Dossier

water and landscape
AGUA y TERRITORIO

Alternativas de suministro de agua en Medellín, Colombia: intersección de prácticas institucionales, en las márgenes y autónomas

Water Provision Alternatives in Medellín, Colombia: intersecting institutional, at the margins and autonomous practices

Denisse Roca-Servat

Instituto de Estudios Regionales
Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia
denisse.roca@udea.edu.co

ORCID: 0000-0003-2872-6471

Erika Meneses-Granados

Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia
lucia.meneses@udea.edu.co

ORCID: 0009-0007-1343-400X

Información del artículo

Recibido: 12/08/2024
Revisado: 10/10/2024
Aceptado: 27/03/2025
Online: 27/03/2026
Publicado: 10/04/2026

ISSN 2340-8472

ISSNe 2340-7743

DOI 10.17561/at.30.8977

cc-by

© Universidad de Jaén (España)

RESUMEN
Partiendo de un marco teórico que combina la ecología política urbana y el concepto de práctica social, esta investigación tiene como objetivo revelar las alternativas del suministro de agua en la ciudad de Medellín mediante el análisis de las intersecciones entre las prácticas del agua institucionales, en las márgenes y las autónomas a partir del año 2008 al 2024. Se presta especial atención a las periferias urbanas y al papel desempeñado por los movimientos de justicia hídrica. Los resultados apuntan al potencial emancipador de las prácticas del agua heterogéneas en las que participan tanto profesionales expertos de la empresa de servicios públicos como actores locales del territorio que combinan enfoques sociotécnicos creativos para ampliar el suministro de agua y, al mismo tiempo, dejan espacio para la política de servicios públicos y la autonomía comunitaria.

PALABRAS CLAVE: Prácticas del agua, Alternativas socio-públicas del agua, Movimientos por la justicia hídrica, Derecho al agua, Ecología política.

ABSTRACT
This research engages with theories of urban political ecology and social practice with the objective of revealing socio-public water alternatives in the city of Medellín by analyzing the intersections between institutional, at the margins and autonomous water practices through time. Close attention is placed on the urban peripheries, and the role played by water justice movements. Results point to the emancipatory potential of water practices involving heterogeneous practitioners that put together creative sociotechnical approaches for extending water provision while concurrently bearing space for public-based utility policy and community autonomy.

KEYWORDS: Water practices, Socio-public alternatives for water, Water justice movements, Right to water, Political ecology.

Alternativas de abastecimento de água em Medellín, Colômbia: intersecção de práticas institucionais, marginais e autónomas

RESUMO
Partindo de um marco teórico que combina a ecologia política urbana e o conceito de prática social, esta pesquisa tem como objetivo revelar as alternativas de abastecimento de água na cidade de Medellín através da análise das interseções entre as práticas de água institucionais, marginais e autônomas de 2008 a 2024. Especial atenção é dada às periferias urbanas e ao papel desempenhado pelos movimentos de justiça hídrica. Os resultados apontam para o potencial emancipatório das práticas de água heterogêneas envolvendo tanto profissionais especializados da empresa de serviços públicos quanto atores locais do território que combinam abordagens sociotécnicas criativas para expandir o abastecimento de água e, ao mesmo tempo, deixam espaço para a política de serviços públicos e a autonomia comunitária.

PALAVRAS-CHAVE: Práticas de água, Alternativas sócio-públicas de água, Movimentos por justiça hídrica, direito à água, ecologia política.

Défis liés à l’accès à l’eau dans les territoires ruraux et périurbains d’Amérique latine: expériences situées et apprentissages face à la pénurie d’eau

RÉSUMÉ
Partant d’un cadre théorique combinant l’écologie politique urbaine et le concept de pratique sociale, cette recherche vise à révéler les alternatives d’approvisionnement en eau dans la ville de Medellín en analysant les intersections entre les pratiques de l’eau institutionnelles, marginales et autonomes de 2008 à 2024. Une attention particulière est portée aux périphéries urbaines et au rôle joué par les mouvements de justice hydrique. Les résultats soulignent le potentiel émancipateur des pratiques de l’eau hétérogènes impliquant à la fois des professionnels experts de l’entreprise de services publics et des acteurs locaux du territoire qui combinent des approches sociotechniques créatives pour élargir l’approvisionnement en eau tout en laissant place à la politique des services publics et à l’autonomie communautaire.

MOTS-CLÉ: Pratiques de l’eau, Alternatives socio-publiques de l’eau, Mouvements pour la justice hydrique, Droit à l’eau, Écologie politique.

Sfide sull’accesso all’acqua nei territori rurali e periurbani dell’America Latina: esperienze situate e apprendimenti di fronte alla scarsità idrica

SOMMARIO
Partendo da un quadro teorico che combina l’ecologia politica urbana e il concetto di pratica sociale, questa ricerca mira a rivelare le alternative di approvvigionamento idrico nella città di Medellín attraverso l’analisi delle intersezioni tra le pratiche idriche istituzionali, marginali e autonome dal 2008 al 2024. Particolare attenzione viene data alle periferie urbane e al ruolo svolto dai movimenti per la giustizia idrica. I risultati indicano il potenziale emancipatorio delle pratiche idriche eterogenee che coinvolgono sia professionisti esperti dell’azienda di servizi pubblici sia attori locali del territorio che combinano approcci sociotecnici creativi per espandere l’approvvigionamento idrico e, allo stesso tempo, lasciano spazio alla politica dei servizi pubblici e all’autonomia comunitaria.

PAROLE CHIAVE: Pratiche idriche, Alternative socio-pubbliche dell’acqua, Movimenti per la giustizia idrica, Diritto all’acqua, Ecologia politica.

Introducción

Considerada una de las ciudades más desiguales de Colombia, Medellín presenta marcados contrastes socioeconómicos entre sus barrios¹. Con casi tres millones de habitantes, la ciudad se extiende en medio de las montañas de la cordillera central de los Andes² y a lo largo del río Aburrá-Medellín, formando un angosto valle densamente poblado. Parte de estos paisajes hídricos³ especialmente los más altos y escarpados, albergan comunidades que han sido desplazadas de sus lugares de origen, ya sea debido al conflicto armado interno o a la implementación de grandes proyectos de desarrollo en sus territorios. Según el informe de Medellín Cómo Vamos⁴ la cobertura de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Medellín se ha mantenido respectivamente por encima del 95 % y del 90 % desde 2015, llegando en 2020 al 96,8 % y al 95,5 %⁵. No obstante, estos cálculos se han basado en el número de viviendas dentro del perímetro urbano de la ciudad, excluyendo así, algunos barrios situados en las laderas de las montañas como El Faro.

Garantizar los servicios públicos domiciliarios de agua en la ciudad de Medellín a lo largo de la historia ha sido un proceso sinuoso con avances y retrocesos. Desde la creación de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) en el año 1955, uno de los principales retos ha implicado la ampliación de los servicios de acueducto y de energía eléctrica⁶. Luego, con la promulgación de la Ley 142 de 1994, se llevó a cabo una modernización del sector que conllevaba la concepción del servicio como industria y del agua como bien económico⁷. Con esta normativa, se empezó a desconectar el servicio de acueducto a usuarios que incumplían el pago. La problemática por la desconexión de los servicios públicos llegó a un momento álgido con el surgimiento de la Mesa Interbarrial de Desconectados (2009-2010)⁸, quienes se dedicaron a exigir el derecho humano al agua. En este contexto, a través de procesos contenciosos, actores sociales como EPM, entes gubernamentales municipales y movimientos de justicia hídrica, han empleado diferentes prácticas para garantizar la provisión de agua.

Este artículo destaca tres tipos de prácticas del agua, las institucionales, en las márgenes y las autónomas, que se yuxtaponen o entremezclan a lo largo de los años 2008 hasta el 2024. Los resultados apuntan al potencial emancipador de las intersecciones contenciosas de las prácticas del agua que, por un lado, implican a profesionales heterogéneos del agua y a movimientos de justicia hídrica en el co-diseño de programas de barrio, poniendo a disposición enfoques sociotécnicos creativos para ampliar el suministro de agua. Por otro lado, las disputas entre prácticas que subvierten imposiciones institucionales posibilitan el espacio para la autoconstrucción y la autonomía de la comunidad⁹.

En cuanto a los métodos, se realizó un estudio etnográfico, que incluyó investigación de archivo sobre la prestación del servicio público de acueducto y la planeación de la ciudad. En ese sentido, se tuvieron en cuenta documentos, informes y videos producidos por organizaciones sociales, y la historia de los barrios de la periferia, especialmente de El Faro. También se rastreó la legislación, las sentencias de la Corte Constitucional e informes ejecutivos de EPM. Con relación a las fuentes primarias, se realizaron entre los años 2021 y 2023 cuatro recorridos territoriales con líderes comunitarios y habitantes del sector. De igual manera, se llevaron a cabo doce entrevistas en profundidad entre los meses de mayo y junio de 2020 que incluyeron funcionarios de EPM, la Alcaldía de Medellín, concejales y líderes de movimientos sociales urbanos, abogados activistas y residentes, especialmente de la Comuna 8 Villa Hermosa y El Faro, así como miembros de movimientos por la justicia hídrica. Por acuerdo, los nombres de los participantes permanecerán en el anonimato.

La información recopilada de fuentes secundarias y primarias, incluyendo documentos teóricos, fue sistematizada y triangulada en el software “Nvivo”. Esto permitió establecer cinco períodos de focalización e identificar las prácticas de los diferentes actores. Si bien la información fue exhaustiva, este método tiene limitaciones. La validez apunta a la transferibilidad, no a la generalización. Además, aunque se incluyeron voces institucionales y comunitarias, fue difícil acceder a la dinámica interna y percepciones de la empresa de servicios públicos.

El presente escrito está dividido en cuatro partes. La primera expone una breve descripción del paisaje hídrico y de la conformación de los actores de los servicios públicos. Luego se presenta la sección teórica, seguida de los principales resultados de la investigación. Posteriormente, se abre el debate sobre los hallazgos obtenidos y se finaliza con una sección de consideraciones finales que sintetiza los puntos clave del estudio.

Paisaje hídrico y servicio público de agua en Medellín

Atravesando la geografía montañosa de Antioquia, el agua en el Valle de Aburrá es transportada desde cuencas hidrográficas lejanas hasta tres diferentes embalses municipales: Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II. Luego, ella recorre por tuberías cerca de 40 km para llegar a una de las 13 plantas de tratamiento de agua que EPM tiene en el valle¹⁰. El 96 % del agua que se consume en el Valle de Aburrá, llega a los hogares desde la planta de potabilización de Manantiales. Esta planta se abastece del Embalse Riogrande II, cuyas aguas provienen del páramo de Santa Inés o Belmira. El resto del territorio se abastece con la planta Ayurá cuya agua viene del embalse La Fe y por último de la planta de Villa Hermosa, procedente del Embalse Piedras Blancas¹¹. Al terminar estos recorridos, este líquido vital discurre por una compleja red de tuberías hasta 110 tanques y termina en tres plantas de tratamiento de aguas residuales: San Fernando, El Retiro y Aguas Claras (Figura 1 y Figura 2)¹². Las plantas de Aguas Claras y San Fernando recogen y tratan más del 84 % de las aguas residuales de los hogares e industrias del Valle de Aburrá¹³. Estas infraestructuras constituyen paisajes y relaciones hidrosociales que implican a por lo menos cuatro actores principales en la ciudad de Medellín.

En primer lugar, está EPM, el grupo empresarial de servicios públicos domiciliarios más importante de Colombia y de reconocida trayectoria en América Latina. A lo largo de los años, EPM ha logrado posicionarse en distintos negocios en los sectores de energía, gas natural, agua potable, aguas residuales, residuos sólidos y más recientemente en “nuevas soluciones”. Este grupo empresarial está compuesto por 47 empresas, entre filiales nacionales y transnacionales en Colombia y cinco países de América Latina¹⁴. En Colombia, esta empresa presta servicios de acueducto en los departamentos de Antioquia, Atlántico y Chocó. En Antioquia abastece a 123 municipios, y en Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá¹⁵.

En segundo lugar, está el Municipio de Medellín, estrechamente vinculado con EPM, ya que es su propietario, y cuya relación está fundamentada en el Gobierno Corporativo. El alcalde de la ciudad preside su Junta Directiva, y tiene entre sus funciones nombrar al gerente de EPM¹⁶. Anualmente EPM transfiere al municipio un porcentaje máximo del 30% de sus excedentes financieros¹⁷, y en caso de ser requerido la empresa puede hacer transferencias extraordinarias. Estas transferencias extraordinarias tuvieron un incremento importante “luego de la transformación de EPM en empresa comercial e industrial del Estado en 1997”¹⁸. La actual administración está en cabeza del alcalde Federico Gutiérrez, y entre las 20 secretarías que hacen parte del municipio, se destaca la Subsecretaría de Servicios Públicos Domiciliarios adscrita a la Secretaría de Gestión y Control Territorial¹⁹.

El tercer actor identificado, conformado por distintas iniciativas organizativas, es el movimiento por la justicia hídrica en Medellín, que tiene una larga historia. Según Velásquez²⁰, el primer antecedente organizativo en la lucha por el acceso a los servicios públicos en la ciudad fue la Red de Organizaciones Comunitarias (ROC) durante los años 2002 hasta 2006. Posteriormente, surgió la Mesa Interbarrial de Desconectados (MID) como un movimiento que rechazaba el alza en las tarifas de los servicios públicos y exigía a través de la acción colectiva la inclusión de los barrios marginados de la ciudad. La identificación de la falta de acceso al agua en barrios segregados de la ciudad y la mercantilización del servicio público domiciliario como un problema generalizado en la ciudad permitió el encuentro de líderes barriales de diferentes zonas y posteriormente sirvió para iniciar todo un proceso de organización popular y movimiento social²¹.

Por último, existen varias comunidades periurbanas en las montañas de la ciudad (Figura 3). El Faro es uno de estos barrios ubicado en la ladera de la Comuna 8 desde una cota de 1900 a 2060 msnm. Se ubica entre la quebrada La Loca y la quebrada Chorro Hondo. Limita hacia el norte con el barrio Golondrinas, al occidente con Llanaditas, al sur con Altos de La Torre y al oriente con el corregimiento de Santa Elena²². El Faro, como muchos otros nuevos asentamientos en los bordes urbanos, se levanta en zonas consideradas por la administración municipal como de “alto riesgo”, o de “desarrollo incompleto”, las cuales tienen dificultades para acceder al servicio público de agua. Frente a esta percepción adversa, estas comunidades demuestran el uso paradójico de este discurso, al evidenciar que en otras áreas de la ciudad con las mismas características geológicas se pueden realizar obras siempre y cuando se haya mitigado, por lo que más bien emplean el término de zonas de “alto costo” para contrarrestar el usado por la administración municipal. Estas comunidades se unen para construir sus viviendas mientras transforman el paisaje hídrico en territorios de vida y diversidad.

Ecología política urbana (EPU) de las prácticas del agua

Los estudios sobre el agua urbana realizados desde el campo de la ecología política se han interesado por contextualizar política e históricamente las trayectorias de las empresas de servicios públicos de agua y su relación con la conformación de ciudades²³. Algunos de ellos se centran en los efectos de la mercantilización y privatización de los bienes comunes como el agua²⁴. Otros estudios revelan cómo las ciudades del norte global también experimentan disparidades y problemas de abastecimiento e inclusive de calidad de agua²⁵. Existen aquellos que exploran las complejas relaciones, enredos y agencias de diferentes actores en torno a la prestación de servicios públicos y sus dinámicas normativas y prácticas²⁶. Más recientemente, el debate se ha centrado en examinar el papel del Estado regulador en el suministro de agua, con la intención de reducir la brecha entre la realidad vivida de la inseguridad hídrica en los hogares, los sistemas de abastecimiento comunitarios y los modelos estado-céntricos que se plantean para solucionarlos²⁷.

En cuanto a la literatura específica sobre los servicios públicos de acueducto en Medellín, autores como Bonilla et al²⁸, han construido una base de datos histórica que recopila la información financiera de EPM desde su creación en 1955 hasta 2010. Otro aporte sustancial, sería el de López²⁹, cuyos análisis arrojan luz sobre los servicios de acueducto en Medellín desde una perspectiva de la EPU. Los estudios también apuntan hacia el proceso de privatización o corporativización de EPM, operando cada vez bajo lógicas más cercanas a las del sector privado, que también fueron adoptadas por la Ley 142 de 1994, y la transnacionalización de la empresa, implicando a su vez una mayor presión y dominación del agua³⁰. EPM, según López³¹, pasó por dos cambios que marcaron su transformación. Primero, mutó de Empresa Municipal a Empresa Industrial y Comercial del Estado, y segundo, en 2010 transnacionalizó sus operaciones. La investigación ubica a EPM en una situación paradójica. Por un lado, se ha expandido con éxito a otras zonas geográficas, reportando ingresos muy altos y una importante cobertura de acueducto en Medellín. Por el otro, en el Valle de Aburrá aumenta el número de familias desconectadas o con el servicio de acueducto suspendido por falta de pago y quienes viven en zonas catalogadas como de alto riesgo son excluidos de este servicio poniendo en peligro su derecho a una vida digna y saludable.

Sin embargo, es importante mencionar que la empresa ha sido elogiada nacional e internacionalmente por la eficiencia y calidad de sus servicios³², y sus proyectos “tienen objetivos tanto comerciales como sociales”³³. Por ejemplo, en trabajos anteriores³⁴, encontraron que en general, antes de la Ley 142 de 1994, EPM no desconectaba las conexiones clandestinas. En ese sentido, Furlong et al³⁵ recomiendan tener en cuenta la agencia y las acciones cotidianas de los diferentes actores responsables de la gestión del agua, con el propósito de llevar los análisis más allá de las dicotomías, y enfocarse en una perspectiva ética y pragmática. Desde un enfoque subalterno, esta investigación, siguiendo a Botero-Mesa y Roca-Servat³⁶ comprende el potencial alternativo de enmarcar el derecho al agua a partir de las prácticas cotidianas de aquellos en situación de vulnerabilidad, en lugar de basarse en grandes discursos basados en el desarrollo y en engañosas promesas de crecimiento económico corporativo. En ese sentido, este estudio presta atención a las prácticas cotidianas con todas sus complejidades sin perder de vista los aspectos críticos de las estructuras económicas y políticas.

La práctica se entiende, en diálogo con los postulados de Foucault, De Certeau y Rivera-Cusicanqui³⁷, como el arte de saber-poder-hacer en torno al agua, pero desde una perspectiva decolonial teniendo en cuenta las alternativas que se encuentran encubiertas por formas establecidas de pensar y observar. En este sentido, es importante exponer los mecanismos del orden disciplinario y, al mismo tiempo, revelar las prácticas clandestinas. El sistema urbano pretende sofocar y regular estas “prácticas microbianas, singulares y plurales”, pero ellas viven multiplicando la ilegitimidad, formando y evocando organizaciones de vigilancia, comprendiendo modos cotidianos y astucias clandestinas³⁸. Por tanto, las prácticas combinan maniobras estratégicas desde lugares de fortaleza, con encuentros tácticos desde lugares de ocupación momentánea³⁹.

La indeterminación vivida por múltiples poblaciones en ciudades como Medellín ofrece la oportunidad más obvia con respecto a la resistencia popular y al mismo tiempo el ajuste a la racionalidad tecnocrática y la planificación urbana moderna, no como una respuesta de oposición sino de rediseño de la práctica institucional a través de procesos emancipatorios contenciosos. Procesos que no conducen ni al empobrecimiento de la sociedad ni a la devastación ecológica⁴⁰, sino que concientizan sobre la posibilidad de alternativas sociotécnicas que incorporan consideraciones normativas socio ecológicas que tienen lugar bajo distintos modos políticos de práctica. En consecuencia, la práctica implica transgresión, cuya incertidumbre radica en su total dependencia de la ley que será violada. Tales prácticas transgresoras, como mencionan Furlong et al⁴¹ están por todas partes en las zonas urbanas. En este caso, en las conexiones no reguladas, la alteración de los contadores, la aplicación selectiva de multas, los arreglos sociotécnicos creativos introducidos por los profesionales de los servicios públicos, los esfuerzos por parte de los usuarios marginados por defender sus derechos, etc.

Siguiendo este hilo de pensamiento, identificamos tres formas de práctica: institucional, en las márgenes y autónoma. Las prácticas institucionales son aquellas realizadas por la empresa de servicios públicos, EPM, y/o garantizadas por el aparato estatal, en el contexto de políticas contradictorias, como la legislación del servicio público de agua, las regulaciones orientadas al mercado y el cumplimiento del Estado Social de Derecho y los derechos humanos. Se reflejan en las normas, leyes, organizaciones, instituciones y formas de conducta dominantes. Las prácticas en las márgenes son aquellas que se encuentran en la intersección entre las prácticas institucionales y las prácticas autónomas del agua. Se sitúan en las fronteras de lo oficial y lo no oficial, de lo legal y lo ilegal, de las relaciones formales e informales. Y las prácticas autónomas son las que van más allá de los poderes institucionales hegemónicos, emprendiendo acciones clandestinas, no oficiales, liberadoras y autoconstruidas para garantizar el acceso comunitario al agua. Estas últimas las llevan a cabo sobre todo las comunidades periurbanas.

Prácticas de suministro urbano de agua en Medellín a lo largo del tiempo

Los periodos de tiempo que se presentan a continuación (Figura 4) son producto de la codificación cualitativa de los datos, que permitió clasificar cada año y agrupar fenómenos sociales similares en marcos temporales específicos. Así, los años comprendidos entre 2008-2011 se caracterizan por una expansión urbana no planificada y una necesidad de suministro de agua cada vez mayor. Se reactivan viejos movimientos sociales y nacen otros nuevos para reivindicar el derecho humano al agua. El segundo periodo, 2012-2014, coincide con el inicio del gobierno municipal de Aníbal Gaviria, durante el cual el foco se centró en elaborar políticas institucionales para demarcar el ordenamiento de la ciudad, culminando con la publicación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2014. Bajo esta lógica, los años siguientes entre 2015-2018, se incrementan las acciones del movimiento y la comunidad por la formalización de la vivienda. En el cuarto periodo, 2019-2022, se caracteriza por diferentes crisis como la pandemia del COVID-19, la agudización de la pobreza y la persistente expansión demográfica. Finalmente, el periodo entre 2023-2024, se distingue por una reafirmación de la trascendencia de las autonomías en el trasegar de los barrios de las laderas. A continuación, se ofrece una descripción detallada de cada período, donde se explican cómo se interrelacionan los tres tipos de prácticas de provisión de agua.

Periodo 2008-2011: expansión urbana y movimiento de exigencia de derechos de agua

Durante este periodo Medellín fue receptora de un gran número de migrantes desplazados, quienes a pulso de prácticas autónomas⁴² forman nuevos barrios. Estos nuevos asentamientos fueron calificados, según las instituciones estatales, como “zonas de alto riesgo” geográfico y social, y por lo tanto, se les negó la autorización para formalizarse a través de la inversión pública. Carentes de energía y de servicios de agua y alcantarillado, los habitantes locales encontraron, a través de la solidaridad y de actividades colectivas como el “convite”⁴³, formas de unirse para resolver diferentes problemas⁴⁴. Un ejemplo, de estas prácticas autónomas, puede ilustrarse a través del acueducto comunitario El Faro. Este sistema de infraestructura artesanal de abastecimiento de agua fue autoconstruido hace más de 30 años, canalizando agua no tratada de la quebrada “La Castro”⁴⁵ (Figura 5). Tuvieron que pasar años para que en el 2008 la Corte Constitucional adoptara la Sentencia C-1189/08⁴⁶ que posibilitara la inversión del Estado en estas zonas.

Ante la exigencia por el derecho humano al agua de estas poblaciones, EPM implementó diversos programas. Por un lado, inició en 2005 las “Brigadas Comunitarias para la Mitigación de Riesgo” (BCMR). Este programa comenzó como una práctica en las márgenes en la que los empleados de EPM participaron en esta iniciativa primero de manera voluntaria, y posteriormente, de manera institucional⁴⁷. El BCMR identificó sectores vulnerables y articuló actividades técnicas, sociales y pedagógicas en esas áreas. Entre sus estrategias de formalización, retiraron conexiones irregulares e instalaron nuevas con materiales estándar. Este programa estimuló la articulación interinstitucional y una dinámica social con las comunidades ubicadas en zonas de alto riesgo no recuperables⁴⁸.

Por otro lado, en 2008 el Área Metropolitana de Gestión del Agua de EPM desarrolló el Proyecto de Gestión Integral del Agua no Contabilizada (GIANC) cómo práctica institucional para controlar el incremento de agua no contabilizada que se había presentado desde 2006⁴⁹. Este proyecto buscaba reducir las pérdidas de agua con campañas que promovieran su uso racional. Además, consideró diversas estrategias, como la normalización de clientes fraudulentos, la eliminación de servicios clandestinos y otras dirigidas a clientes que viven en sectores periurbanos, para incentivar la facturación a través del servicio provisional⁵⁰. Al tiempo que enfatizaba en la cobertura universal, EPM aclaraba que el agua era un bien de consumo y que por ley⁵¹ debían funcionar como una empresa privada y maximizar las ganancias. Por lo tanto, el servicio del agua no podía ser gratis y continuaron desconectando el mismo a los clientes morosos.

Presionada por el movimiento de justicia hídrica y bajo un gobierno municipal progresista, en 2009 la alcaldía de Alonso Salazar, trabajó con EPM en el programa “Litros de amor”. En octubre de 2011, este programa otorgó a 33.357 familias de los sectores urbanos y rurales más pobres 2.500 litros de agua por persona⁵². Ese mismo año se institucionalizó mediante el Decreto 1889 (2011)⁵³ como la política pública de “Mínimo Vital de Agua Potable” (MVAP), dirigida a los más pobres. A pesar de su carácter restrictivo⁵⁴, esta política proporcionó un marco emancipatorio limitado para el avance del derecho humano al agua.

Otro programa creado fue “Aguas Prepago”, éste presta hasta la actualidad el servicio de acueducto y alcantarillado a un número reducido de usuarios a través de un sistema integrado capaz de suministrar agua potable en cantidades limitadas por el valor de la recarga realizada por el usuario⁵⁵. Inició en marzo de 2011 con 300 usuarios morosos⁵⁶. Hasta 2019, esta iniciativa tuvo una cobertura de 16.644 clientes en Medellín y su Área Metropolitana. Este programa basado en la lógica de mercado ha sido exaltado por EPM y algunos habitantes locales, pero denunciado por movimientos sociales por la justicia hídrica como el Movimiento Interbarrial de Desconectados (MID), quienes argumentan que conlleva a la mercantilización del agua, y descarga la responsabilidad de la desconexión en la población⁵⁷.

A pesar de estas iniciativas, las prácticas institucionales de desconexión realizadas por EPM en barrios populares fueron exigidas por la ley, y el número de viviendas desconectadas pasaron de 31.000 en el 2006 a 46.166 en el 2011⁵⁸. En ese sentido, entre 2008 y 2012, comunidades periurbanas, como El Faro, comenzaron a realizar foros, conversatorios, manifestaciones públicas y acciones directas orientadas a buscar “soluciones de fondo” a la mercantilización del agua en la ciudad⁵⁹. Estas prácticas se implementaron en las márgenes de las leyes de participación ciudadana, la protesta social y las tácticas de exigencia. A raíz de estas movilizaciones, entre 2008-2011 la administración municipal destinó fondos para construir sistemas no convencionales de acueducto y alcantarillado como obras de mitigación.

Mientras tanto, un grupo de mujeres del territorio de la Comuna 8 y otros sectores crearon la Red Popular de Mujeres (RMP), que junto a la MID conformaron la “Alianza por el Agua”. Apuntando al Estado, a través de prácticas en las márgenes construyeron un caso legal alrededor de varias familias de la Comuna 8 que carecían de agua potable, lo que resultó “en 34 demandas estratégicas que a la larga beneficiarían a toda la comunidad y más allá”⁶⁰. También implementaron procesos pedagógicos y culturales, como los Encuentros comunitarios por el agua, y el “Festival de la mujer y el agua”. Paralelamente, en 2010, el MID aunó esfuerzos con el comité del Plan de Desarrollo Local y promovió un “Concejo abierto de vivienda y servicios públicos domiciliarios”⁶¹. Estas actividades hicieron parte de las acciones que obligaron a EPM a construir en algunos barrios de la Comuna 8 sistemas no convencionales de acueducto y alcantarillado, que no fueron funcionales hasta el año 2016⁶².

Estas demandas y acciones de organización social allanaron el camino para que, en el año 2011, la Corte Constitucional profiriera la Sentencia T-740/11 declarando el “Agua como Derecho Fundamental”⁶³. Esta sentencia hizo aún más evidente la doble connotación que tiene el agua en el ordenamiento jurídico colombiano, ya que se erige como un derecho fundamental, y como un servicio público sometido a la regulación del mercado.

Periodo 2012-2014: Plan de Ordenación Territorial (POT) y propuestas comunitarias

En 2012 la nueva administración municipal liderada por el alcalde Aníbal Gaviria creó la Subsecretaría de Servicios Públicos Domiciliarios asumiendo la asesoría que prestaba EPM a los acueductos comunitarios. Esta Subsecretaría y EPM empezaron a trabajar conjuntamente para recolectar información real de cuántas personas residían en la ciudad sin el servicio de acueducto⁶⁴. El objetivo al final era universalizar los servicios públicos mediante la promoción de la accesibilidad al servicio de acueducto y la capacidad de pago.

Al mismo tiempo, en la Comuna 8 el “Movimiento por la Defensa del Territorio y la Vida Digna” inicia la participación activa de la comunidad y los barrios en la implementación del Plan de Desarrollo 2012-2015 y la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Este periodo está marcado por intervenciones territoriales institucionales como el programa piloto de Jardín Circunvalar⁶⁵ que desencadena la reactivación de la Junta de Acción Comunitaria (JAC) del barrio El Faro. Simultáneamente, varias organizaciones sociales del barrio crean el documento “Diagnóstico y propuestas comunitarias para el mejoramiento integral del barrio, El Faro, Comuna 8”, y con la asesoría jurídica de la MID, elaboran derechos de petición y tutelas individuales, conformando una iniciativa colectiva de movilización jurídica denominada “tutelatones”. Como lo expresó un miembro de la MID, “…hubo logros muy importantes, como el movimiento jurídico que permitió el reconocimiento de que ciertos sujetos especiales no pueden ser desconectados”⁶⁶. Estas acciones llevaron a que en abril de 2013 la Corte Constitucional ordenara a EPM reconectar el servicio público domiciliario de acueducto y ofrecer a los afectados, posibilidades de pago en cuotas flexibles u otras alternativas⁶⁷.

En 2014 se publicó el POT, que sirvió como guía para definir los usos del suelo urbano para los siguientes 12 años⁶⁸. Teniendo en cuenta el POT, la Comuna 8 presentó las “Propuestas Comunitarias Bordes Comuna 8” al POT, las cuales fueron aprobadas y validadas por la comunidad a través de un mecanismo de consulta popular en 2014. Como práctica en las márgenes la comunidad buscó hacerse sentir por la institucionalidad⁶⁹. En ese orden de ideas, en alianza con centros académicos propusieron estrategias comunitarias ajustadas al “Plan de Mejoramiento Integral de Vivienda y Habilitación de Barrios” y orientadas a trabajar por la Gestión Comunitaria del Riesgo⁷⁰ (Figura 6). El hecho de que fueron consignadas discursivamente en el POT, se consideró un logro. Desafortunadamente, en la práctica no cumplieron con las propuestas planteadas por las organizaciones sociales⁷¹. Por ello, las comunidades periurbanas organizaron un plantón contra el POT en octubre del mismo año⁷².

Mientras tanto, a nivel de barrio los jóvenes empezaron a formar colectivos artísticos y culturales con el objetivo de expresar a través de los murales, la música rap y el grafiti su inconformismo social. Uno de estos grupos fue Elemento Ilegal, integrado por jóvenes artistas urbanos provenientes de diferentes barrios de Medellín, entre los que se encuentran Altos de la Torre, El Pacífico y El Faro de la Comuna 8. Este colectivo se involucró trabajando solidariamente para ayudar a financiar el acueducto comunitario del barrio por medio de diversas actividades como convites, eventos artísticos y reuniones comunitarias. Además, unieron esfuerzos con otras organizaciones locales para exigir su derecho al agua a través del arte como componente de las prácticas cotidianas autónomas. Un ejemplo fue la grabación del primer videoclip de rap llamado Gota a Gota⁷³.

Periodo 2015-2018: legalización y formalización de la vivienda en medio de la organización comunitaria

Después de años de alta actividad social, el movimiento por la justicia hídrica entra en un periodo de calma que se reactiva con la llegada de la nueva administración municipal 2016-2019 del alcalde Federico Gutiérrez⁷⁴. La comunidad realizó una segunda consulta popular y una audiencia comunitaria como estrategia para promover escenarios de diálogo con la nueva administración⁷⁵. Posterior a esto, el nuevo plan de desarrollo trajo programas como el proyecto Cinturón Verde⁷⁶, con la intención institucional de entregar “acceso a titulación de predios, reconocimiento o legalización de edificaciones, adecuación de espacios para viviendas, seguridad física y estructural”⁷⁷. También pretendía fortalecer el MVAP y el Fondo de Solidaridad y Redistribución para garantizar derechos de agua y alcantarillado a viviendas de estratos 1, 2 y 3 a través de subsidios⁷⁸.

Adicionalmente, en 2016 entraron en operación los sistemas no convencionales instalados por EPM en 2008-2011. Este hecho coincide con el desarrollo institucional del “Programa Unidos por el Agua”. Aunque este programa fue mencionado por EPM durante la administración de Aníbal Gaviria en 2015, no es sino hasta 2016 cuando el proyecto tiene una ejecución interinstitucional por parte de EPM, la Alcaldía de Medellín, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). El objetivo era promover “el desarrollo de las comunidades, mitigar el riesgo geológico en algunas zonas, prestar el servicio con parámetros de alta calidad y construir una cultura de cuidado de este recurso”⁷⁹. Según EPM a través de este programa las familias podían legalizar sus servicios públicos domiciliarios y acceder a otro tipo de beneficios como el MVAP⁸⁰.

Sin embargo, políticamente “Unidos por el Agua” no habría sido posible sin el Decreto Presidencial 1272 de 2017, que permitió la construcción de este tipo de sistemas en “zonas de difícil manejo”. Este tipo de infraestructura se clasifica como “esquema diferencial” y se define como “un conjunto de condiciones técnicas, operativas, jurídicas, sociales y de gestión para permitir el acceso a agua apta para consumo humano y saneamiento básico en una determinada área o zona del suelo urbano, atendiendo a sus condiciones particulares”⁸¹. Estos esquemas provisionales (Figura 7) emplean métodos alternativos para garantizar la calidad y medición del servicio establecidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA). Este decreto llegó un año después del inicio del programa, y en ese sentido, comenzó como una práctica en las márgenes. Fue necesario un largo proceso de movilización legal corporativa y de cabildeo por parte de EPM para que esta norma fuera promulgada. Como menciona un funcionario “el decreto 1272 nos permitió prestar atención en zonas de difícil gestión. Este programa empezó antes [del decreto], le abrimos los ojos al Ministerio y buscamos modificar las licencias de construcción en lugar de prohibirlas”⁸².

A pesar de ello, algunos barrios seguían sin agua potable. Por ejemplo, El Faro, manejaba su propio acueducto comunitario artesanal no potable. En 2017, tras problemas de presión de agua y fontanería, la JAC de El Faro y el Comité de Agua realizaron el Censo Comunitario. Este mecanismo autónomo permitió a la comunidad rastrear prácticas heterogéneas de agua en el barrio. Algunas viviendas estaban conectadas al agua comunitaria, otras tanto a las redes de EPM como al agua comunitaria, y otras no tenían ningún tipo de conexión, en cambio el abastecimiento de agua se basaba en el agua lluvia, la compra de agua del tanque de EPM en el barrio Llanaditas, la solidaridad entre vecinos, la captación directa de las quebradas y la compra de agua embotellada⁸³. Con el propósito de ampliar la infraestructura comunitaria de agua, organizaron diferentes actividades autónomas. Aunque terminaron la construcción de la nueva red de acueducto, el agua seguía siendo no potable, y el Comité de Agua del Faro se enfrentó a un difícil dilema ya que la gente se abstuvo de pagar la cuota familiar comunitaria porque preferían el agua potable de EPM⁸⁴.

Periodo 2019-2022: la crisis engrosa los cinturones de pobreza

En 2019, los movimientos por la justicia del agua en Medellín, en la intersección entre lo autónomo y lo institucional, celebraron los diez años de la fundación de la MID y realizaron el “Carnaval por una Vida Digna”⁸⁵. Continuaron con la Escuela Territorial de Barrios de Laderas (ETBL), que inició en 2018, fortaleciendo la unión de organizaciones sociales con comunidades periurbanas para trabajar principios de vida digna y buen vivir, derecho a la ciudad y gestión comunitaria del riesgo. En 2019 se enfocaron en planes de legalización de vivienda y regulación urbana⁸⁶.

Este último periodo se caracteriza por varias crisis. El año 2020 fue especialmente complejo, tanto para las instituciones como para las comunidades, debido a la pandemia de COVID-19 y las sucesivas cuarentenas. Cuando se declaró la emergencia en el Valle de Aburrá, aproximadamente 19.000 familias tenían suspendido o desconectado su servicio de agua⁸⁷. Frente a los decretos nacionales, EPM debió reconectar el servicio, y ofrecer descuentos en las tarifas y métodos de financiación para los usuarios más pobres y condiciones de pago más favorables para el resto. Quienes no podían acceder a la infraestructura de agua de EPM, tuvieron que depender del acueducto comunitario y obtener agua de los tanques de EPM.

Mientras tanto, continuó la migración desde las zonas rurales a causa del conflicto armado interno, así como la llegada de migrantes venezolanos y personas de otros barrios debido a la violencia urbana. Además, se acentuaron los desplazamientos causados por los deslizamientos de tierra y las inundaciones en el marco de la crisis climática mundial, y se agudizó la pobreza frente a la crisis económica pospandémica. La economía informal de la que depende principalmente la población, fue la más afectada por la crisis económica pandémica, engrosando los cinturones de pobreza de la periferia de la ciudad⁸⁸. Todos los esfuerzos de la comunidad se dirigieron a cubrir las necesidades exacerbadas por estos nuevos fenómenos: el hambre, la ausencia de una red de agua potable y la falta de una buena conexión a internet.

Una vez más, la solidaridad entre varias organizaciones de los barrios, de la Comuna 8 y en general de la ciudad, fue esencial para resolver estos problemas⁸⁹. Las dinámicas sociales presenciales se vieron obstaculizadas, pero movimientos sociales como el Movimiento de Laderas⁹⁰ (ML), MID, Elemento Ilegal y Ciudad Comuna se auto-organizaron para publicar informes, documentos, pronunciamientos, e implementaron diversas actividades, como campañas de recolección de alimentos y conversatorios en línea donde dieron a conocer la situación de las familias de los barrios populares, así como sus propuestas dirigidas a la alcaldía para ayudar a estas familias.

Cuando las cuarentenas empezaron a flexibilizarse en 2020, el ML, como extensión de las prácticas autónomas, creó la Escuela Popular de Autonomías (EPA), que es una “estrategia formativa y pedagógica para aprender unos de otros de las autonomías que creemos importantes para gestionar el territorio”⁹¹. Fomentan tres tipos de autonomía: Autonomía Energética, Autonomía Alimentaria y Autonomía del Agua. De ellas, han celebrado reuniones, formaciones y charlas desde el 2020.

Para el periodo municipal del alcalde Daniel Quintero (2020 - 2023), el programa “Unidos por el Agua” se incluyó con “Unidos por el Gas” bajo el nombre de “Conexiones por la Vida”. Esta estrategia se extendió a dos municipios más del Valle de Aburrá: Itagüí y Bello⁹². Para estas actividades, el Ministerio de Vivienda (MinVivienda) anunció en el año 2021 el aporte de 3.000 millones de pesos a través del proyecto “Agua al Barrio”, que es una estrategia del Gobierno Nacional que, en coordinación con municipios y prestadores de servicios, “busca brindar soluciones de agua potable y saneamiento básico a la población ubicada en asentamientos humanos informales urbanos”⁹³.

Ante el éxito pasado de “Unidos por el Agua”, las poblaciones periurbanas solicitaron “Conexiones por la Vida” en sus territorios. A finales de 2020, El Faro decidió continuar con esta petición⁹⁴, pero al mismo tiempo trabajar para fortalecer su acueducto comunitario. Durante la celebración de los 10 años de El Faro en octubre de 2021, y después de mucho trabajo de cabildeo para la implementación de este programa, la JAC de El Faro y el MVC8 en colaboración con el consejo colectivo feminista de Estamos Listas⁹⁵, instalaron la “Mesa de Acueducto y Alcantarillado de El Faro (MAAFA)” con la presencia de EPM y la Subsecretaría de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio. Así, para el sector urbano de El Faro, EPM inició estudios y diseños en 2022, y para el sector rural, la Subsecretaría expresó su compromiso de contratar una consultoría para la formulación de un sistema provisional no convencional⁹⁶. Simultáneamente, el Comité de Agua de El Faro siguió funcionando y buscando formas de mejorar el acueducto comunitario.

Periodo 2023-2024: La autonomía como parte fundamental del camino a seguir

El acceso al agua, al saneamiento básico, y los efectos del cambio climático son algunos de los desafíos actuales. En este período, la acción comunitaria y autónoma ha cobrado mayor fuerza. Sin embargo, también ha sido relevante la interacción con la institucionalidad.

Como resultado de la persistencia de los movimientos de El Faro, como práctica institucional EPM aprobó en 2021 la inclusión de 200 familias del barrio en el programa “Conexiones por la Vida”, iniciando las actividades de diseño de las redes de acueducto y alcantarillado en 2023. Sin embargo, esta instalación no se ha dado debido a la falta de un permiso del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), ya que el barrio se ubica en el área arqueológica protegida de Piedras Blancas. En comunicación personal con un habitante del sector (24 de abril de 2024), se informó que dicho permiso ya se otorgó.

Además, con el objetivo de beneficiar a la población excluida de la cobertura de “Conexiones por la Vida” por estar fuera del perímetro urbano, desde la Escuela Popular de Autonomía (EPA) Hídrica, se impulsó la construcción de un prototipo para potabilizar el agua. Esta iniciativa contempla la construcción de una planta de potabilización de tamaño reducido, cuyo costo fue cubierto en un 50% por la Corporación Jurídica Libertad (CJL), mientras que el resto se gestionó acudiendo a la solidaridad ciudadana mediante la campaña “Agüita pa’ mi gente” del ML⁹⁷. A pesar de que dicha planta ya está instalada en el tanque de distribución, el Comité de Agua del barrio necesita identificar las viviendas excluidas de “Conexiones por las Vida”. Pero debido a la demora institucional, las labores del acueducto comunitario se vieron aplazadas⁹⁸.

Por otro lado, en relación con el cambio climático y las afectaciones, la Escuela Popular para la Acción Climática (EPAC) presentó ocho propuestas para la Acción Climática Incluyente (Figura 8). Contienen medidas para la mitigación del riesgo y la adaptación al cambio climático. Estas propuestas fueron el resultado de estudios microzonificados en el territorio y se socializaron en una jornada de ocho días en marzo de 2023, denominada “8 por la Ocho”.

Esta campaña se ha ido complementando con acciones autónomas concretas como el “Convite Agroforesta El Faro” (25 de marzo, 2023) para revegetación de la montaña y las cuencas hídricas que transcurren por el territorio con árboles nativos⁹⁹ y la conformación del “Panel Interbarrial de Cambio Climático”, el cual les permite prepararse e identificar las principales afectaciones que las condiciones climáticas y políticas generan a su alrededor¹⁰⁰.

Así mismo, en las márgenes las organizaciones sociales que conforman el ML y los habitantes del barrio, junto a aliados académicos, de distintas ONG y movimientos de la ciudad, han concertado distintos encuentros y foros como el “Encuentro Caribeño-Latinoamericano por la Justicia Climática” (15 al 17 de junio, 2023) y el “Foro Defensa del territorio y Litigio estratégico en América Latina” (12 de octubre, 2023). Además, han instado a las autoridades del municipio a realizar el “Primer cabildo abierto sobre cambio climático”, para esto lideresas y líderes recolectaron 1505 firmas para solicitar este mecanismo de participación, y finalmente generaron aportes populares para el Plan de Desarrollo Distrital de Medellín, entre los que solicitan la implementación de instrumentos propuestos en el POT que potencian los Planes de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB), y la “Política Pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas y Productivas” (PPPMAEP)¹⁰¹.

Estas prácticas en las márgenes han ido desencadenando, bajo mucha insistencia y la mayor parte de veces con renuencia, acciones institucionales. Por un lado, lograron que en el Concejo de Medellín se llevara a cabo la “Comisión Accidental sobre la declaratoria de Emergencia Climática” en la ciudad el 9 de mayo de 2023 y que se concretara la realización del “Cabildo abierto por una Acción Climática incluyente” el 3 de junio de ese mismo año¹⁰².

Discusión

Los resultados apuntan al potencial emancipador de las intersecciones contenciosas de las prácticas del agua que implican a profesionales del agua heterogéneos y a movimientos de justicia hídrica en la co-construcción y el co-diseño de programas e iniciativas vecinales que consideran enfoques sociotécnicos para ampliar el suministro de agua por parte de la empresa de servicios públicos. Se reconoce el papel crucial que desempeñan los movimientos por la justicia hídrica y las comunidades periurbanas en la autonomía y la autogestión en la provisión del derecho al agua y a una vida digna. En nuestro análisis de las distintas formas de práctica del agua y sus intersecciones, presentamos el siguiente diagrama de prácticas (Figura 9).

Las prácticas institucionales están arraigadas en marcos regulatorios nacionales e internacionales bajo los límites del Estado Social de Derecho y los mercados económicos globales. En ese sentido, el Estado colombiano implementa políticas de desarrollo en el sector del agua siguiendo un modelo de Estado regulador neoliberal que promueve la inversión empresarial y las soluciones de mercado a los problemas sociales y ambientales. Sin embargo, existen otras instituciones estatales como la Corte Constitucional que en sus sentencias defienden el derecho humano al agua desde una perspectiva más socialdemócrata de Estado de bienestar. En una encrucijada de estas legislaciones que se entrecruzan, EPM formula una serie de estrategias con enfoques económicos, políticos, técnicos, ambientales y sociales. Estos programas se basan en la visión del agua como un bien económico, tal y como se recoge en la Ley 142 de 1994, por lo que el discurso del derecho humano al agua se interpreta bajo el ámbito de la responsabilidad social empresarial.

El municipio y el alcalde de Medellín son fundamentales para establecer políticas públicas de agua progresistas o restrictivas, así como instrumentos de planificación y desarrollo en la ciudad. Dependiendo de su voluntad política y de su comprensión del papel del Estado en la concesión del agua como derecho humano, el gobierno local de Medellín puede determinar un camino hacia la justicia del agua. Un ejemplo puede encontrarse en el programa de una cantidad mínima vital de agua potable MVAP, establecido durante un gobierno local verde y orientado a los derechos. Sin embargo, este logro puede verse afectado en futuros gobiernos municipales.

Por su parte, las comunidades que carecen de suministro de agua movilizan instrumentos jurídicos para reclamar un medio de vida digno en la ciudad. La movilización jurídica colectiva se lleva a cabo mediante el uso estratégico de los derechos, las leyes y los litigios para avanzar en la consecución de los objetivos de justicia del agua para las comunidades vulnerables. También se utilizan mecanismos de participación ciudadana, como la organización para una reforma constitucional del agua, así como la participación activa en la elaboración y aplicación de políticas de desarrollo urbano. Por último, estrategias de exigencia dirigidas en hacer realidad la retórica del derecho humano al agua.

Las prácticas en los márgenes destacan como vías clave para abrir el diálogo y la transformación institucional. Con un margen de maniobra limitado, los ingenieros de EPM desempeñan un papel crucial a la hora de idear soluciones de abastecimiento de agua adaptadas a las condiciones geofísicas y socioculturales de estas comunidades. En este sentido, han desempeñado un papel decisivo en el co-diseño de infraestructuras hidráulicas y tecnologías económicas para facilitar el pago. Un ejemplo central es el programa “Unidos por el Agua”. Las entrevistas con los ingenieros de EPM muestran el potencial de las soluciones socio-públicas de provisión de agua cuando estos profesionales ponen sus conocimientos al servicio de las demandas sociales y de la justicia hídrica. Merece la pena mencionar que la formación, el tipo de educación, la interpretación de la esfera pública, el compromiso social y el nivel personal de ética de estos profesionales del agua marcan la diferencia en su capacidad para trabajar juntos y co-crear soluciones de agua socialmente integradas.

Las comunidades también llevan a cabo prácticas en las márgenes mediante manifestaciones y protestas sociales, así como a través de la elaboración de sus propios instrumentos, programas y actividades de planificación urbana comunitaria. En este caso, la ETBL y la EPA surgen como una práctica en las márgenes y a la vez autónoma. Entendida al margen porque algunas de sus actividades aportan insumos para el diálogo o el disenso con las instituciones. Estas prácticas son las manifestaciones de diferentes tensiones entre la comunidad y la institucionalidad. Pero también, de las tensiones que surgen entre los individuos que forman parte de una u otra, ya que existen tanto acuerdos como desacuerdos dentro de la dinámica comunitaria, como dentro de la respuesta institucional. Mientras que las prácticas al margen de las instituciones pueden surgir de expertos individuales de EPM o de funcionarios públicos que trabajan en el campo y que observan las dimensiones sociales y técnicas que no están contempladas en el marco normativo y regulatorio. Los instrumentos de planificación creados en el seno de los movimientos periurbanos por la justicia hídrica tratan de responder a las normas o acciones institucionales, o de establecer un diálogo e inclusive de confrontarlas.

Las prácticas autónomas, como se mencionó anteriormente, son llevadas a cabo por las comunidades periurbanas. Estas prácticas están relacionadas con las limitadas condiciones de vida que encuentran en una ciudad hostil, y se basan en la solidaridad de los vecinos, la mayoría de los cuales comparten la historia de desplazamiento y la creatividad de mujeres, hombres, jóvenes y niños que habitan las laderas. Encontramos que la autonomía se revela en las prácticas heterogéneas con el agua; en las actividades solidarias y colectivas como el “convite” para la autoconstrucción de territorios y las campañas de co-financiamiento. Las comunidades periurbanas demandan la garantía del derecho al agua, abogando por formas heterogéneas de provisión de agua y la no dependencia a un solo medio.

La autonomía se encuentra también en el compromiso de pensar y planificar el territorio que habita la comunidad, desde sus propias experiencias pasadas, y las que viven día a día en la montaña, creando sus propios instrumentos de planificación comunitaria autónoma sin esperar acciones estatales y basadas en su libre determinación política. También forma parte de las formas de difusión y comunicación entre ellos y con el resto de la ciudad. Finalmente, todas las prácticas autónomas nutren la pedagogía popular y los procesos culturales como la ETBL, que permitieron fortalecer la identidad, crear nuevos liderazgos, y construyeron vida digna. A través de esta comunidad escolar se produjo un esquema de Gestión Comunitaria del Riesgo. En esta categoría se encuentra la EPA que busca lograr la autonomía hídrica, energética y alimentaria. Además de eso, el arte en todos sus lenguajes, es una poderosa forma de criticar las inequidades del modelo de desarrollo y la mercantilización del agua, para construir y denunciar injusticias con narrativas creativas.

Las intersecciones de estas diferentes prácticas permiten el co-diseño y la co-creación de procesos sociotécnicos y políticos que se mantienen en constante tensión entre las políticas tecnocráticas neoliberales de los servicios de agua, la legislación socialdemócrata del Estado del bienestar y las prácticas tecnológicas populares autónomas, al tiempo que aspiran permanentemente a la justicia socioeconómica y ecológica. En este sentido, esta investigación, siguiendo a Rivera-Cusicanqui¹⁰³, evita precipitarse en la adopción de perspectivas deterministas y, en su lugar, hace hincapié en la naturaleza performativa, relacional, socioeconómica y política del examen de las prácticas cotidianas en torno al agua. A su vez, resulta clave la confrontación de formas de suministro de agua distintas, y el derecho a disentir sobre las soluciones o modelos de servicio de agua. El potencial emancipador de estas alternativas hídricas urbanas manifiesta formas dinámicas de producir nuevos vínculos hidrosociales que recuperan una vida digna.

Conclusiones

Este artículo arroja luz sobre los encuentros contenciosos que se producen entre la empresa de servicios públicos y los movimientos de justicia hídrica al tratar de resolver los problemas de provisión de agua en la frontera urbana de Medellín. Lo hace sin ignorar ni intentar borrar la complejidad que encierran las posiciones de cada uno de los actores, que en algunos casos son irreconciliables y que no tienen ninguna intención de conformarse. Las prácticas en las márgenes, son espacios de disputa donde las empresas de servicios públicos, las instituciones estatales y las comunidades tratan de encontrar un terreno común, sin embargo, es un campo donde el conflicto está latente y no desaparecerá. Por el contrario, surgen interrogantes sobre cómo llegar a acuerdos en medio de posiciones adversas, hasta dónde llegar en las negociaciones y cuándo ceder o romper, mientras se lucha por el derecho al agua.

En este sentido, es necesario aplicar políticas de planificación urbana y de servicios públicos basadas en criterios participativos, democráticos y equitativos. La provisión de agua para los pobres urbanos y los más vulnerables no puede pensarse como una mercancía, sino como un derecho social, cultural, ambiental y de salud. Además, este caso apunta hacia la importancia global del co-diseño de programas de barrio que no sólo pongan en común enfoques sociotécnicos innovadores para ampliar la provisión de agua por parte de la empresa de servicios públicos, sino que también proporcionen espacio para prácticas autónomas de provisión de agua.

Los movimientos por la justicia hídrica están aportando ideas sobre cómo pensar las políticas de vivienda y urbanismo en zonas empobrecidas, profundamente afectadas por las condiciones geológicas, el cambio climático y los procesos inmobiliarios. Al mismo tiempo, esta investigación también muestra las limitaciones de las políticas institucionales y del Estado regulador para garantizar el derecho al agua en las zonas urbanas. Las zonas en constante crecimiento demográfico, y debido a la alta densidad y la expansión insostenible, se están convirtiendo cada vez más en el blanco de los desastres climáticos. El reto sigue siendo proponer alternativas de suministro de agua acordes con la justicia hídrica, ambiental y climática.

Reconocimientos

Si bien este trabajo en sí mismo no contó con financiamiento específico se nutre de toda una trayectoria. Desde el año 2016 venimos realizando un trabajo investigativo, a través de diferentes proyectos de investigación como “Historizando los Urbanismos del agua en el Sur Global” con la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Montreal, “COVID-19 and Public Water” con el Grupo de estudio de Ecología Política y Justicia Hídrica, el Municipal Services Project de Canadá y el Transnational Institute, y “Public Bank/Public Water Case study of FINDETER in Colombia” con el Grupo de estudio de Ecología Política y Justicia Hídrica, Queens University y el Municipal Services Project. Desde el año 2024, continuamos esta línea de investigación alojados en la Universidad de Antioquia.

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_______________________________

¹ Colombia Reports, 2019.

² Región geográfica ubicada en medio de la Cordillera Central de los Andes. Administrativamente se encuentra bajo la figura de área metropolitana, y comprende 10 municipios antioqueños aglomerados alrededor del Río Aburrá (o Río Medellín): Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas.

³ Budds, 2011.

⁴ Medellín Cómo Vamos, 2020.

⁵ Medellín Cómo Vamos, 2020.

⁶ Valencia Agudelo, 2010.

⁷ Valencia Agudelo, 2010.

⁸ Mesa Interbarrial de Desconectados, 2010.

⁹ Lizcano Caro et al., 2022. Mora Pacheco, 2023. Arias et al., 2025.

¹⁰ Fundación EPM, 2020a. EPM, s.f.

¹¹ AMVA, 2021.

¹² EPM, s.f.

¹³ AMVA, 2021.

¹⁴ EPM, 2020b.

¹⁵ EPM, 2021a; 2023.

¹⁶ EPM, 2015a.

¹⁷ Concejo de Medellín, 1997.

¹⁸ Bonilla; Carranza; Furlong, 2013, 13.

¹⁹ Alcaldía de Medellín, 2024

²⁰ Líder comunitario. Entrevista, 23 de julio de 2020.

²¹ Hidalgo Montoya; Restrepo, 2001.

²² Velásquez, 2013.

²³ McDonald, 2018. Furlong, 2015.

²⁴ Budds, 2013. Swyngedouw, 2005.

²⁵ Meehan et al., 2020. Radonic; Jacob, 2021.

²⁶ Furlong; Carre; Acevedo, 2017.

²⁷ Jepson et al., 2021. Empinotti et.al., 2021.

²⁸ Bonilla; Carranza; Furlong, 2013.

²⁹ López, 2015; 2016.

³⁰ Cuervo, 2005. Furlong, 2015. López, 2016.

³¹ López, 2015.

³² López, 2015.

³³ Furlong, 2015, 202.

³⁴ González, 1988. Furlong, 2013.

³⁵ Furlong; Carre; Acevedo, 2017.

³⁶ Botero-Mesa; Roca-Servat, 2019; 2020.

³⁷ Rivera-Cusicanqui, 2018.

³⁸ De Certeau, 1984.

³⁹ Furlong et.al., 2019.

⁴⁰ Frey; Schaupp; Wenten, 2021.

⁴¹ Furlong et al., 2019.

⁴² Velásquez, 2015. Gómez, 2021.

⁴³ “Convite” es una reunión informal de individuos, grupos y organizaciones sociales cuando las condiciones materiales lo requieren. Buscan mediante la acción colectiva, satisfacer necesidades básicas insatisfechas.

⁴⁴ Carvajal y Velásquez, 2018.

⁴⁵ Botero-Mesa, 2019.

⁴⁶ Corte Constitucional, 2008.

⁴⁷ Osorio; Álvarez; Zuluaga, 2014.

⁴⁸ Osorio; Álvarez; Zuluaga, 2014.

⁴⁹ Yepes, 2014.

⁵⁰ Yepes, 2014.

⁵¹ Ley 142 de 1994.

⁵² Zuluaga, 2011.

⁵³ Decreto 1889, 2011.

⁵⁴ Se aplica sólo a quienes están por debajo de 48 puntos en el nivel del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). Debe tener una vinculación activa con un prestador en convenio con el municipio, estar al día con los pagos de las facturas y estar en alguno de los programas de acompañamiento familiar de la Alcaldía de Medellín. A 2019 se habían favorecido 268.964 hogares (Alcaldía de Medellín, 2020).

⁵⁵ EPM, 2021b.

⁵⁶ EPM, 2021b.

⁵⁷ López, 2016.

⁵⁸ López, 2016. Botero-Mesa, 2019.

⁵⁹ MID, 2010.

⁶⁰ Arango-Vargas, 2021, 80.

⁶¹ Arango-Vargas, 2021.

⁶² Roca-Servat; Meneses-Granados; Patiño-Sánchez, 2021.

⁶³ Corte Constitucional, 2011.

⁶⁴ Concejo de Medellín, 2017.

⁶⁵ El Jardín Circunvalar de Medellín es una estrategia para la transformación integral de las zonas del borde, donde se encuentran los límites de la zona urbana y rural de la ciudad.

⁶⁶ Entrevista, 9 de julio de 2020.

⁶⁷ Corte Constitucional, 2013.

⁶⁸ Alcaldía de Medellín, 2014.

⁶⁹ Velásquez, 2014.

⁷⁰ Velásquez, 2016.

⁷¹ Elemento Ilegal EI, 2020a.

⁷² Gómez, 2021.

⁷³ https://www.youtube.com/watch?v=xkExUIfm2_0&ab_channel=ElementoIlegal

⁷⁴ Elemento Ilegal EI, 2020a.

⁷⁵ Carvajal y Velásquez, 2018.

⁷⁶ El Cinturón Verde Metropolitano es una estrategia de planificación y de transformación integral en la zona de encuentro entre lo urbano y lo rural de la ciudad de Medellín.

⁷⁷ Alcaldía de Medellín, 2016, 97.

⁷⁸ Alcaldía de Medellín, 2012.

⁷⁹ EPM, 2015b.

⁸⁰ EPM, 2015b.

⁸¹ Decreto 1272, 2017, 4.

⁸² Entrevista, funcionario de EPM, 1 de julio de 2020.

⁸³ Botero-Mesa, 2019.

⁸⁴ Botero-Mesa, 2019.

⁸⁵ MID, 2019a.

⁸⁶ MID, 2019b.

⁸⁷ Roca-Servat; Meneses-Granados; Patiño-Sánchez, 2021.

⁸⁸ Entrevista, líder comunitario de El Faro, febrero de 2022.

⁸⁹ Elemento Ilegal EI, 2020b.

⁹⁰ Movimiento de Laderas es la articulación de organizaciones de la ciudad (MID, la MVC8, la Corporación Jurídica Libertad (CJL), Corporación en Derechos Humanos Contracorriente, La Moradía Arquitectura y Diseño y el Proyecto Colectivo Tejearaña), consolidada en 2020 en el contexto de la pandemia del COVID-19 (Roca-Servat; Meneses-Granados; Patiño-Sánchez, 2021).

⁹¹ ML, 2020a.

⁹² Alcaldía de Medellín, 2020.

⁹³ MinVivienda, 2021.

⁹⁴ ML, 2020b.

⁹⁵ Movimiento político de mujeres fundado en Medellín en 2017, que hizo parte del concejo de Medellín.

⁹⁶ Velásquez, 2021.

⁹⁷ ML, 2023a.

⁹⁸ Entrevista, habitante barrio El Faro, 24 de abril, 2024.

⁹⁹ ML; EI, 2023.

¹⁰⁰ EPAC, 2023.

¹⁰¹ Red de procesos populares: Somos territorio, 2024.

¹⁰² ML, 2023b.

¹⁰³ Rivera-Cusicanqui, 2018.