Dossier
water and landscape
AGUA y TERRITORIO
Las sequías en Santiago de Chile durante el siglo XVIII: confrontaciones, transgresiones y disposiciones en tiempos de escasez hídrica
Droughts in Santiago de Chile during the eighteenth century: confrontations, transgressions, and provisions in times of water shortages
Andrea Noria Peña
Universidad de los Andes, Chile
Información del artículo
Recibido: 05/06/2022
Revisado: 13/10/2022
Aceptado: 20/10/2022
ISSN 2340-8472
ISSNe 2340-7743
DOI 10.17561/AT.22.7198
CC-BY
© Universidad de Jaén (España).
Seminario Permanente Agua, Territorio y Medio Ambiente (CSIC)
RESUMEN
La investigación analiza las diversas prácticas, confrontaciones —y los respectivos castigos por parte de las autoridades— que se suscitaron en períodos de sequías y de escasez hídrica en Santiago de Chile durante el siglo XVIII. Se reconstruyeron y compararon las medidas tomadas por los vecinos y por las instituciones. Para ello, nos enfocamos principalmente en las actas del cabildo, comunicaciones oficiales localizadas en los fondos de Capitanía General y Real Audiencia (Archivo Nacional Histórico, Chile), así como en el Archivo General de Indias. Los resultados arrojan que los vecinos transgredieron continuamente las normas sobre la distribución del agua no solamente en tiempos de extremismo climático, por lo que se convirtió en una práctica cotidiana que permitió advertir un conflicto estructural relativo al manejo y control del recurso natural, especialmente disputado por actores sociales con intereses económicos.
PALABRAS CLAVE: Sequías, Escasez hídrica, Confrontaciones, Santiago de Chile, Siglo XVIII.
ABSTRACT
The research analyzes the various practices, confrontations —and the respective punishments by the authorities— that arose in periods of drought and water shortage in Santiago de Chile during the eighteenth century. The measures taken by neighbors and institutions were reconstructed and compared. For this purpose, we focused mainly on the minutes of the council, official communications located in the collections of the Capitanía General and Real Audience (Archivo Nacional Histórico, Chile), as well as in the Archivo General de Indias. The results show that the neighbors continuously transgressed the norms on water distribution not only in times of climatic extremism, so it became a daily practice that allowed us to notice a structural conflict related to the management and control of the natural resource, especially disputed by social actors with economic interests.
KEYWORDS: Droughts, Water scarcity, Confrontations, Santiago de Chile, 18th century.
A seca em Santiago do Chile no século XVIII: confrontos, transgressões e disposições em tempos de escassez de agua
RESUMO
A pesquisa analisa as várias práticas, confrontos –e as respectivas punições por parte das autoridades– que surgiram em períodos de seca e escassez de água em Santiago do Chile durante o século XVIII. As medidas tomadas pelos vizinhos e pelas instituições foram reconstruídas e comparadas. Para isso, nos concentramos principalmente nas atas do conselho, comunicações oficiais localizadas nos acervos da Capitania Geral e Audiência Real (Arquivo Histórico Nacional, Chile), bem como no Arquivo Geral das Índias. Os resultados mostram que os vizinhos transgrediam continuamente as regras de distribuição de água não apenas em tempos de extremismo climático, pelo que se tornou uma prática cotidiana que permitiu perceber um conflito estrutural relacionado à gestão e controle do recurso natural, especialmente disputado por atores sociais com interesses econômicos.
PALAVRAS–CHAVE: Secas, Escassez de água, Confrontos, Santiago do Chile, Século XVIII.
La sécheresse à Santiago du Chili au XVIIIe siècle: affrontements, transgressions et dispositions en temps de pénurie d'eau
RÉSUMÉ
La recherche analyse les différentes pratiques, les confrontations –et les sanctions respectives par les autorités– qui ont surgi dans les périodes de sécheresse et de pénurie d'eau à Santiago du Chili au cours du XVIIIe siècle. Les mesures prises par les voisins et par les institutions ont été reconstituées et comparées. Pour cela, nous nous concentrons principalement sur les procès–verbaux du conseil, les communications officielles situées dans les collections de la Capitainerie Générale et de l'Audience Royale (Archives Historiques Nationales, Chili), ainsi que dans les Archives Générales des Indes. Les résultats montrent que les voisins ont continuellement transgressé les règles sur la distribution de l'eau non seulement en période d'extrémisme climatique, pour lesquels s’est devenu une pratique quotidienne qui a permis de constater un conflit structurel lié à la gestion et au contrôle de la ressource naturelle, particulièrement contesté. Par des acteurs sociaux ayant des intérêts économiques.
MOTS–CLÉS: Sécheresses, Pénurie d'eau, Affrontements, Santiago du Chili, XVIIIe siècle.
Siccità a Santiago del Cile nel Settecento: scontri, trasgressioni e provvedimenti in tempi di scarsità d'acqua
ASTRATTO
La ricerca analizza le varie pratiche, i confronti –e le rispettive punizioni da parte delle autorità– sorti in periodi di siccità e scarsità d'acqua a Santiago del Cile nel corso del XVIII secolo. Sono state ricostruite e confrontate le misure prese dai vicini e dalle istituzioni. Per questo, ci concentriamo principalmente sui verbali del consiglio, comunicazioni ufficiali che si trovano nelle collezioni della Capitaneria Generale e dell'udienza Reale (Archivio Storico Nazionale, Cile), nonché nell'Archivio Generale delle Indie. I risultati mostrano che i vicini hanno trasgredito continuamente le regole sulla distribuzione dell'acqua non solo in tempi di estremismo climatico, per cui è diventata una pratica quotidiana che ha permesso di notare un conflitto strutturale legato alla gestione e al controllo della risorsa naturale, particolarmente conteso da attori sociali con interessi economici.
PAROLE CHIAVE: Siccità; Scarsità d'acqua; Scontri; Santiago del Cile; XVIII secolo.
Introducción
Desde el año 2010 Chile ha sido el escenario de una aguda disminución de las precipitaciones, caracterizada por su gran extensión temporal y una prolongada persistencia desde entonces. La megasequía, como se le ha denominado, ha generado un fuerte debate en las comunidades científicas y en la agenda pública por la intensificación de los problemas de distribución y acceso al recurso hídrico, el impacto económico y social, la intensificación de los incendios forestales, la disminución de los caudales y escorrentía, el cambio climático, etc.
Sin embargo, la problemática en torno a la sequía y a la escasez del agua por problemas de su distribución no es nueva. Ya desde la época colonial encontramos documentación que deja en evidencia el rol que desempeñó el extremismo climático en la sociedad y también los diversos conflictos que se originaron no solamente en tiempos de sequías, sino también por problemas de distribución del recurso entre los vecinos de las principales urbes. En este sentido, nos planteamos como objetivo analizar las confrontaciones, transgresiones y disposiciones1 que se sucedieron en la ciudad de Santiago de Chile durante el siglo XVIII en tiempos de escasez hídrica, con especial atención en aquellos períodos de sequía.
La investigación se aborda desde el estudio histórico y social de los desastres para comprender de manera analítica la diferencia entre el desastre, como el resultado del cruce en el espacio y en el tiempo de un contexto vulnerable y una amenaza natural que develan condiciones críticas preexistentes, y el fenómeno natural. En este sentido, no todos los procesos naturales (en este caso las sequías) que se presentaron detonaron un proceso de desastre. Otro elemento conceptual importante es el de la gestión del agua o recursos hídricos, entendiéndolo como las acciones realizadas por los actores institucionales destinadas a la atención del ciclo hidrosocial y, al mismo tiempo, eventos de exceso y/o escasez del agua con el fin de optimizar el uso del recurso (según oferta y demanda)2.
Existen importantes trabajos dedicados al clima en Chile ya desde el siglo XIX, como el de Benjamín Vicuña Mackenna3, quien realiza un ensayo sobre el tema a partir de fuentes documentales. En la misma tónica, Vicente Pérez Rosales4 le dedica un capítulo de su obra al clima y a las fuentes hidrográficas naturales, sin embargo, no se mencionan las sequías ocurridas hasta entonces. Por su parte, Julio Bustos Navarrete5, ya en el siglo XX, publicó un estudio meteorológico, alcanzando un sucinto recuento de sequías que afectaron a Chile desde el siglo XVII hasta las primeras décadas del siglo XX y, especialmente, de lluvias extremas.
Desde la línea de investigación de historia del clima también se han realizado considerables esfuerzos por entender el impacto histórico de determinados fenómenos naturales, contribuyendo con aportes metodológicos sobre las fuentes en el estudio del clima de la región sur–austral6. Otros trabajos se inclinan más por el análisis de las principales fluctuaciones climáticas globales en los territorios argentino y chileno, teniendo como objetivo entablar puentes entre la historia de las sociedades y el clima, como parte de un proceso indivisible para el estudio de las sociedades7.
Por otro lado, se cuenta con varios estudios sobre las regulaciones del agua en el Chile colonial y, específicamente, en Santiago. Muchos de ellos provenientes de las ciencias del derecho. Nos interesa destacar aquellos que también analizan el periodo temporal de la presente investigación. En el trabajo de Gonzalo Piwonka, por ejemplo, se estudian las aguas de Santiago durante todo el período colonial8. El autor no solo dedica gran parte de su obra a analizar las regulaciones jurídicas del agua, sino que también profundiza en las distintas fuentes del recurso hídrico y su distribución, con lo cual ofrece un panorama general de las obras hidráulicas que ya existían en aquellos territorios en el momento de la conquista e identifica las que fueron construyéndose a lo largo de toda la administración monárquica. En esta misma línea se encuentran los trabajos de Antonio Dougnac Rodríguez sobre el derecho de aguas de la ciudad de Santiago en los siglos XVI, XVII y XVIII; estas investigaciones analizan las disposiciones jurídicas sobre el agua en el cabildo de Santiago, enseñando su importancia para la cotidianidad social y económica en la capital del reino y su conexión intrínseca con otros recursos naturales clave para la estructura económica del territorio9.
Fuentes y metodología
El presente estudio corresponde a un análisis histórico con estrategia documental, con el fin de identificar y sistematizar las diversas confrontaciones, transgresiones y disposiciones tomadas frente a las sequías en períodos preinstrumentales. Para ello, recurrimos, en primera instancia, a las actas del cabildo de Santiago. Se revisaron las sesiones del siglo XVIII, cruzando la información con fuentes de diversa índole como los relatos de viajeros y cronistas, comunicaciones de los actores institucionales localizadas en los fondos de Capitanía General y Real Audiencia que reposan en el Archivo Nacional Histórico de Chile, así como manuscritos del Fondo Medina de la Biblioteca Nacional de Chile. También se revisó la Audiencia de Chile del Archivo General de Indias, especialmente el expediente relativo a la construcción del Canal San Carlos, que ofrece rica información sobre distintos períodos de sequías a lo largo de dicha centuria y sobre la infraestructura hidráulica.
En términos metodológicos, para el caso específico de las confrontaciones, transgresiones y disposiciones que tuvieron lugar en tiempos de sequías y escasez hídrica, nos interesamos por las medidas y debates en los momentos más álgidos, es decir, las reacciones para los períodos de las contingencias, atendiendo a la estrategia del durante y el después de la presencia de la amenaza. Estos momentos, identificados en las actas de los cabildantes, permitieron agrupar las acciones y medidas desplegadas inicialmente por actores económicos, políticos, institucionales y por los vecinos de la ciudad, según el tipo de discusión generada y las que se sostuvieron en el tiempo, lo cual conllevó a identificar diversos tipos de estrategias.
Agua y escasez en Santiago de Chile
Las condiciones geográficas y geológicas donde se encuentra asentada la ciudad de Santiago de Chile favorecen la incidencia de procesos climáticos extremos como el caso de las sequías; y también es estímulo para tomar medidas de distribución y acceso al recurso hídrico. En efecto, la cuenca de Santiago está ubicada entre la cordillera de la costa al poniente y las primeras estribaciones de la precordillera andina al oriente; al norte podemos encontrar el cordón de Chacabuco y al sur los cerros del Paine. Así, el suelo de la cuenca dio paso a la ocupación urbana de la ciudad de Santiago. El clima se distingue por ser de tipo mediterráneo, caracterizado por una extensa estación seca y otra invernal con inviernos lluviosos entre mayo y agosto. La barrera de la cordillera de los Andes presenta un frío de altura que permite la acumulación de nieve y campos de hielo en cumbres y quebradas. Algunos viajeros y cronistas del siglo XVIII indicaron que llovía suavemente durante la época invernal y que estas lluvias comenzaban en el mes de mayo en el caso de Santiago. En efecto, para el siglo XVIII, el abate Molina tuvo a bien señalar que las lluvias se presentaban entre abril y principios septiembre. Pero ya desde el siglo XVII Luis Tribaldos de Toledo señalaba que llovía en Santiago entre mayo y agosto y que aquellas lluvias en todo caso se presentaban suavemente, coincidiendo con lo señalado por Pérez García10.
Estas condiciones, bien reconocidas en la época colonial, determinaban los tipos de cultivos de la zona, así como las mismas características hídricas. En este sentido, era de esperar que las lluvias y las nevadas en la cordillera andina habrían de garantizar reservas de agua para la demanda durante la estación seca, gracias a los deshielos cordilleranos y el mantenimiento de los caudales de los ríos. Cuando estas condiciones se veían alteradas, la sequía estival se agudizaba y generaba problemas, especialmente en términos de distribución del recurso ya que su disponibilidad se veía disminuida. Varias fuentes para la época de estudio vinculaban la falta de lluvias y la disminución de las nieves con la escasez hídrica.
Son estas mismas condiciones las que garantizaron se generasen medidas para el establecimiento en la zona sin sufrir las consecuencias de las sequías primaverales y veraniegas. Armando de Ramón indica que muchas de esas medidas se pueden advertir, incluso, antes de la llegada de los españoles. Por ejemplo, ubicar los sembradíos a las faldas de la cordillera ya que los deshielos permitían mantener vertientes, manantiales, arroyos, y garantizar el crecimiento de los pastos, así como el regadío de la siembra11.
En todo caso, podría suponerse que estas condiciones generarían una imagen negativa de la región y su principal urbe en cuanto a la productividad agrícola. Sin embargo, el potencial agrícola por la fertilidad de los suelos fue reconocido desde muy temprano en el denominado reino de Chile, especialmente en la zona central. La adaptación de animales y semillas resultó un buen indicador de ello, además del marcado paisaje hídrico que se apreciaba por la abundancia de los cursos naturales de agua, según cronistas y viajeros, y con ello su explotación con fines de distribución y abastecimiento.
Así, la ciudad de Santiago de Chile, al igual que otras ciudades hispanoamericanas de la época, detentó un complejo sistema de conducción de agua, según se aprecia con las acequias establecidas. A pesar de ello, según testimonios, la ciudad manifestó en reiteradas oportunidades diversas problemáticas a raíz de la esterilidad de la tierra y del abastecimiento de agua que se vinculaban, al mismo tiempo, con los efectos en la alimentación de la población por la pérdida del ganado, la escasez de pastizales, el alza de los precios, el acaparamiento del trigo, etc., escenarios que presionaban por el acceso al recurso hídrico. Esta tradición en el desarrollo de infraestructura hidráulica, a partir de la existencia de múltiples sistemas de abastecimiento que pretendían garantizar la regularidad del recurso, permite vincular el espacio con la escasez, especialmente determinado por las sequías estivales12.
Por otro lado, desde el siglo XVI el cabildo de Santiago se ocupaba de las aguas de la ciudad y de su sistema de distribución, al comienzo bajo la figura del alarife y, posteriormente, el fiel ejecutor, quien podía sancionar a los infractores de las normativas establecidas. Entre sus obligaciones estaba el mantenimiento de la infraestructura hidráulica, así como realizar la limpia, es decir, la limpieza de las acequias para evitar que se anegaran y se produjera escasez13.
La gestión de las aguas no solo se daba en los períodos de disminución de las lluvias, sino también por los conflictos que se presentaban por el uso, siempre motivados por distintas prácticas para la desviación del recurso a beneficio de particulares y no del común. La solicitud de nuevos cauces o bien de modificaciones de los que ya existían se aprobaba por el cabildo o por el gobernador, bajo la condición de que no se perjudicara a terceros. Incluso, fueron estas disputas las que condujeron a la creación de una alcaldía de aguas en 157314 destinada al reparto del agua de acuerdo con un sistema de turnos establecido15. Junto con los alcaldes de agua también se desempeñaron los cargos de tenientes de agua o ayudantes de agua, encargados del mantenimiento y requisa del aparato hidráulico de la ciudad y de los trabajadores destinados a las distintas obras (entre esos trabajadores se usaba a los presos). En tiempos de sequía, por ejemplo, entre las medidas tomadas por los cabildantes estaba aumentar el número de regidores en este ámbito, como sucedió durante las sequías de 1757 y 1758.
El cargo de alcaldes de agua, en la práctica, tenía una duración de un año, aunque en la Tabla de Ceremonias y Etiqueta del Cabildo de Santiago de 1760 se estipula que el cargo de juez de agua se asumía los días siete de enero por un período de dos meses y se elegía entre los señores del regimiento de acuerdo con su antigüedad16. Ya para la segunda mitad del siglo XVIII, con el establecimiento de los alcaldes de barrio, por auto acordado de la Real Audiencia el 17 de agosto de 1778, estas tareas serían compartidas entre el cabildo y estos oficiales, quienes también debían vigilar el aseo de las calles y el libre curso de las aguas de las acequias. Los bandos de buen gobierno también contenían, por cuestiones de gobernabilidad y seguridad pública, materia de agua17. Entre las atribuciones de los intendentes recaía la gestión del recurso hídrico, sin embargo, esta figura institucional fue inconstante en las colonias hispanoamericanas. Para el caso de las aguas en Mendoza, la función del intendente se delegó al cabildo18; en Nueva España a los intendentes les concernía las nuevas acequias de regadío y molinos, así como el aprovechamiento de las aguas superficiales y subterráneas para la fertilidad de las tierras19.
En la gobernación de Chile el control de las aguas se ejecutó con la aplicación del sistema de turnos, a diferencia de otros lugares como Lima, donde en las ordenanzas del virrey Toledo se establecían turnos en las zonas urbanas solo en tiempos de escasez, y en los momentos no críticos se utilizaba el agua libremente según escurriese. Con respecto a los turnos destinados para el riego, solo para el norte de la gobernación — especialmente en Copiapó a partir de 1768— fueron permanentes durante todo el año, independientemente de que no fuese época de sequía20.
En la provincia de Santiago los turnos de riego se implantaron de manera ocasional, únicamente en momento de escasez; además, existieron turnos nocturnos, y durante los fines de semana se podían recibir las aguas de la acequia principal. Bajo esa lógica lo implementó el gobernador Ambrosio O’Higgins frente a la sequía de 1790, por ejemplo, como “en iguales casos ha sido costumbre”21. Por estas razones, dispuso a través de una providencia promulgada el 18 de septiembre de ese año que los dueños e interesados ubicados en la parte de arriba del Puente Viejo utilizaran tres días a la semana, y cuatro los de las tomas de abajo. El cumplimiento de la providencia debía ser controlado por el regidor encargado y acatado por todos los habitantes. Estas disposiciones no eran novedosas y para ello el gobernador O’Higgins se remite al Libro Cuarto, Título 17, Ley XI, de la Recopilación de las Leyes de Indias.
Mediante “mercedes de heridos” también se reguló la ingeniería hidráulica. El primer molino en la ciudad fue el de Rodrigo de Araya instalado en el año de 1548 en el sudoeste del cerro Santa Lucía; el mismo año se autorizó a Bartolomé Flores para la creación de otro molino junto a la ermita de Santa Lucía o Alto del Puerto, en posición opuesta al primer molino. Las “mercedes de heridos” se solicitaban generalmente al cabildo y los gobernadores, facultados para su otorgamiento. Las ordenanzas de audiencias del año 1563 autorizaban en estas materias a esta institución monárquica22. En todo caso, la normativa en torno al agua dispuesta desde el siglo XVI se mantuvo durante toda la época colonial, siendo reiterada en los bandos23 y solo en contadas ocasiones se dictaron normativas locales en los siglos XVII y XVIII24.
Las redes hidrosociales en tiempos de sequías y escasez hídrica
La presencia de la sequía como resultado de una disminución de los valores pluviométricos regulares genera desequilibrios en la disponibilidad del recurso hídrico. Esta situación se complica en aquellas regiones donde las sequías son parte regular de las condiciones medioambientales, de manera que el uso y la gestión del agua se convierte en un escenario de conflictos que las autoridades buscan evitar o resolver con regulaciones. Estas normativas, además de ajustarse al marco general indiano durante el periodo colonial, estaban motivadas en muchos casos por contextos específicos, perfiladas a la implantación de sistemas de distribución cuya complejidad en los métodos y la desigualdad dentro de las comunidades se atendía a escala local.
Las autoridades locales y monárquicas regularon la distribución del recurso hídrico, especialmente en tiempos de escasez y sequías. El agua como recurso natural estratégico pasó a ser un recurso disputado por diversas redes y actores sociales (autoridades civiles, eclesiásticas, hacendados y comerciantes) en aquellos períodos cuando no abundaba25. Así, las regulaciones para su control y dominio generaron, simultáneamente, prácticas y actividades que transgredían las normativas vigentes desde el siglo XVI a partir de evidenciar escenarios de conflictos entre los implicados.
Estas prácticas transgresoras fueron extendidas no solo en tiempos de sequías, sino también en períodos normales, lo que permitió evidenciar problemas asociados especialmente a la distribución y gestión del recurso. El problema de la escasez de agua (además de los períodos caracterizados por la sequedad del tiempo) ocurría por el aumento de la demanda debido al incremento de las haciendas en los alrededores de la ciudad; así lo indicaron, el 27 de enero de 1758, los cabildantes en el marco de un acuerdo para el nombramiento de Juan Ignacio Goycolea como juez de agua para el interior de la ciudad26. El cargo venía a velar, entre otros elementos, que no se extrajese el agua de las acequias madres por parte de los vecinos. La extracción ilícita y desvío del agua, a través de los llamados “ladrones de agua” o bien de albañales, fue de las acciones más comunes27.
Al mismo tiempo, este escenario contribuyó con otros daños que afectaban la higiene pública, como las inundaciones de las calles y la generación de lodazales, pues muchas acequias se desbordaban y dificultaban su limpieza, un aspecto de gran interés para los agentes locales y monárquicos en cuanto al tema de la salubridad y las limpiezas y las variadas disposiciones para garantizar el mantenimiento de las acequias. Es más, aun en tiempos de sequía, como entre 1757–1758, la discusión por el tema de los “ladrones de agua” se argumentaba por la “la deformidad a la ciudad y aun de embarazo al tránsito común de sus calles”28. De hecho, en el acuerdo para nombrar al juez de agua también se le solicitó al alarife Jorge Lanz que recorriese la ciudad para identificarle al juez cuántos “ladrones de agua” había, además de los “necesarios para el legítimo curso del agua”29, contabilizando las casas o conventos de donde salían y sus respectivos dueños, de manera que el cabildo tomara las medidas necesarias en beneficio de la administración de justicia30.
En este sentido, siguiendo los planteamientos de Lanz por la dificultad para realizar la tarea encomendada, el escenario advierte, además, que la distribución de las aguas a través de las acequias, tanto en el interior como en el exterior de la ciudad, estaba debidamente reglamentada. En efecto, el alarife le solicitaba al cabildo facilitarle dicha traza o reglas que le permitiesen distinguir entre los llamados “ladrones de agua” y las acequias de permiso, ya que en la práctica solo los diferenciaba la legitimidad de su uso. Para mediados de ese año el alcalde de agua del exterior de la ciudad, Sebastián de la Barra, también hizo eco de las continuas quejas de los vecinos por la falta de agua y se instó a que se colocase una persona de confianza que resguardara el vital recurso, garantizase su distribución y evitase el desorden31. Para 1761 se insistía en verificar el estado de las acciones destinadas a tapar los “ladrones de agua”, que abundaban especialmente en el barrio de San Agustín, hacia la parte baja32.
En algunas ocasiones la situación que se generó como consecuencia de la falta de agua condujo a enfrentamientos armados. Con la sequía de 1725, por ejemplo, las autoridades determinaron que los hacendados de la parte de arriba, en el pago de Ñuñoa, y los de la parte de abajo, en el de Renco, debían establecer el sistema de turno para el uso del agua del río y los tenientes de agua ejecutaron la medida; a pesar de esto, la escasez fue crítica y muchos optaron por hurtar el agua a través de “cuadrillas y armados”. Por su parte, los vecinos que tenían viñas elevaron sus quejas y pedimentos al cabildo por la escasez que se generó en las acequias, lo que produjo nuevas providencias para evitar las diferencias entre los afectados33. La solicitud de rogativa que acordó el cabildo en julio de 1727 para que “hubiese pluvia” se fundamentó en que los campos estaban esterilizados por la falta de agua y que el común padecía “diferentes achaques violentos”34; estas medidas permiten intuir que recurrir a la violencia durante los momentos críticos de escasez fue una práctica habitual.
Este sistema de turnos, de hecho, generó numerosas quejas. Ante la sequía de 1757 se publicó bando con fecha de 28 de septiembre en relación con las alternativas de las aguas donde se establece que los hacendados de la parte de arriba dispondrían de dos días, desde el lunes a partir del ocaso hasta el miércoles a la misma hora, y los de la parte de abajo dispondrían de dos turnos, uno de tres días, de miércoles a sábado, y otro de dos días, de sábado a lunes. Los hacendados de arriba no acogieron de buena manera la providencia así que representaron ante las autoridades sus quejas. Esta alternativa se estableció gracias a la presentación de unos expedientes que, según dichos hacendados, no planteaban la verdadera necesidad del vecindario. El argumento principal hacía referencia a que la distribución no era equitativa, así que para demostrar el punto de sus demandas aquellos vecinos realizaron una matrícula de las chacras y arboleadas de las inmediaciones de Santiago. Establecieron que existían en la parte de arriba, de uno u otro lado del río, unas 84 chacras, sin incluir aquellas que solamente contemplaban árboles frutales, y los de la parte de abajo en conjunto solamente computaban 32 chacras, 9 correspondientes a una parte del río y 23 en el otro extremo. Además de eso también adujeron que a la hora de utilizar el sistema de turnos debían considerarse varios factores, entre ellos, que las chacras de la parte de arriba, por ejemplo, no solamente presentaban una mayor distancia, sino que tenían condiciones desventajosas del suelo en comparación con las de abajo. Unas ameritaban mucha más agua y las otras podían retener la humedad por un lapso mayor. A pesar de las tres variables que enumeraron, las chacras de abajo disponían de cinco días de regadío35.
Además de las quejas, estas diferencias y conflictos por los turnos de agua terminaron en violencia. Entre 1757 y 1761, una etapa caracterizada por mucha “sequedad del tiempo”, no solo los vecinos de la ciudad de Santiago elevaron quejas por la falta de agua. Mientras el cabildo capitalino debatía sobre la disminución del caudal del Mapocho y determinaba medidas para la alternativa del agua de dicho río, también surgieron conflictos por la disminución de las aguas del río Colina y solicitudes para la implantación del sistema de turnos. En este contexto, entre Ignacio Zebreros, sus hijos Tomás y Carlos, y el teniente de agua de Colina, Agustín de Vargas, se generó una situación tensa a raíz del sistema de alternancia. Para evitar “escándalos y alborotos entre personas de distinción”, Zebreros solicitó al gobernador y presidente de la Real Audiencia que interviniese en el conflicto porque, según su versión, el teniente se aprovechaba de su empleo para abusar de él y sus hijos, ya que les tapaba la bocatoma antes de culminar el turno36. Lo enmarañado del problema terminó por involucrar al juez de agua designado por el cabildo, Antonio del Águila, quien fue el encargado de establecer el turno como estaba planteado.
El conflicto comenzó cuando el juez de agua y el teniente de agua comisionaron a Juan Claveros para que tapase la bocatoma una vez completado el término establecido, momento en el cual los hijos de Ignacio Zebreros lo atacaron con garrotes y lo hirieron por la espalda. Al respecto, se les solicitó a los agresores que no “tuviesen atraviesa de obra ni de palabra” con el agredido, pero la notificación no rindió los frutos esperados37. Al día siguiente de ser recibida por los hermanos, Tomás Zebreras se dirigió a la hacienda de Batuco (propiedad de Juan de Noriega) donde se encontraba un peón del agredido cortando leña y le quitó el hacha, lo cual fue suficiente para que Claveros entablara una querella en contra del hermano. El teniente Agustín de Vargas mandó comparecer a don Tomás, primero verbalmente y luego por escrito, y, en defensa de su hijo, don Ignacio decidió arremeter contra Vargas frente a la máxima autoridad de aquel reino38.
Por otro lado, los turnos de agua establecidos en Santiago durante la época de sequía también generaron prácticas fuera de la normativa, como la construcción de hoyos que se convertían en una especie de laguna para disponer del recurso hídrico fuera de turno. Ya desde la Ordenanza de Policía de Santiago n.º 22 de 1569 se prohibía la construcción de estos hoyos. Existían, no obstante, autorizaciones reales para cavar pozos de agua, cisternas o jagüeyes39.
Por ejemplo, en un expediente sobre el trasvase de las aguas del río Maipo, se señala que el cabildo de la ciudad de Santiago, en carta de 8 de marzo de 1768, expuso los continuos conflictos que se presentaban entre los distintos hacendados de la parte de “arriba” y los de la parte de “abajo” en los meses que regularmente se daba la escasez de agua (febrero, marzo, abril y mayo)40. Este escenario de distribución desigual del agua generaba que el río disminuyera considerablemente su caudal y que las acequias no tuviesen el flujo necesario para garantizar las necesidades básicas de los vecinos, en especial aquellos de la parte inferior, por lo que, según el cabildo, estos se veían en la obligación de “…formar hoyos en la arena para encontrar la precisa para beber”41.
Esta situación de desorden en tiempos de escasez instó al corregidor de la ciudad, en su comparecencia en la Real Audiencia el 13 de marzo de 1767, a que diera cuenta de los daños y peligros que se producían, según testimonio remitido por la ciudad en la mencionada carta; pero sus resoluciones al respecto no lograron calmar el conflicto, de manera que solicitó a las autoridades imperiales que “se pusiesen soldados y guardas armados en los parajes acostumbrados”42. El pago de estos oficiales correría a cargo de los vecinos de la ciudad, específicamente los de la parte afectada. La solicitud no procedió. El dictamen del fiscal de la Real Audiencia acordó suspender las providencias a razón de lo avanzado del tiempo. Así, los vecinos de la ciudad no solo se vieron sin el recurso hídrico para su consumo, sino que además no pudieron abastecerse de los productos básicos para alimentarse porque, precisamente, los vecinos de la zona baja de la ciudad, la más afectada, eran los proveedores. Frente a ello, el cabildo de Santiago planteó que la resolución adoptada por la Real Audiencia a través del fiscal “tal vez tenía por objeto el atender a los respectos de los hacendados de la parte de arriba entre los cuales eran dueños de grandes posesiones algunos ministros de aquella Real Audiencia”43.
Los vecinos de la parte de abajo acudieron por escrito el 27 de febrero de 1768 al oidor decano de la Real Audiencia, Juan de Balmaceda y Celsano Beltrán (1702–1778), quien desde agosto de ese año era el gobernador interino de Chile. El gobernador decidió, según la representación del cabildo, designar a Benito de Salas como juez de agua, lo que el cabildo asumió como una ofensa a la regalía que de “inmemorial tiempo ejercía la ciudad” de designar este cargo. Además, el juez designado ya había sido depuesto por el cabildo de un cargo similar, el del teniente de juez de agua por la venta de los turnos de agua44.
La posición de los cabildantes tenía como objeto cuestionar el que las medidas buscasen beneficiar el regadío de las viñas y sembradíos del gobernador interino, que se encontraban, precisamente, en la parte de la ciudad que salía aventajada con la distribución del agua45. Con esta problemática, el cabildo pedía que se les restituyera la facultad de elegir al juez de agua y que además se le prohibiese a Juan de Balmaceda, por un lado, que sacase toma de agua sin marco y, por otro, que estuviese relacionado con lo concerniente a la distribución del agua por ser uno de los mayores hacendados de las partes en conflicto.
Frente a la representación del cabildo, que estuvo acompañada por dos testimonios, la contaduría indicó que lo contenido en esos testimonios no daba fundamento para el discurso presentado por el ayuntamiento frente a la problemática, en especial lo concerniente al oidor de la Real Hacienda, Balmaceda y Celsano Beltrán, pues argumentaba que poseer haciendas en una de las partes enfrentadas no era justificación suficiente y que, además, no había constancia de que hubiera desempeñado un rol en la disputa contrario a los intereses de los hacendados de abajo, los querellantes. Y que la oposición del cabildo secular frente a Salas tampoco tenía cabida porque asumiendo que “ya estaba nombrado para esta comisión el teniente don Benito Salas (…); pidieron que continuase este en su comisión por lo respectivo a las haciendas de la parte de abajo; y que para la de arriba se nombrase al teniente Valentín del Castillo”46. Así resuelto a solicitud de las partes involucradas, Salas no tendría relación con la distribución de las aguas en los hacendados de la parte de arriba de la ciudad. El choque de poderes entre la estrategia imperial de control de las colonias hispanoamericanas y el creciente aumento de los poderes locales, liderados por los cabildos, es, a nuestro juicio, el trasfondo de la problemática.
Por otra parte, las confrontaciones por la sustracción ilegal del recurso hídrico de las acequias encontraron inconvenientes no solo para los propietarios sino también dentro del grupo de los inquilinos47. El cambio progresivo de la estructura económica que se dio en el siglo XVII (con un desplazamiento cada vez mayor del interés hacia los cultivos y con ello una apropiación diferente del valor de la tierra), supuso al mismo tiempo un cambio en las relaciones sociales e institucionales vinculadas a la mano de obra. La encomienda dejó de ser la principal fuente en este sentido y la figura del inquilino que surge después de la segunda mitad de dicha centuria en la zona central de la Gobernación de Chile (cambios que tienen lugar por el auge cerealista, el aumento demográfico de mestizos libres y la disminución de indígenas), fue el resultado del interés que tenían las haciendas en generar mecanismos para incorporar al sistema productivo a toda esta creciente fuerza de trabajo, mestizos y españoles empobrecidos.
Así, los conflictos por las tomas de agua se intensificaron particularmente dentro del sistema de inquilinaje. De hecho, los extramuros de la ciudad de Santiago compuestos por chacras fueron una de las zonas donde se estableció un gran número de arrendatarios que generaron múltiples quejas tras la apertura de nuevas tomas en las acequias48. La Audiencia y el gobernador se vieron en la necesidad de establecer que los propietarios debían garantizar el agua de la toma para sus inquilinos en las áreas aledañas a la ciudad de Santiago; debido a esta medida, se encuentran quejas de aquellos propietarios que se vieron afectados en la localidad de Renca durante los años 1691 y 1693 pues tenían alquilados sembradíos de maíz, fríjoles y alfalfares, y también en Quillota en 1761, que incluso termina con la expulsión del propio inquilino, por ejemplo49.
Entre las resoluciones dadas en época de sequía para atender las transgresiones a la normativa, además del aumento de las autoridades encargadas de la gestión del recurso hídrico, como se advirtió para 1758, en distintas oportunidades se dispuso de un grupo de personas para que se encargaran de vigilar las diversas tomas y evitar confrontaciones entre los de arriba y los de abajo del Mapocho. En este sentido, las tomas se dejaban al cuidado de guardias para evitar que se sustrajera más agua de la debida.
Para finales de 1736 se experimentaba una escasez de agua en las acequias y el caudal del Mapocho había disminuido considerablemente, por lo que, según los cabildantes de Santiago, fueron comunes las infecciones y la proliferación de incendios que no podían ser atendidos por la falta del recurso hídrico. En medio de este contexto de necesidad, los hacendados generaban conflictos pues se llevaban para sus tomas la poca agua que discurría, por lo que el cabildo se vio en la obligación de establecer guardias en dichas tomas para evitar tal sustracción y garantizar “la precisa y necesaria para que beba el común, y para su limpieza y reparos para los incendios”50.
Esta medida, no obstante, no se establecía solamente en época de sequía. En 1747, en acta del cabildo de 17 de noviembre, se señala que con el fin de controlar las constantes inundaciones de las calles de la ciudad por desbordamiento de las acequias o por el rompimiento de estas para sustraer el tan disputado recurso, se solicitó la presencia de un guardia en la toma de agua de toda la ciudad y se seleccionó a Lucas Adames para tal fin51. En la sesión de 27 de enero de 1758 también se indicó la importancia de ubicar y controlar los “ladrones de agua” con el fin de mantener la limpieza de la ciudad y evitar las inundaciones producidas por su derrame52.
Quienes no cumplían con la normativa en tiempos de escasez tenían, por lo general, que pagar penas monetarias, cosa que ocurrió desde las primeras sequías registradas en la ciudad de Santiago. Por ejemplo, durante la ocurrida en 1636 la pena era de 50 pesos cada vez que se determinara una extracción de agua fuera del plazo estipulado53. De manera que las diversas medidas económicas tomadas para garantizar la eficiente gestión del agua también conducían a enconados debates. La puesta de guardias suponía la destinación de un monto para su sueldo. En el contexto de la sequía de 1736, de la necesidad de colocar guardias para evitar la sustracción ilegal de agua y a personas autorizadas para labores destinadas a tapar y destapar las tomas, en el cabildo de Santiago se debatió en sesión extraordinaria del 15 de octubre de ese año la falta de caudal de los propios de la ciudad y el que habían dejado de percibir por la concesión especial del rey en el Ramo de Balanza, lo cual disminuía la facultad del cabildo en los gastos de dicho caudal54. De la mano del procurador general se solicitó a la Junta de Balanza la cantidad de 300 pesos, los cuales quedarían en manos del presidente para su distribución según los gastos expresados. No obstante, la decisión no fue unánime: Diego Martín de Morales se opuso a que se librase cantidad alguna de dicho ramo y don José Alderete pidió que solo se solicitasen 200 pesos. Anteriormente, con la sequía de 1729 también se había acordado el pago de cuatro reales por día para los ocho hombres que se ubicarían en las tomas de agua de la ciudad y un peso por día a cada uno de los dos cabos que acompañasen a cada grupo de cuatro hombres, para cuyo pago se solicitaron 200 pesos del ramo de Balanza55.
Conclusiones
Para finalizar, es necesario indicar que la presencia de sequías durante el siglo XVIII en la ciudad de Santiago se convirtió en una amenaza para aquellos contextos, y frente a esta se generaron desencuentros entre las autoridades y la comunidad, y entre los mismos vecinos. De allí que fue posible evidenciar y sistematizar diversas confrontaciones, transgresiones y disposiciones que tuvieron como eje articulador la distribución del recurso hídrico.
Efectivamente, la presencia de sequías en Santiago condujo a discusiones, altercados y desencuentros entre los vecinos, en especial por el acceso al agua de regadío, pero también se generaron situaciones de conflicto con las autoridades, quienes, en su intento de mediar en contextos de escasez, activaron las medidas necesarias para gestionar el agua.
Como hemos podido advertir, las transgresiones más evidentes se sucedieron en el incumplimiento de los turnos y el establecimiento de “ladrones” en las acequias de la ciudad. El primer caso se ajusta a la hipótesis de que estas prácticas marginales a la normativa local tuvieron de trasfondo una lucha por el monopolio del recurso hídrico con el fin de mantener las posiciones hegemónicas dentro de la estructura social jerárquica y, con ello, garantizar su posición dentro de las relaciones de poder.
El sistema de distribución de aguas por turno se utilizaba solamente en los casos de regadíos, molinos e ingenios, lo cual consolida todavía más la hipótesis señalada. Para el caso de los “ladrones de agua” resultó una problemática mucho más doméstica que generó conflictos especialmente con conventos y monasterios y con algunos grupos sociales, como en el caso de los inquilinos.
El sistema de turnos se intensificaba en épocas de sequías o de prolongada escasez. También permitía llevar a cabo construcciones hidráulicas por cuenta de los particulares, como las acequias desde la bocatoma del río; y en momentos críticos, los vecinos debían costear la mitad de la vigilancia de las tomas. Así, cuando la escasez era muy grave y prolongada, se dividía el uso del agua entre los chacareros ubicados en la zona oriental de la ciudad y los de la parte occidental y los molinos. Estas alternativas también fueron una práctica común a lo largo del siglo XVIII para regular el uso de las aguas del Mapocho principalmente, pero también sucedió con las aguas del río Molina, por ejemplo (sequías de 1778 y 1781).
De esta manera, la realidad frente a la escasez hídrica durante el siglo XVIII en la ciudad de Santiago se podía advertir más allá de un problema con la disminución de las lluvias regulares. Las dificultades que se arrastraban de antiguo con la distribución del recurso encontraron su talón de Aquiles en aquella centuria porque se combinaron con graves períodos de sequías que afectaron los caudales de los ríos, la dinámica con los deshielos cordilleranos y el abastecimiento interno.
Así, la creciente demanda de agua en la ciudad de Santiago generó una relación proporcional entre la sequía entendida como una condición climática y las mismas condiciones tanto materiales como sociales y económicas de Santiago y sus alrededores, de allí grandes proyectos hidráulicos como la construcción del Canal San Carlos, que se activaba siempre en períodos de sequías. Por su parte, como mencionábamos anteriormente, las prácticas transgresoras de las regulaciones que las autoridades llevaban a cabo se convirtieron en estrategias desplegadas por los actores sociales vinculados al poder económico, muchos de ellos coincidentes con las autoridades locales representadas en el cabildo, como evidenciamos en el estudio.
Estas mismas condiciones y la relación entre las diversas variables en juego contribuyeron a que la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos prolongados (como vimos en los casos de 1725, 1757-58 y 1772) no fuese suficiente y generara una tensión permanente con el sistema de distribución del agua, además de otras áreas como el núcleo agroexportador y con el mantenimiento de la población en sí misma, detonando de esta manera procesos de desastres concatenados.
Notas
Este artículo es un extracto actualizado de mi Tesis para optar al grado de Doctora en Historia, titulada Estrategias frente a eventos climáticos extremos en la época colonial hispanoamericana. El caso de las sequías en Santiago de Chile en la etapa borbónica, en régimen de cotutela entre la Universidad de Sevilla y la Universidad Autónoma de Chile.
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1 Por confrontaciones se entienden todos aquellos conflictos (peleas, discusiones, enfrentamientos) por los usos del agua entre los vecinos de la ciudad o bien entre los vecinos y las instituciones. Las transgresiones hacen referencia a las acciones que no acataban las reglas y normativas en torno a los usos del agua. Y, por último, las disposiciones están vinculadas con las normativas y los usos legítimos del recurso hídrico.
2 Banzato, 2016; Garnero, 2022.
9 Dougnac Rodríguez, 1984; 1985.
12 La concentración de las precipitaciones se da entre cuatro y cinco meses (durante el invierno principalmente), y el resto del año se condiciona por el anticiclón del Pacífico.
13 Un cargo de mayor envergadura sobre este asunto que surgió en 1553 y acabó en 1624 fue el del almotacén, un encargado de tareas muy específicas como la remoción de escombros que obstaculizaban el curso de las aguas y sacar la basura, por ejemplo. Dougnac Rodríguez, 1985, 312.
14 Colección de historiadores de Chile y documentos relativos a la historia nacional, XVII, 283.
15 Dougnac Rodríguez, 1985, 307–308.
16 Archivo Nacional Histórico. Fondo Varios, Chile, 217, 2–35v.
17 Véanse los bandos de Ortiz de Rosas del 6 de agosto de 1646, 6 de febrero de 1751 y 2 de diciembre de 1754; de Amat y Junyent del 7 de abril de 1756, 4 de abril de 1758 y 9 de julio de 1758; de Morales Castejón y Arroyo del 26 de octubre de 1771; los bandos de Jáuregui y Aldecoa del 7 de junio de 1773, 30 de agosto de 1774, 4 de diciembre de 1779 y 21 de febrero de 1780; de Benavides del 28 de febrero de 1784 y del 22 de octubre de 1785; y el bando de buen gobierno de O’Higgins del 19 de agosto de 1788. Biblioteca Nacional de Chile. Biblioteca Americana José Toribio Medina. Manuscritos, 356, 18–25.
18 Martínez, 1970, 173.
19 Pérez Enciso, 1972, 100–104.
20 Sobre el sistema de turnos de agua de regadío en Copiapó véase Simón y Sánchez, 2018, 20-21.
21 Archivo Nacional Histórico. Capitanía General, Chile, (en adelante ANHCG), 811, 16, 54r, Santiago, 20 de septiembre de 1790.
22 Dougnac Rodríguez, 1984, 64.
23 Hasta 1759 la promulgación de bandos la ejercía el corregidor por encargo del cabildo, después de esta fecha pasarían a ser promulgados por el gobernador.
24 Dougnac Rodríguez, 1985, 282.
26 Acta del Cabildo de Santiago (en adelante ACS), XXXII, 190, Santiago, 27 de enero de 1758.
27 Los ladrones de agua no se realizaron acorde con la traza para las aguas ni se demarcó entrada y salida por el alarife, por lo cual no contaban con la licencia respectiva, según señaló el alarife Jorge Lanz para distinguir de las acequias de permiso. ACS, XXXII, 192, Santiago, 1 de marzo de 1758. De hecho, el alarife se remitió al artículo 19 de la Ordenanza de Policía de la capital de Santiago de Chile, donde se estipulaba que “ningún vecino o morador de la ciudad puede echar acequia sin el visto bueno del alarife y las indicaciones de entrada y salida según la traza de aguas establecida, y en caso de que eso ocurriese deben pagar 30 pesos”. La ordenanza aparece publicada en Gay, 1862, 196.
28 ACS, XXXII, 191, Santiago, 1 de marzo de 1758.
29 ACS, XXXII, 190, Santiago, 27 de enero de 1758.
30 De hecho, en sesión del 24 de noviembre de 1758, el cabildo acordó que se le notificase al síndico del Monasterio de las Agustinas de la Limpia Concepción (1574), tras varias providencias que no fueron acogidas por las religiosas, que tenía un mes a contar desde la notificación para reparar las acequias madres del interior del monasterio para evitar las inundaciones y que “no se extraiga el agua del conducto propio que debe seguir”, bajo pena —en caso de verificarse— se cerrarse por donde se filtra el agua con cal y piedra o ladrillo a costo del monasterio. Véase ACS, XXXII, 216, Santiago, 24 de noviembre de 1758. También con el Convento de Nuestra Señora de la Merced se generaron diversos enfrentamientos con las autoridades locales, especialmente por el molino de pan, ya que ocasionaba inundaciones en las calles y no permitía el curso regular de las aguas al resto de las casas y solares. Se acordó entre don Cristóbal Dongo y el fray Ignacio de Covarrubias, Reverendo Padre Comendador, se eliminase el molino y una indemnización de 500 pesos, 90 fanegas de trigo molidas y 70 pesos para la molienda y conducción del trigo. Esta indemnización se destinaría a levantar un molino en La Cañadilla. ACS, XLVI, 118–119, Santiago, 19 de septiembre de 1707.
31 ACS, XXXII, 204, Santiago, 9 de junio de 1758.
32 ACS, XXXIII, 92, Santiago, 6 de julio de 1761.
33 ACS, LI, 225, Santiago, 13 de agosto de 1726.
34 ACS, , LI, 275, Santiago, 4 de julio de 1727.
35 ANHCG, 955, 154–157, Santiago, 31 de octubre de 1757.
36 ANHCG, 66, 22, 308r, Santiago, 31 de diciembre de 1759.
37 ANHCG, 66, 22, f. 321, Colina, 31 de enero de 1760.
38 ANHCG, 66, 22, f. 321r–322v, Colina, 31 de enero de 1760.
39 Dougnac Rodríguez, 1984, 67.
40 Archivo General de Indias (en adelante AGI), Chile, 319, 1. 1769.
41 AGI, Chile, 319, 1. 1769.
42 AGI, Chile, 319, 2vto.
43 AGI, Chile, 319, 3rto.
44 AGI, Chile, 319, 4rto.
45 AGI, Chile, 319, 5rto.
46 AGI, Chile, 319, 14rto.
48 Góngora, 1960, 55.
49 Archivo Histórico Nacional. Fondo Real Audiencia, Chile, 364, 104. Para el caso de la recién fundada villa de Copiapó, fue necesario que hacia 1744 se generaran normativas sobre policía de regadío por los conflictos por el agua en los cuales aparecen ya mencionados los arrendatarios. Véase al respecto AGI, Chile, 137; Góngora, 1960, 53–55.
50 ACS, LIII, 50, Santiago, 15 de octubre de 1736.
51 ACS, LV, 19, Santiago, 17 de noviembre de 1747.
52 ACS, LV, 190, Santiago, 27 de enero de 1758.
53 ACS, XXXI, 177, Santiago, 10 de agosto de 1636.
54 ACS, LIII, 50, Santiago, 15 de octubre de 1736.
55 ACS, LII, 26, Santiago, 28 de septiembre de 1729.