecnologías aplicadas como el sistema de control y distribución del agua, definen al ciclo hidro-social. De esta forma se instituyen leyes, discursos e imaginarios por parte de los actores que intervienen en los distintos momentos de esa circulación, los cuales buscan acceder al agua para subsistir, pero también para darle usos económicos.

Estos sujetos muchas veces se encuentran asentados en un territorio donde han conformado una cultura del agua muy notoria, sobre todo en aquellos lugares semiáridos. Este es el territorio hidro-social, donde también se dirimen las disputas y negociaciones por el acceso al agua¹¹, las cuales se plasman en el territorio a través tanto de la infraestructura como de los significados que le otorga la sociedad a la circulación del elemento vital. La definición de territorio hidro-social se relaciona con las redes de poder que se establecen tanto para controlarlo¹² como para controlar quienes tienen el acceso garantizado, y para definir qué usos otorgarle al agua. En relación con ello hay autores que sostienen que

“Los territorios hidro-sociales (imaginados, planificados o materializados) presentan funciones, valores y significados en disputa, en tanto definen los procesos de inclusión y exclusión, desarrollo y marginalización, así como la distribución de los beneficios y perjuicios que afectan a distintos grupos de formas diferentes”¹³.

Hay otros referentes¹⁴ que lo conciben a partir de su relación con el ciclo hidro-social y en la articulación de tres espacios territoriales, como son el espacio físico de las cuencas (infraestructura), los espacios sociales (usos, manejos y lo simbólico) y los espacios político-administrativos (discursos en torno al manejo del agua).

En este conflicto quedan en evidencia las relaciones de poder que se dan en torno al agua. En esta correlación de fuerzas se ponen en tensión representaciones del territorio, se constituyen imaginarios en torno al agua, como también una línea discursiva y políticas públicas. De este modo se crea un mecanismo complejo donde unos acceden al agua, otros reciben menos y una parte pdirectamented ya no tiene acceso. Se produce, también, una mercantilización del agua, ya que para el sistema de producción es un recurso natural, en tanto para quienes bregan por su acceso y conservación para usos comunes, desde otra perspectiva cultural, es un bien común¹⁵.

PERIODIZACIÓN DEL CICLO HIDRO-SOCIAL DEL ATUEL

El río Atuel conforma una cuenca subsidiaria de la cuenca del Desaguadero. Precisamente en La Pampa une sus aguas al Salado, formándose el Chadileuvú-Curacó (este último de carácter temporal) que desagua en ocasiones en el río Colorado. Este último desemboca a su vez en el océano Atlántico (Mapa 2).

A través de los siglos XIX, XX y XXI es posible identificar cuatro períodos que caracterizan el ciclo hidro-social (Figura 1). El primero abarca el dominio indígena sobre el oeste pampeano y sur mendocino, entre finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, coincidiendo con las crónicas de De la Cruz y Undiano y Gastelú, así como también con las primeras intervenciones en territorio mendocino del comandante Tellez Meneses, que desvía el río Diamante Dhasta ese momento tributario del Atuelh. Este ciclo se extiende hasta la campaña roquista con el desplazamiento de estos pueblos y la incorporación del territorio al mercado capitalista, en consonancia con la conformación del Estado nacional.

El segundo período se inicia con la creación de la Colonia Agrícola Butalo (1909) en el oeste pampeano, y Villa Atuel (1912) y Carmensa (1921) en el sur mendocino, integradas al oasis sureño conformado por San Rafael y General Alvear. Es así como en tierras cuyanas comienzan a producirse los primeros desvíos y canalizaciones de las aguas del Atuel para riego, disminuyendo su caudal. Este ciclo comienza a transformarse en la década del cuarenta.

En 1940, por la ley 12.650, se confirma la construcción del dique El Nihuil sobre el río Atuel, dentro del territorio mendocino. Aquí se da inicio al tercer período, que se extiende hasta fines de los años ochenta. En el mismo se produce la interrupción, casi definitiva, del curso de agua produciendo una desecación de los “bañados del Atuel” y el consecuente despoblamiento del oeste pampeano. En estas décadas se inicia el conflicto por el acceso al agua entre las dos provincias. Como consecuencia, La Pampa inicia acciones legales contra Mendoza en 1978. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictamina en 1987 que el río es interprovincial: Mendoza debe regar unas 75.761 ha. y sus excedentes deben pasar a La Pampa. Sin embargo, la provincia cuyana desconoce la interprovincialidad por lo que nunca acató el fallo, alegando los últimos años que no hay agua suficiente para su producción. Por lo tanto, no puede brindar agua a La Pampa. Este período se caracteriza también por el grado de intervención ingenieril que se produce sobre el río a través de la construcción de represas, diques y azudes para obtener energía y agua para riego.

Por último, a fines de los años ochenta se inicia el cuarto periodo, caracterizado por los nuevos usos intensivos que se dan sobre la cuenca del Atuel y que, además, involucra a la cuenca del Desaguadero. Estos usos están asociados con nuevos emprendimientos mega-mineros y de extracción no convencional de hidrocarburos (fracking), la construcción de nuevas represas y el desarrollo de agricultura de carácter industrial en nuevas áreas que absorben o involucran el agua de los ríos cordilleranos, como el Atuel.

Por otro lado, en los noventa y en las dos primeras décadas del siglo XXI se producen nuevas tensiones entre las dos provincias involucradas. Se intenta llegar a acuerdos entre los gobernadores (Ahuad y Bordón, Marin y Jaque), crecen las demandas por parte de los habitantes pampeanos del área afectada y se internacionaliza el conflicto. En el 2012 visita la región el Tribunal Latinoamericano del Agua, emitiendo un fallo simbólico, positivo para La Pampa. En el 2014 la Fundación Chadileuvú eleva una nota a la ONU. La respuesta del organismo internacional reconoce el daño ambiental y la vulneración de los derechos humanos de Mendoza al negar el agua a La Pampa. En el año 2016 La Pampa volvió a demandar a Mendoza y el 14 de junio de 2017 se convocó una audiencia pública donde expusieron ambas provincias, además del gobierno nacional y representantes aportados por ambos estados provinciales, la situación a ambos lados del límite interprovincial. El fallo definitivo aún no ha sido emitido por la Corte.

ACTORES INVOLUCRADOS EN EL PERIODO INDÍGENA (1790-1879)

En el periodo de dominio indígena, los pueblos originarios que ocupaban gran parte de lo que hoy es la provincia de La Pampa, como el pueblo Ranquel, conocían el territorio de la región semiárida, en especial la disponibilidad de agua, como también la construcción de infraestructura (jagüeles, represas y corrales)¹⁶ para disponer del líquido en un ambiente semiárido. Estos pueblos utilizaban las zonas de los bañados del Atuel como abrevadero en sus largas travesías hacia el sur y hacia Chile con el objeto de realizar el traslado de hacienda o el intercambio de bienes. Registros arqueológicos datados en fechas recientes evidencian la existencia de asentamientos humanos en el sitio arqueológico Vallejo, en las cercanías de la localidad de Santa Isabel y del río Atuel¹⁷. Si bien no se puede saber con certeza a qué parcialidades pertenecían, indican la importancia del río para el asentamiento humano. Por lo que se refiere al territorio mendocino la ocupación a la vera del Atuel en el área de San Rafael, sur de Mendoza, data de hace unos 30.000 años, con una evolución de los sitios Pre Atuel IV, Atuel IV, Atuel III, proto productores, Atuel II y la Cultura del Viluco, esta última ubicada entre los años 1470 y 1550¹⁸. En la época colonial ya se encontraban asentados los pueblos Pehuenche y Puelches, algarroberos, en el sur de la actual provincia de Mendoza. Ello demuestra que la cuenca del río Atuel históricamente tuvo presencia humana, y que de un modo u otro realizó un uso del agua, dando nombre al río pues Atuel, en etimología Mapuche, significa “lamento”.

Ya en el siglo XVIII, uno de los linajes presentes en la zona de estudio, era el del cacique Goico, quien para algunos historiadores pertenece a los Puelches algarroberos, mientras que para otros a los Pehuenches que avanzaban desde el sur. Era considerado como un ‘indio amigo’ ya que participó en la campaña de Aldao en 1833 contra los pueblos indígenas¹⁹. Poseía grandes extensiones de tierra, que luego vendió a criollos mendocinos. El último propietario fue Diego de Alvear. Su sucesión dio lugar a la fundación de la localidad de General Alvear.

A fines del siglo XVIII, en 1796, Undiano y Gastelú fue encomendado por las autoridades españolas para realizar una inspección de la zona donde se encontraban las guardias y fortines. En la crónica de su expedición describió el caudal del río Diamante que se unía al Atuel y cómo las aguas de este confluían con el Salado para luego unirse al Colorado y desaguar en el océano Atlántico. Sugirió la posibilidad de utilizar esa vía navegable para sacar la incipiente producción de Mendoza. Al respecto, en su informe detallado proponía la extensión de la frontera de Buenos Aires hasta el río Negro, ocupando la isla de Choele Choel, con el objetivo de ocupar territorio indígena y ampliar la superficie productiva. En la descripción del curso hídrico, plantea lo siguiente:

“Al río Diamante, y poco más arriba de su junta con el Atuel, que distará de Mendoza 65 leguas al sud, podría trasladarse el fuerte y villa de San Carlos, que fundó en aquella frontera nuestro Marqués de Sobremonte (…) Dos ríos caudalosos, de buena agua, bellísimo temperamento, muchos pastos, leña en abundancia, terreno llano, muy extendido y de la mejor calidad, con despejados horizontes por norte-sudeste con el Atuel y Diamante, en la mejor disposición para sangrarlos y regar cuanto se quiera”²⁰.

Un par de años más tarde, en 1806, Luis de La Cruz fue encomendado para realizar una expedición que uniera el sur de Chile, Ballenar, con Buenos Aires. Debía encontrar un camino que fuese más directo y atravesara territorio indígena. En esta expedición en la que fue acompañado por criollos e indígenaso De la Cruz cruzó la zona de los bañados del Atuel. Uno de los nativos, Puelmanc, ofició de guía y le relató cómo fluían los ríos en esta zona:

“Este río, que antes se llamaba Ocupal, según Puelmanc, nace en la cordillera de Mallaque. Corría antes su mayor cuerpo de aguas por el cajón de Potrol, que ayer pasamos y cité en el diario; y a causa de un derrumbe siguió este curso, quedando allí muy pequeña parte, y muy salada, como que aseguran todos estos indios, que en legando (sic) a él, antes de algún temporal de lluvias, puede de su ribera tomarse bastante sal y buena. También dicen que a cinco leguas de distancia de este punto, se junta dicho Potrol con este río, por ahí mismo, donde este confluye al siguiente, que según reconozco, es el del Desaguadero, así por la graduación en que está, como porque el mismo Puelmanc, que es muy práctico, asegura que el río Diamante, que sale del lugar de Cusa, corriendo hacia el oriente, se le emboca a este río que nos resta, y con él toma al sur, formando en todos estos bajos inmensas lagunas, hasta juntarse con este Chadileubu, cinco leguas poco más de aquí, desde donde juntos corren como diez más, hasta reunirse en un gran lago”²¹.

Si bien los testimonios son breves, permiten hacernos una idea del paisaje hídrico de lo que es hoy el oeste pampeano. La existencia de un mayor caudal es testimoniada también por las rastrilladas indígenas que cruzaban esa zona en su tránsito del este al oeste y viceversa. El relato de estos dos cronistas expone las intrusiones de ríos caudalosos y sus posibilidades para el regadío.

A fines de siglo XIX se dieron una serie de procesos multiescalares que involucraron al área de estudio. La incorporación de los territorios indígenas por medio de la campaña roquista trazó el destino de uso que tuvieron estas tierras. La ocupación de estos territorios se dio en el marco de la conformación del Estado nacional que, a su vez, se consolidó en el contexto mundial signado por la división internacional del trabajo y el imperialismo. En ese esquema, Argentina pasó a tener el rol de exportador de materias primas, específicamente carnes, lanas y cereales. Es otra etapa del extractivismo iniciado en 1492. Este modelo creó al interior del nuevo país desigualdades regionales, tal es el caso de los nuevos territorios nacionales, los cuales no tuvieron la misma autonomía que las primeras 14 provincias. Estos directamente dependieron del ejecutivo nacional. Ello quedó plasmado en el fomento a la colonización (fundación de pueblos, creación de colonias agrícolas), el entramado ferroviario, la localización de puertos y el rol que adquirió la ciudad de Buenos Aires, precisamente, por su puerto.

ACTORES DEL PERIODO DE DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL (1879-1940)

Tras la campaña militar de 1879, se trazaron los límites jurisdiccionales, entre otros los correspondientes al Territorio Nacional de La Pampa Central y Mendoza. Mendoza comenzó a desarrollar el oasis sur en San Rafael y General Alvear, en 1912 se funda Villa del Atuel y, posteriormente, Carmensa. Dichas localidades se desarrollaron con el uso intensivo del agua para riego. En territorio nacional, el gobierno creó en 1909 la colonia Butalo sobre el brazo homónimo del río Atuel, con el objetivo de aprovechar la ribera de tierras fértiles y el agua para riego. En dicho año, el agrimensor Allende Posse describió el lugar donde se trazó la colonia, dando cuenta de las características de dos de los brazos del Atuel que fluían entonces:

“La Tinajera [el arroyo] es bastante ancha (término medio 1000 mts.), las tierras de su cuenca son de buena calidad, fértiles y aptas para toda clase de cultivos (…). El agua llena esta cañada en el mes de febrero generalmente (…) El agua llega al “Butalo” [el otro arroyo] en los meses de enero o febrero y su caudal sufre aunque muy retrazadas (sic) todas las variaciones del Atuel”²².

A su vez, Allende Posse observó la aptitud de esas tierras para la producción agrícola y hortícola pues ya había una chacra con incipiente riego que producía, entonces, verduras, frutas e incluso vid.

Este periodo marca el inicio de un nuevo momento dentro del ciclo hidro-social caracterizado por el uso intensivo para riego de la cuenca media del Atuel. Como consecuencia, en el sur mendocino se realizan los desvíos de cauces y taponamientos, como el de Ugalde, que acabaron por afectar la Colonia Butalo e impactaron negativamente en la localidad de Santa Isabel, dentro de territorio pampeano. Aquí los actores involucrados serán los habitantes de estas incipientes poblaciones, en muchos casos inmigrantes pero también pobladores originarios que fueron marginados o, en algunos casos, lograron acceder a parcelas de tierra y trabajarlas. Las reclamaciones documentadas a las que se tuvo acceso, corresponden a 1938 luego de que se construyera el “tapón de Ugalde” en el sur mendocino. En las reclamaciones que realizan los pobladores Bertolotto, Pellet Lastra²³ y Carrutiers, le solicitan al gobernador del territorio que interceda ante la Nación y regularice la situación. Expresan su preocupación por la “gravísima situación que se ha originado por la desviación en la provincia de Mendoza del río Atuel por Isaac de Ugalde (…) en las inmediaciones de las secciones XVIII y XXIII”²⁴.

Si bien la alteración del río se daba desde tiempo atrás, estos demandantes muestran en su exposición la indagación efectuada sobre los usos de las aguas de un río. En tal sentido, citan el artículo 2642 del Código Civil (sumándose a los artículos 1645 y 1646), donde queda expuesta categóricamente la prohibición de que los ribereños se apropien del curso superior de un río en perjuicio de los ribereños del curso inferior. Este argumento es la expresión de un proceso de información y movilización previo de los afectados, que en este caso tenían mayor acceso a informarse legalmente para iniciar las demandas al Estado, el otro actor relevante en este momento. Como respuesta se realizaron investigaciones sobre el tapón de Ugalde (Mapa 3) pero la situación no se revirtió. Como consecuencia, se desvió el arroyo Butalo y se vieron afectardos sectores del arroyo de la Barda. En ese momento el ingeniero José Balbi, enviado por la Dirección de Irrigación nacional, expuso la situación de riesgo que atravesaba la zona de Santa Isabel, aledaña al río.

En este ciclo hidro-social, el Estado es un actor clave, tanto a nivel provincial Een el caso de Mendozae como nacional. En Mendoza el Estado da impulso al oasis sur y la fundación de la Villa del Atuel y Carmensa, fomenta la radicación de colonos y las obras de regadío y se organiza toda una infraestructura administrativa en torno al agua como recurso hídrico, que se tratará más adelante. De este modo se configura también un discurso y representación del agua que se mantiene hasta hoy, donde el agua es un elemento central en la producción económica e identidad mendocina. La actividad principal que se lleva adelante es la vinicultura y la fruticultura, principalmente orientada al mercado interno. En este período, en el oasis sur mendocino, se conformó una clase propietaria de carácter burgués, consolidándose las primeras plantaciones y bodegas de relevancia regional y nacional. Así surgió la bodega Arizu, constituida por los hermanos Balbino, Jacinto y Sotero Arizu, inmigrantes originarios de Navarra, España. Dicha bodega se puso en funcionamiento en 1916, siendo la tercera empresa de importancia del país. A ello contribuyó el afincamiento en las tierras regadas por el río Atuel

“los Arizu fueron innovadores al invertir en el sur mendocino, cuya frontera agrícola se había expandido luego de la finalización de la Campaña al Desierto y que ofrecía interesantes ventajas por sus precios relativos y por la posibilidad de conseguir derechos de agua definitivos”²⁵.

En el año 1916 se establece la bodega Goyenechea, que adquiere una propiedad en Villa Atuel a uno de los Arizu. Esta bodega se mantiene hasta la actualidad. En la década del cuarenta contaban con 830 hectáreas cultivadas con viñedos, las cuales ujunto a las 3.000 de la bodega Arizu0 abarcaron la mayor extensión cultivada a nivel mundial para la producción vinícola. No obstante, se cultivaban también frutas, hortalizas y verduras²⁶.

Paralelamente, el Estado nacional controlaba los territorios nacionales. Llevó adelante las mensuras de las tierras ocupadas y la creación de colonias agrícolas. En el caso de la gobernación de La Pampa, creó la Colonia Butalo en el año 1909, previamente en 1884 sancionó las leyes de frontera para delimitar los nuevos territorios. Organizó el espacio en función del modelo productivo agroexportador. En esta organización, el oeste pampeano oque es una zona semiáridaz quedó excluida. La Colonia Butalo fracasó en menos de veinte años por la falta de apoyo a los productores que se asentaron allí, sumado a la disminución del caudal de los brazos del Atuel. Tanto es así que en 1918 se corta el brazo más oriental²⁷. Esta colonia quedó aislada del resto de las poblaciones del este dado que aún no se trazaban carreteras ni tampoco se buscó integrar este espacio a través del ferrocarril. El resultado fue el despoblamiento y fracaso de un incipiente núcleo productivo que, de haber mediado condiciones políticas de fomento sólidas por parte del Estado nacional así como un control equitativo de los usos del agua en la cuenca, podría haber desarrollado una población estable en un medio semiárido.

ACTORES DEL PERIODO DEL AGUA COMO GENERADORA DE ENERGÍA (1940-1987)

Hasta entonces, el Estado nacional no otorgó la importancia que merecían las reclamaciones de los pobladores por los cortes y disminución de caudales del Atuel. Paralelamente, se planificaron proyectos para el aprovechamiento energético y el almacenamiento de agua para riego de los ríos de origen cordillerano. La situación empeoró cuando en 1940 por ley número 12.650 se dispuso la construcción de la represa y embalse El Nihuil (Mendoza) en el tramo medio del Atuel, entrando en funcionamiento en enero de 1948. A partir de este momento se produjo la interrupción total del río aguas abajo, en dirección sur. Su aprovechamiento respondió a la necesidad de riego y producción de energía.

La construcción del embalse y represa El Nihuil surge en un período histórico marcado por la Segunda Guerra Mundial, con una retracción de la producción industrial internacional y del flujo de importaciones, sumándose a los efectos económicos globales de la crisis de 1929. Ante este panorama, desde la década del treinta se inició en Argentina la industrialización por sustitución de importaciones (ISI). Para generar nuevas industrias y la producción de bienes de capital era necesaria la producción de energía.

En este contexto, los actores alcanzan un elevado grado de complejidad. La población pampeana ribereña continúa alzando su voz para reclamar, como lo demuestra la carta enviada por el agente policial Ángel Garay a Perón en el año 1947, donde manifiesta las condiciones de sequía reinantes por los desvíos y cortes del río aguas arriba. En su misiva afirma la pérdida de producción de vacunos y lanares:

“desgraciadamente, en esta provincia (Mendoza) se obstruye el curso de las aguas por el cauce de los ríos referidos por el regadío de campo en el paraje denominado "Loncovaca", que se benefician solamente dos personas según datos que se han podido recoger (…) Aquí no son dos personas solamente, Señor Presidente, los que claman por que se dé largada a el agua, son cientos de familias, que ya ni agua para tomar consiguen, y son millones de cabezas de ganados que se pierden. Las familias enteras abandonan este lugar después de haber perdido todo su poco capital”²⁸.

Como respuesta, el gobierno por medio de la Dirección General de Agua y Energía Eléctricam dictamina la resolución 50/49 que establecía tres sueltas anuales de agua por parte de Mendoza, las cuales debían alcanzar los 27,5 hectómetros cúbicos. Esta resolución nunca se cumplió y fue motivo de nuevos reclamos pampeanos, los cuales se consolidaron con la provincialización de La Pampa en 1951.

No obstante, en este CHS adquieren mayor participación los actores institucionales y aparecen los expertos. Por un lado, los Estados provinciales y el Estado nacional son actores clave con la compleja estructura de gestión y control de los recursos hídricos que consolidaron en este período. Tanto es así que en el Plan Quinquenal del año 1947 aparecen descritas la creación de la Dirección Nacional de la Energía, los potenciales aprovechamientos hidro-energéticos y el impulso a la irrigación e inmigración. El otro actor relevante son los ingenieros, que realizan los estudios e informes hidrológicos para el Estado.

En el caso del Estado mendocino, desarrolló paulatinamente desde el siglo XIX una infraestructura de irrigación orientada a la producción vitivinícola y frutícola en un medio semiárido, contando con antecedentes de los pueblos Huarpes del norte provincial. Las carencias de agua originaron la creación de oasis productivos. Ello condujo a la institucionalización del agua en Mendoza, que radica en los organismos que creó y el poder que adquirieron, caso del Departamento General de Irrigación.

Este organismo provincial se caracteriza por la importancia que tiene al interior de la provincia cuyana en el control y manejo del agua, tanto para el uso poblacional como productivo. Cuenta con seis subdelegaciones que se encargan de las cuencas más importantes de la provincia: Tunuyan Superior y Tunuyan Inferior, Mendoza, Atuel, zona de riego Malargue y Diamante. Esta compleja estructura se fundamenta en la ley de agua del año 1884 promulgada en Mendoza (Figura 2). El cargo ejecutivo corresponde a un superintendente, cuya elección la realiza el gobernador provincial. Los aspectos que debe cubrir su función se establecieron por medio de la ley 322 en 1905. Hasta el momento, no ha habido modificaciones en cuanto a sus competencias.

Por otro lado, el Departamento General de Irrigación se conforma por distintos cargos operativos y deliberativo-administrativos (Figura 3). Dentro de los primeros están los inspectores de cauce que representan a los regantes de cada sección o inspección; la policía del agua, hay uno por cada río, debe recorrer (siempre de acuerdo a la disponibilidad de recursos económicos y materiales) y custodiar los cursos de agua, y por último están los tomeros, cuya función es asegurar el cumplimiento de los turnos de riego en cada inspección y mantener en condiciones las hijuelas (pequeños canales de riego). En cuanto a los cargos deliberativo-administrativos, hay dos áreas encargadas de ejercer la representación de los regantes, el Honorable Tribunal Administrativo conformado por un consejero por cada río. En este caso son cinco que, a su vez, integran el Honorable Consejo de Apelaciones. Sus funciones se atienen a expedir reglamentos, sancionar el presupuesto anual y otorgar concesiones para uso de aguas subterráneas. Además, el Tribunal de Apelaciones tiene la función de analizar las decisiones que tome el superintendente cuando se presenten demandas por parte de los afectados²⁹.

Esta breve descripción sobre el funcionamiento y organización de este organismo provincial permite ver cómo se conforma a través del siglo XX un actor importante que tiene poder de autoridad en cuanto al acceso y control de agua en Mendoza y, por lo tanto, incide directamente en el conflicto por el río Atuel. Si bien está presente en el período anterior, en este ncon la construcción de la represa El Nihuil sobre el río en cuestión se aprecia su influencia directa junto a los organismos nacionales encargados de la construcción de la obra.

En el caso pampeano, el desarrollo de una conciencia hídrica y la consecuente política del agua tiene como precedente fundante (considerando que fue territorio nacional hasta el año 1951) las demandas por el Atuel y su corte en el 1947/1948. A partir de esa época se generaron acciones tendentes a solicitar la circulación del caudal. Para ello se elevaron diversas notas a los organismos nacionales competentes. Estas acciones no fueron respondidas por las autoridades mendocinas. Por ello, en 1978, La Pampa presentó ante la Corte Suprema de Justicia la demanda contra Mendoza. En 1987 el veredicto reconoció la interprovincialidad del río y la obligación de Mendoza de liberar agua luego de regar 75.761 ha. Esto último nunca se cumplió, circunstancia que contribuyó a que el conflicto continuara.

El desarrollo de las discusiones y tensiones tuvo como contexto el período desarrollista marcado por el discurso de la industrialización interna para disminuir la dependencia, junto a las interrupciones del régimen democrático por los golpes de estado sucedidos entre 1955 y 1976. Paralelamente, se construyeron otros complejos hidroeléctricos en el país como Cerros Colorados en Neuquén (1969-1978) y Futaleufu en Chubut (1971-1978), orientados a generar energía eléctrica y controlar las crecidas. En el caso de El Nihuil, se construyeron luego, Nihuil II (Presa Aisol), Nihuil III (Presa Tierras Blancas) y la Presa y Central Valle Grande (1964). Se continuó manejando el río de forma unilateral sin atender a los reclamos de La Pampa.

Respecto a la figura de los actores sociales que se caracterizan como expertos, en las fuentes aparecen los ingenieros enviados desde Irrigación de Nación como en el período anterior y también desde Irrigación de Mendoza. La función que adquiere el conocimiento ingenieril en relación al manejo y control del agua es clave en este período y en la zona de estudio. Con las posibilidades de aprovechamiento de los caudalosos ríos cordilleranos, tanto para riego como para producción de energía, el conocimiento experto se convirtió en la línea estructural de la planificación. En tal sentido, el accionar de hidrólogos y geólogos, sobretodo, se puede comprender en este contexto como llevar adelante la “misión hidráulica” o ejercer el papel de la “ingeniería heroica”. Sus conocimientos son puestos al servicio de la modernización y el uso del agua. Desde la perspectiva ingenieril, el experto busca restaurar las perturbaciones del equilibrio natural de los ciclos hidrológicos³⁰. Estas perturbaciones deben ser corregidas en función de las necesidades productivas.

No obstante, si bien en el corpus documental se mencionan distintos ingenieros y geólogos, estos también dejaron, en algunos casos, testimonio de las consecuencias de las obras hídricas. Al respecto, el ingeniero Ove Bock escribió un informe en el año 1949, cuando ya estaba funcionando la central El Nihuil. En dicho informe hace una exposición sobre los ríos Diamante, Atuel y Salado, y describe la situación del oeste pampeano a comienzos de siglo:

“todavía a principios de este siglo había cierta gloria en la esquina noroeste de La Pampa, un notable bienestar de los hacendados, proviene de las aguas del Salado y Atuel; pero dejando el río Salado, que hoy lleva cierta agua, a un lado, voy a demostrar que la influencia del río Atuel ha pasado ya a la historia, la prosperidad que antes reinaba en La Pampa ha dejado de existir”³¹.

La exposición de este ingeniero contradice el argumento mendocino que niega la circulación histórica del Atuel en La Pampa. Sin embargo, su testimonio solo es rescatado por el geógrafo Difrieri. En el mismo sentido se pueden incluir informes de ingenieros³²donde se plantean la existencia histórica del río y los perjuicios ocasionados por su interrupción.

ACTORES EN EL CONTEXTO EXTRACTIVISTA (1987-2017)

El actual periodo se inicia entre fines de la década de los ochenta e inicios de los noventa continuando hasta la actualidad. Los hechos que se consideran para establecer esta delimitación son el fallo de la Corta Suprema de Justicia en 1987, que dictaminó que el uso del río debía ser compartido, y la reforma constitucional de 1994, que reconoce en su artículo 41 el derecho de todos sus habitantes a un ambiente sano, apto y equilibrado para desarrollar su vida y sus actividades sin comprometer a las generaciones futuras, además de considerar la necesidad de recomponer los daños ambientales. Ello supuso la posibilidad de que quienes se vieran afectados por contaminación y destrucción de su ambiente, pudieran presentar demandas judiciales de forma particular.

De forma paralela, en esas décadas se recrudece el modelo neoliberal impuesto en los setenta gracias a las facilidades otorgadas a las multinacionales para la explotación de minerales e hidrocarburos así como para la expansión de los monocultivos transgénicos, favorecido todo ello por la sanción de un marco legal permisivo y contradictorio a lo que estaba estipulado constitucionalmente. En esta etapa se inicia un proceso extractivista que en la primera década del siglo XXI continuó vigente bajo las políticas neo-desarrollistas.

En el contexto de este período del CHS se produjeron y conformaron a nivel nacional y continental diversas movilizaciones y asambleas que visibilizaron la destrucción de la naturaleza junto a los desplazamientos de poblaciones. De esta forma adquieren un papel trascendental a nivel nacional las organizaciones de pobladores en defensa de sus territorios, primero en contra del desmantelamiento de sus lugares de trabajo y residencia, y luego contra la radicación de proyectos extractivos que comprometen la posibilidad de vida. En el caso de La Pampa se consolidaron los reclamos por el Atuel a través de la organización de asambleas. En este periodo tiene una función muy importante la FUCHAD (Fundación Chadileuvú) formada en 1984, cuya labor se centra en la difusión, investigación y elevación de demandas en relación a las problemáticas hídricas pampeanas.

En el año 2012 se conformó la Asamblea por los Ríos Pampeanos, originada en uno de los primeros cortes de ruta en la zona de Santa Isabel para concienciar por la falta del río aquel mismo año³³. Actualmente posee representantes en dicha localidad, Santa Rosa y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Está integrada por pobladores del oeste pampeano, profesionales y exfuncionarios. Dentro de las acciones que llevó adelante se cuentan cortes, movilizaciones y “botellazos” como los realizados en Buenos Aires frente a la Casa de Mendoza, así como diversas actividades ligadas a la concienciación sobre la importancia de los ríos en La Pampa.

Una característica de las asambleas a nivel provincial es que mantienen un diálogo fluido con el Estado provincial, el retorno del río es un objetivo común. En el caso de la Asamblea por los Ríos Pampeanos firmó un convenio con el ejecutivo provincial para continuar con las actividades de concienciación y difusión de las problemáticas hídricas en el ámbito de la provincia. Este es un aspecto interesante para continuar analizando a futuro. También la participación dentro de ella de profesionales, como dentro de la FUCHAD, de geógrafos, ingenieros e historiadores, permite aunar el diálogo entre actores que anteriormente no tenían una comunicación fluida. Si bien busca sumar voces de los pobladores del oeste afectados por la interrupción del río Atuel, su demanda y accionar se mantiene dentro de los límites institucionales.

La acción de las asambleas en la lucha reciente por el río ha contribuido a consolidar la idea del agua como un derecho y desde su ausencia construir una identidad hídrica. Producto de esta, se representa en el discurso del reclamo al río Atuel como “el río robado” y, en relación a la carencia de este bien esencial para la vida, desde el arte se creó una poética del agua, como lo es “El cancionero de los ríos”, donde a través de la música y de la poesía, se narra la pérdida del Atuel: comienza a crearse a inicios de los sesenta y se editó su primera versión en 1985 gracias al gobierno de La Pampa.

Los lemas “río robado” y “el río Atuel también es pampeano” se transformaron en una consigna que define, tanto desde el reclamo de las asambleas pampeanas por el agua como de parte del gobierno provincial, el impacto que tuvo en el territorio hidro-social la interrupción del Atuel de forma unilateral. La interrupción supuso la desmembración de una parte del territorio hidro-social, justamente aquella que se encuentra en la cuenca inferior del Atuel y que se halló hasta mediados del siglo XX desprotegida en términos político-administrativos, dado que esa parte del territorio hidro-social se encontraba dentro de los territorios nacionales.

En el caso de la provincia de Mendoza, también en la primera década del siglo XXI, se organizaron asambleas en defensa del agua, las cuales denunciaron y se opusieron a emprendimientos mega-mineros y, en la actualidad, a la extracción de hidrocarburos por medio de fracking. En el caso puntual del área de estudio, en el año 2007 se comenzó a organizar una asamblea en defensa del agua en General Alvear, dado que estaba prevista la apertura de una mina para extraer oro³⁴. Se iba a ubicar en la zona de Punta de Agua desde donde se brinda agua potable, por medio de un acuerdo entre ambas provincias, a Santa Isabel y Algarrobo del Águila en el oeste pampeano. Debido al avance de las actividades mega mineras y las altas demandas de agua que conlleva la actividad, en Mendoza desde el año 2006 comenzaron a articularse las distintas asambleas provinciales. De esta forma se conformó la Asamblea Mendocina por el Agua Pura. Una limitante legal de la actividad a nivel provincial fue la sanción en 2007 de la ley número 7722 que prohíbe el uso de sustancias químicas contaminantes.

La actividad que representa un riesgo tanto para la cuenca del Atuel como para la resolución del conflicto es el fracking: que se utiliza en la zona de Puesto Rojas en la cuenca alta del río Atuel. Esta actividad consiste en “la inyección a altas presiones de agua, arena y productos químicos a las formaciones rocosas ricas en hidrocarburos”³⁵. A su vez existe la posibilidad de contaminación de fuentes de agua por infiltración o derrames. En el caso de la cuenca hídrica del Atuel esta coincide con parte de las cuencas hidrocarburíferas de Vaca Muerta y Cuyana, en las nacientes y en la cuenca media respectivamente. Ante la autorización en Mendoza (2018) —por medio del decreto N° 248— del método del fracking, se suma un elemento de complejidad que afecta la resolución a corto-mediano plazo del conflicto por el Atuel, como así también al ciclo hidro-social y al territorio hidro-social.

Las posturas de las asambleas en el caso mendocino se traducen en un claro posicionamiento en contra de esta práctica, “estamos ahora con presentaciones en contra de ese decreto y demás (…) primero deberíamos discutir ¿queremos o no queremos extracción de no convencionales? Bueno si llegáramos a decir que sí, vayamos a ver cómo lo vamos a extraer”³⁶. En el caso de las asambleas pampeanas, no se perciben aún las consecuencias que puede generar esta actividad, aunque hay conocimiento del tema. No obstante, entre las distintas asambleas de ambas provincias no hay diálogo que permita actuar en conjunto en relación al fracking. Desde el lado pampeano afirman que:

“una vez nos contactó una asamblea, un grupo de General Alvear (…) cuando en Malargüe hubo un proyecto de usar agua del Atuel para un emprendimiento minero, que se llamaba Hierro Indio, entonces ellos nos contactaron para ver si podíamos darle una mano, que sé yo, no prosperó. Porque cuando ellos… nosotros dijimos que sí, que estábamos de acuerdo, que nos movilizábamos todos, pero a cambio de que ellos asumieran, aceptaran y sostuvieran la bandera de que el río Atuel también es pampeano”³⁷.

Mientras que desde la asamblea de General Alvear apoyan y reconocen el reclamo Pampeano:

“consideramos que el acceso al agua es un derecho y que el río Atuel es un río interprovincial, por lo tanto, hay un problema que tienen que resolver los gobiernos, estamos totalmente en desacuerdo con, ya sea el gobierno de La Pampa o el gobierno de Mendoza (…) que nosotros consideramos que desde hace bastante tiempo vienen, de alguna manera, incentivando el enfrentamiento entre el pueblo de Alvear, más que el pueblo mendocino, el pueblo de Alvear y el pueblo de La Pampa”³⁸.

La falta de diálogo entre las asambleas y las organizaciones socioambientales dificulta la posibilidad de llegar a una solución del conflicto pues considerando el contexto político-económico actual y las nuevas urgencias socioambientales debe hacerse un enfoque abarcativo del conflicto y no circunscribirse a los límites jurisdiccionales de los Estados provinciales.

Los Estados provinciales, como actores sociales institucionales, han forjado un discurso que enfatiza el agua como derecho para la vida y la producción, que entra en contradicciones en el actual contexto extractivista, caso de Mendoza, que promueve el decreto N° 248. Además, la demanda pampeana se hace en desigualdad de condiciones frente a Mendoza, que, históricamente, cuenta con mayores recursos económicos y población. Mientras, el Estado nacional demuestra un interés aleatorio para solucionar uno de los conflictos socioambientales más antiguos del país. Las medidas han sido en su mayoría de carácter conciliador.

Por último, dentro de este período se terminó de institucionalizar la investigación y los estudios hídricos por medio de la creación en el año 2004 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos (Figura 4)

Este organismo se transformó en un actor importante del conflicto puesto que coopera con la asamblea y con las organizaciones involucradas en el tema hídrico. En el caso pampeano, esta situación caracteriza la lucha por el río Atuel, puesto que hay un diálogo estrecho entre el gobierno y el sector movilizado no gubernamental. Situación diferente a la que ocurre en Mendoza, donde hay un conflicto entre las asambleas por el agua y el gobierno en relación a los usos del agua para actividades como el fracking o la megaminería. En este período del ciclo hidro-social, Mendoza sostiene, a su vez, una disputa interna en relación al agua, además del conflicto que mantiene con La Pampa.

CONSIDERACIONES FINALES

El análisis crítico de las fuentes permitió establecer periodizaciones en el ciclo hidrosocial del Atuel, siendo demarcadas por hechos claves que implicaron un grado de complejidad del ciclo hidro-social cada vez mayor. A su vez, esta periodización permitió identificar y caracterizar a los actores que fueron surgiendo y las acciones que emprendieron en los distintos momentos. El ciclo hidro-social del río Atuel se vio afectado por los distintos usos que se comenzaron a hacer: desde la irrigación a la producción de la energía, pasando por las actividades del fracking y de la megamineria.

En el último período que se identifica, está presente el extractivismo por medio de actividades que involucran mayores usos de agua para producción de energía y fracking que, en territorio mendocino, afectan puntualmente a los caudales del Atuel que se deben compartir con La Pampa. En este contexto de recrudecimiento del extractivismo, la disputa por el agua plantea nuevas estrategias por parte de los actores involucrados tanto en los niveles discursivos como en las habilidades de acción y concientización. En tal sentido, el conflicto por las aguas del Atuel ingresó en un nuevo período marcado por la lógica del extractivismo, donde, si bien las explotaciones funcionan como enclaves, las lógicas políticas en que se inscriben superan el ámbito provincial, anclándose en intereses en parte nacionales, pero, fundamentalmente, multinacionales. En el caso pampeano tampoco se dimensionan los riesgos reales de contaminación del río, que no afectarían solo a Mendoza, sino a todo el territorio hidro-social.

Para finalizar, parece necesario el diálogo entre las asambleas pampeanas y sus pares del sur mendocino, que también luchan por al agua y en contra de los proyectos de extracción de hidrocarburos por métodos no convencionales que ya se están implementando. En ambos casos optaron por estrategias diversas para organizarse en defensa del agua como bien común. En este sentido es necesario que desde las asambleas pampeanas se adopte un enfoque global en la lucha por el Atuel, pues el río es objeto de otras tensiones y nuevos conflictos marcados por las lógicas del extractivismo, que avanza sobre nuevos territorios. Desde La Pampa, a través de los años de lucha por el río Atuel, se moldeó la identidad hídrica pampeana, en tanto en Mendoza esa identidad hídrica se construyó en torno a los oasis irrigados.

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___________________________

¹ El presente trabajo es una versión revisada de la ponencia presentada y publicada en la página de las Jornadas de Jóvenes Investigadores del Instituto Gino Germani realizadas en noviembre de 2017 en la ciudad de Buenos Aires. La presente versión incorpora las observaciones realizadas y profundiza en algunos aspectos y actores que intervienen en el ciclo hidro-social del río Atuel.

² Consistían en lagunas, islotes y humedales en los que se generaba una flora y fauna diferente al entorno semiárido.

³ Barreiro Cavestany, citado por Arocena, 2013.

⁴ Gudynas, 2009. Svampa y Viale, 2014. Machado Aráoz, 2014.

⁵ Romero Wimer, 2016. Villulla, 2015.

⁶ Galafassi y Riffo, 2018.

⁷ Giarraca, 2012.

⁸ Machado Aráoz, 2013, 18.

⁹ Swyngedouw, 2004.

¹⁰ Swyngedouw, 2015, 19.

¹¹ Yacoub et al., 2016. Rondón Ramírez, 2017.

¹² Raffestin, 2015.

¹³ Boelens et. al., 2017, 87.

¹⁴ Damonte, 2015.

¹⁵ Ivars, 2013. Seoane, 2011.

¹⁶ Bechis, 2008.

¹⁷ Austral, 1971.

¹⁸ Lagiglia, 2007.

¹⁹ Saurina y Quiles, 2012.

²⁰ De Angelis, 1965, 508.

²¹ De Angelis, 1965, 212.

²² Biblioteca de la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa, Mensura Colonia Agrícola Butaló, 1909, 14. ID RA/0053, 1909.

²³ Biblioteca de la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa, nota de Eduardo Pellet Lastra, ID RA/0065, 1938.

²⁴ Biblioteca de la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa, nota al Gobernador del Territorio Nacional de La Pampa, Dr. Evaristo Virasoro, 1938.

²⁵ Mateu, 2012, 67.

²⁶ Mateu, 2012.

²⁷ Fundación Chadileuvú: http://www.chadileuvu.org.ar/fuchad/index.php/documentos/77-punto-10

²⁸ Biblioteca de la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa, Radiograma enviado por radiotelegrafista de Paso de los Algarrobos, Ángel Garay, al presidente J. D. Perón, 9 de agosto de 1947. ID RA/0211, 1947.

²⁹ Departamento General de Irrigación, 2016.

³⁰ Swyngedouw, citado por Turton & Ohlsson, 1999.

³¹ Ove Bock, expediente 3581/M del Ministerio del Interior, citado por Difrieri, 1980, 24.

³² Ballester, 1939. Dillon, 1940. Dohuart, 1948. Canelle, 1950. Marzo e Inchaupe, 1960. Citados en Difrieri, 1980.

³³ Néstor, integrante de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, noviembre de 2017.

³⁴ Entrevista a Pilar, asambleísta de General Alvear, abril de 2018.

³⁵ D’Elia y Ochandio, 2014, 17.

³⁶ Pilar, asambleísta de General Alvear, abril de 2018.

³⁷ Juana, asambleísta de Santa Isabel, marzo de 2018.

³⁸ Pilar, asambleísta de General Alvear, abril de 2018.