Miscelánea
water and landscape
AGUA y TERRITORIO
Water management under public responsibility in Bucaramanga-Colombia in the context of local and regional governance
Luis-Hernando Gómez-Ospina
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Medellín, Colombia
ORCID: 0000-0001-8581-8837
Justo Pasto Jaramillo Jaramillo
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
Medellín, colombia
ORCID: 0000-0001-7837-1707
Información del artículo
Recibido: 30/09/2024
Revisado: 25/07/2025
Aceptado: 31/07/2025
Online: 30/06/2026
Publicado: 10/07/2026
ISSN 2340-8472
ISSNe 2340-7743
CC-BY
© Universidad de Jaén (España)
RESUMEN
Bucaramanga en Colombia enfrenta el reto del rompimiento de las barreras político administrativas para la gestión del agua. Su entorno ecosistémico y social advierten su relación regional más allá de la metropolitana y cercana a la gobernanza del agua. La pregunta por la comprensión de la gestión del agua desde la institucionalidad, es la inquietud formulada en nuestra investigación. Entrevistamos a funcionarios públicos de instituciones vinculadas con el cuidado y gestión del agua. El análisis temático refleja el reconocimiento teórico de los procesos de gestión visto desde los funcionarios públicos, aunque con poco sentido de gobernanza en los ámbitos local, metropolitano y regional. Los intereses por lo ambiental y el cuidado del agua deben pasar a las acciones y evitar convertirse en discursos que no se refleja en la acción cotidiana de la población y las instituciones, es la principal conclusión.
PALABRAS CLAVE: Gestión de los recursos hídricos, Gobernanza, Bucaramanga, Páramo Santurbán.
ABSTRACT
Bucaramanga in Colombia faces the challenge of breaking political-administrative barriers to water management. Its ecosystem and social environment warn it of its regional relationship beyond the metropolitan one and close to water governance. The question of understanding water management from institutionality is the concern formulated in our research. We start from interviews with public officials from institutions linked to the care and management of water. Thematic analysis reflects the theoretical recognition of management processes, although with little sense of governance at local, metropolitan and regional levels. The main conclusion is that mentions or interest in the environment and water care must be translated into actions and avoid becoming speeches that do not reflect the daily actions of the population and institutions.
KEYWORDS: Water resources development, Governance, Bucaramanga, Santurbán moorland.
A gestão da água sob responsabilidade pública em Bucaramanga-Colômbia no contexto da governação local e regional
RESUMO
Bucaramanga, na Colômbia, presenta o desafio de derrubar as barreiras político-administrativas na gestão da água. O seu ecossistema e ambiente social apontam para uma relação regional além da área metropolitana e próxima da governança da água. A questão pela compreensão da gestão da água na perspectiva institucional é a preocupação formulada na nossa pesquisa. Se inicia pelas entrevistas aos funcionários públicos de instituições ligadas ao cuidado e gestão da água. A análise temática reflete, o reconhecimento teórico dos processos de gestão, ainda com pouco sentido de governança nos âmbitos local, metropolitano e regional. A principal conclusão é que as menções ou interesses pelo ambiente e pelo cuidado com a água devem ser traduzidos em ações e evitar que se tornem discursos que não reflitam as ações cotidianas da população e das instituições.
PALAVRAS-CHAVE: Gestão de recursos hídricos, Governança, Bucaramanga, Páramo Santurbán.
Gestion de l'eau sous responsabilité publique à Bucaramanga-Colombie dans le contexte de la gouvernance locale et régionale
RÉSUMÉ
Bucaramanga, en Colombie, est confrontée au défi de faire tomber les barrières politico-administratives à la gestion de l'eau. Son écosystème et son environnement social témoignent de ses relations régionales au-delà du cadre métropolitain et proches de la gouvernance de l’eau. La question de l’appréhension de la gestion de l’eau sous l’angle institutionnel est la préoccupation formulée dans notre recherche. Nous partons d'entretiens avec des responsables publics d'institutions liées au soin et à la gestion de l'eau. L'analyse thématique reflète la reconnaissance théorique des processus de gestion bien qu'avec peu de sens de la gouvernance aux niveaux local, métropolitain et régional. La principale conclusion est que les mentions ou l'intérêt pour l'environnement et le soin de l'eau doivent se traduire en actions et éviter de devenir des discours qui ne reflètent pas les actions quotidiennes de la population et des institutions.
MOTS-CLÉS : Gestion des ressources en eau, Gouvernance, Bucaramanga, Lande Santurbán.
La gestione dell'acqua sotto la responsabilità pubblica a Bucaramanga-Colombia nel contesto della governance locale e regionale
SOMMARIO
Bucaramanga, in Colombia, si trova ad affrontare la sfida di abbattere le barriere politico-amministrative nella gestione dell'acqua. Il suo ecosistema e il suo ambiente sociale evidenziano il suo rapporto regionale al di là dell'ambito metropolitano e vicino alla governance dell'acqua. La questione della comprensione della gestione dell'acqua da un punto di vista istituzionale è la preoccupazione formulata nella nostra ricerca. Abbiamo iniziato intervistando funzionari pubblici di istituzioni legate alla cura e alla gestione dell'acqua. L'analisi tematica riflette il riconoscimento teorico dei processi di gestione, anche se con scarso senso della governance a livello locale, metropolitano e regionale. La conclusione principale è che le menzioni o l'interesse per le questioni ambientali e la cura dell'acqua devono essere tradotte in azione ed evitare di diventare discorsi che non riflettono le azioni quotidiane della popolazione e delle istituzioni.
PAROLE CHIAVE: Gestione delle risorse idriche, Gobernanza, Bucaramanga, Brughiera Santurbán.
El acceso al agua tiene un carácter social considerado como un derecho fundamental en el orden internacional. La Organización de las Naciones Unidas1 (en adelante ONU) lo expresa en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico2 (en adelante OCDE) en sus principios. En la primera, el objetivo seis alude directamente al agua limpia y saneamiento y en la segunda los principios diez y once mencionan la protección y cuidado enfocados en la población. Instan a la cooperación entre los actores, el cumplimiento de sus roles y la participación sin exclusión con la ruptura de barreras para el acceso a los servicios y los recursos hídricos. La Comisión Económica Para América Latina3 (en adelante Cepal) reconoce el acceso universal al agua y el saneamiento básico como meta para el continente. Colombia se incluye como garante de estas propuestas.
El diagnóstico a nivel mundial considera un aumento de la población urbana (1,5 %) superior al crecimiento poblacional (1,2 %) y la demanda del agua entre el 69 % y 73%. Esta realidad sugiere un bajo cumplimiento de las metas de los ODS (50 %)4. El panorama del agua en Latinoamérica es criticado por el Banco Mundial (en adelante BM) y la Cepal; por el entramado burocrático de su manejo y el bajo presupuesto de los gobiernos para la política del agua. La Cepal reconoce el bajo aprovisionamiento de los servicios básicos y su estancamiento en las ciudades e insta al mejoramiento institucional y la relación con la población en un ambiente de transparencia5.
El acceso al agua en Latinoamérica (incluida Colombia) ha tenido propuestas de apertura participativa en su gestión, políticas de subsidiariedad y alternativas para desligar los procesos de gestión del agua de las entidades de planeación y de distribución. No obstante, persiste la baja participación efectiva, la baja idoneidad y capacidad técnica de funcionarios aún para la resolución de conflictos con los usuarios6.
En la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana en Santander en Colombia, se presentan dos dificultades: una administrativa por el cruce de competencias en la gestión del agua, y las diferencias políticas para desarrollar potencialidades incluida la gobernanza del agua como eje de acción para el cuidado ambiental; dos, las dificultades para la inclusión del sistema de planeación urbano-rural7. Desde la planeación se asume el riesgo climático regional8 y a nivel local se considera la gestión integral del agua como objetivo y eje temático con la formulación de la política pública ambiental de Bucaramanga, que desarrolla el sistema de Gestión ambiental9.
El paramos de Santurbán se establece como un ecosistema de especial importancia estratégica para protección de biodiversidad, y la regulación de oferta hídrica. Localizado al centro oriente del departamento de Santander, hace parte de las estribaciones de la cordillera Oriental en la provincia de Soto, en la jurisdicción en los municipios de Vetas, California Charta, Suratá, Tona, Matanza, Piedecuesta y el Playón. Tiene influencia en el área Metropolitana de Bucaramanga y veinte centros urbanos con una población de 2.200.000 habitantes. Abarca una superficie delimitada de 98.954 hectáreas que corresponde al 76 % del páramo potencial (129.743 ha.) con altitudes comprendidas entre los 2.500 y 4.200 msnm (Figura 1). En algunas veredas del área se desarrolla una economía campesina de producción de cebolla, papa y ganadería extensiva.
Figura 1. Localización del Páramo de Santurbán y Bucaramanga

Fuente: Elaboración propia basados en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
En términos sociales, las organizaciones civiles de mayor presencia y participación en procesos locales territoriales están constituidas por las Organizaciones de Acción Comunal (en adelante OAC). En la región de Soto hacen presencia alrededor de 743 OAC y en el Área metropolitana de Bucaramanga un aproximado de 866 OAC. Tienen presencia territorial desde la década de 1950 y se les reconoce su participación en el desarrollo local del país. Su presencia en los municipios facilita la participación vinculada a los asuntos del ambiente y por ende el cuidado y gestión del agua10.
El contexto científico aborda los procesos de gestión del agua para garantizarla a la población y sugiere mantener el equilibrio del entorno natural y las posibles variaciones del sistema hídrico hasta los aspectos territoriales11. En el primer caso se reconocen los cuerpos de agua vinculados a la actitud de la población hacia su uso y manejo, concretado en el reconocimiento de su distribución, las políticas, la gestión y se entiende la gobernabilidad del agua en función a la dimensión social. En el segundo caso se parte del territorio asumido como paisaje (la naturaleza), la cultura como la permanencia allí y la población incluida en el proceso de gestión del agua allí. La primera propuesta visibiliza el proceso de gestión territorial del agua y ambas entienden la relación población territorio y naturaleza. Sugieren además indagar en la población la gestión del agua como acción cotidiana12.
Análisis académicos insisten en allegar información confiable sobre cuencas y microcuencas con inclusión participativa de la población en procesos de gestión para la garantía y cuidado del agua. Bajo un enfoque económico del agua la inversión público-privada y su planeación se asumiría bajo un contexto de buen uso de los proyectos, con enfoque ambiental y social13. Advierten sobre las disyuntivas entre en la implementación y ejecución normativa territorial y la disyuntiva entre límites naturales (cuencas o ciénagas) y administrativas y la visión técnica del cuidado y control del agua y las necesidades de la población14. Como reto se asume la inflexibilidad territorial administrativa sumada a las divergencias de objetivos entre los actores territoriales. Algunos proyectos operarían alejados de las necesidades vitales, como ha ocurrido en los enclaves mineros que opacan el uso social del agua al criminalizarlo como sucedió en el río Ranchería en Colombia15. Contextos similares han demostrado la capacidad de la población para expresar su vida alrededor del agua con propuestas mixtas de gobernanza del agua, formación y apropiación tecnológica.
El rol principal de las organizaciones ha sido el de reclamante de derechos y de actor territorial en respuesta a experiencias asociadas a la extracción minera, falta del agua, deterioro de los ecosistemas y el enfoque privado; en todas se reclama las instancias de negociación o mesas de gestión16. Al asociarse a cuencas urbanas y rurales se vincula la corresponsabilidad entre población e instituciones bajo los territorios hidro-sociales17. La experiencia de Quebrada Negra en Cundinamarca (Colombia) argumenta la importancia de la cuenca hidrográfica como un concepto esencial que abarca el territorio, el recorrido del cuerpo de agua y el constructo socio-cultural y económico. Con la participación social se trasciende la noción del abastecimiento (pesca o minería) y se reconoce la realidad regional y nacional18. Los gobiernos deben favorecer los espacios de discusión y el sentido político de los diálogos con la población como se advirtió en Cajamarca y Arequipa, Perú. Allí se evidencia la divergencia entre la visión técnica, política y administrativa y los intereses y visión de la población ante el uso del agua y las necesidades de extracción minera19.
En el contexto de las reclamaciones las pesquisas aluden al reconocimiento del tejido cultural, y del manejo que se ha tenido del agua en pequeñas comunidades y territorios (indígenas y campesinas). Las acciones comunitarias en zonas de cuencas se convierten en garantes de la defensa y respeto del derecho al agua y los ecosistemas20. Se concluye que, si no hay garantías de participación en cada proceso de gestión, se pierde legitimidad en la información, la técnica de estudio y los planes. Esta realidad vigente en Colombia, marca la discusión de la garantía del bien en el contexto de acuerdos de paz y del desarrollo rural integral21.
El agua en los territorios se constituye en parte del hábitat. Es frecuente que en zonas de desabastecimiento se logren procesos eficientes de administración, distribución22 y fortalecimiento de las rede sociales basados en transferencia de información técnica y normativa.23. En Chile, las organizaciones recibieron el apoyo estatal para suplir necesidades de abastecimiento del agua como un bien común expresado en seguridad jurídica y la subsidiariedad del servicio24. Procesos similares vinculan la educación y la sensibilidad ante las acciones antrópicas en sistemas ecológicos finitos. Así la población y las organizaciones sociales desarrollan el cuidado del territorio, competencias y modelos organizativos para producción-consumo, alimentación, gestión ambiental y el consumo energético dentro del contexto del bien común25.
Estudios evidencian la importancia de la tecnología en la gestión del agua y la formación de redes ciudadanas del agua. Muestran el desarrollo de discusiones, opiniones y fortalecimiento de redes en los procesos de gobernanza del agua y ase asumen como contrapeso o aporte a los discursos sobre el tema26. En ciudad de México se insta a la coordinación metropolitana interinstitucional en los procesos de gestión del agua a partir de acciones colectivas de la población habida cuenta de los intereses internacionales y de la población local27. Se ha concluido que la sofisticación normativa poco garantiza en los procesos de gobernanza y gestión del agua. Estos contextos sugieren la integración entre los actores territoriales, la inclusión de la investigación-acción-participación y el resguardo las singularidades territoriales28.
Asumimos la visión de la gestión y de la gobernanza del agua desde la ecología política y la relación geográfica y social en una escalas local y regional. Los territorios expresan la relación entre acciones colectivas, el contexto ambiental y sus discursos políticos que configuran condiciones territoriales. Aludimos así a la relación naturaleza-sociedad y la importancia de la realidad scial en relación al conocimiento comunitario y técnico-científico.
La observación del territorio hidro-social se asume desde la manifestación de la gestión y gobernanza del agua con la intervención humana expresada en las cuencas y su entrelazamiento biofísico, tecnológico, social y político. Puede decirse que el concepto de territorio hidro-social es la concreción del imaginario de una red multi-escalar entre la población, las instituciones, la dinámica ecosistémica, socio cultural y financiera con la movilización de epistemologías, discursos y jerarquías políticas29.
La gobernanza del agua como relación entre la sociedad y la política y se entiende bajo el vínculo dinámico entre las normas de relación entre población y el gobierno. En un contexto más amplio, se evidencia en la relación de la sociedad civil y la política30 comprendida como una dinámica relacional de reconocimiento de las partes y bajo el entendido de las relaciones conscientes, organizadas en condiciones de igualdad y respeto. La reciprocidad entre las partes es entendida dentro de la gobernanza. El contexto de participación y articulador entre los sectores involucrados se entiende como gobernabilidad31. La propuesta de cuidado del agua de forma integral como derecho fundamental se lograría a partir de la capacidad de la gestión del bien. Se reconoce en la gobernanza la norma como estrategia de gobiernos para acoger las acciones colectivas de grupos organizados y los procesos de administración. En este sentido se recoge la idea de la gobernabilidad que establece las acciones del Estado en un contexto de comunicación y relacionamiento concertado de roles en el acceso sostenible y equitativo al agua.
Asumimos la institución del sistema político, socio-económico y administrativo para desarrollar y gestionar los recursos hídricos y el aprovisionamiento de servicios de agua a diferentes niveles de la sociedad reconocida por la Asociación Mundial del agua (Global Water Partnership - GWP) y acogida en los principios de la gobernanza del agua asumidos en la OCDE32. Esta alusión podremos encontrarla bajo los discursos locales y regionales de quienes ejecutan las acciones y lideran procesos de gobernanza. Ésta última reconocida desde los principios de eficiencia en la información, financiación, regulación y la innovación en la gobernanza; de efectividad en su capacidad, adopción del sistema de escala de cuencas, coherencia de políticas, calidad de roles y responsabilidades; y de confianza y compromiso en monitoreo y evaluación, integridad y transparencia, participación y compensaciones entre usuarios urbano rurales y generacionales.
Brindamos así un marco para la comprensión de su gestión en el contexto del objetivo seis de los ODS. El concepto incorpora dos temáticas propias; agua potable, saneamiento e higiene y la gestión integrada de los recursos hídricos. Las temáticas evidencian la forma concreta de la gestión desde las instituciones y el territorio relativo a su prevalencia en relación a la experiencia de gestión y la expresión de la gobernanza en cada territorio33.
Es prudente entender los territorios hidro-social como un elemento categorial de la gobernanza en el contexto de la garantía del agua como un derecho fundamental y su proceso de gestión. La noción se incorpora como una realidad de las acciones en el territorio estudiado. Nos ayuda a diferencias la gobernanza de la gobernabilidad en tanto se asocia a la presencia de la población y su contexto en la gestión del bien34.
En este sentido los principios para la gobernanza del agua desde la OCDE, reconocen la necesidad de la promoción de la participación (principio diez) y el fomento del marco de la gobernanza (principio once). Se asume el reconocimiento de los actores locales involucrados como logro de confianza para la gobernanza y bajo sus facetas público-privados, etarios, organizativos. Son centro de la implementación de las políticas con garantías de autonomía, independencia y flujo de información. Se entiende entonces la disparidad y diferenciación entre la población urbana y rural pero además la corresponsabilidad en la compensación de ventajas y desventajas para el acceso al agua. En tal sentido, usuarios e instituciones (públicas y privadas), deben potenciar y ejercer el debate público y la gestión del agua35.
La vigencia de la política pública en el ámbito internacional soporta la formulación de políticas nacionales y locales para la gestión de agua. Las normativas locales formuladas desde las Corporación Autónoma Regionales (en adelante CAR) y el Concejo Municipal responden al contexto de la gestión del agua y por ende el cuidado del medio en Bucaramanga. Estas acciones hacen parte de la realidad institucional local, aunque cuestionamos ¿Cómo se comprende la gestión del agua desde las instituciones públicas y los funcionarios en un contexto social y comunitario a escala local, metropolitano y regional de gobernanza del bien para la garantía de la permanencia de la oferta hídrica para la población Bumanguesa, macada por el contexto normativo del agua? Esta cuestión se enmarca dentro de las acciones institucionales del último lustro hasta el año de 2024.
Consideramos cuatros acciones características a tomar en cuenta en el análisis. El enfoque integrado de escalas (desde lo local a lo regional) hidro-geográfico o de cuenca con la toma participativa de decisiones. El aprovisionamiento y distribución del agua y el saneamiento con acceso a toda la población. La provisión normativa para el agua, su aprovisionamiento y la prestación del servicio. Finalmente, la transferencia de conocimiento y desarrollo de habilidades para los involucrados en este contexto.
La investigación atendió a la comprensión y relación de las expresiones de los líderes institucionales con experiencia en la información y conocimiento institucional a partir de una entrevista estructurada. Fueron funcionarios involucrados en las acciones de las entidades gubernamentales dentro de su contexto cotidiano. Se entrevistó a funcionarios que hacían parte de las entidades y/o relacionadas con asunto públicos con previa invitación oficial.
La investigación desarrolló tres fases. De revisión de literatura para el desarrollo conceptual; de aplicación de entrevistas y análisis de artículos referentes de investigación y tres de análisis e interpretación a partir de categorías emergentes y asociación con las investigaciones científicas36.
Las entrevistas aportaron el sentido de las reflexiones y acciones de los funcionarios en el cumplimiento normativo en función de la gobernanza del agua. Para el análisis presentado en este trabajo se abordó la categoría Gobernanza del agua desde dos subcategorías y referentes empíricos (Tabla 1).
Tabla 1. Operación categorial
Gobernanza del agua |
||
Subcategoría |
Referente empírico |
Preguntas |
Gestión de recursos hídricos |
Acción institucional gubernamental |
¿Cómo se ha dado apoyo, colaboración y vigilancia en función de la tarea de brindar garantías de acceso al agua a la población? ¿Cómo se plantean las políticas o procesos de vigilancia, protección y cuidado del agua? ¿Cómo y entre quiénes se construyen y desarrollan las políticas de protección y cuidado del agua? |
Relacionamiento institucional y población |
Percepción de las acciones colectivas y comunitarias frente al papel técnico de la planeación y la acción |
¿Cómo podría entenderse la visión del papel que tiene la población sobre sus reclamos o solicitudes al acceso y cuidado del agua? ¿Cómo se establecen las garantías de participación de la población? (información, facilidad de acceso a la misma, mecanismos de consulta) ¿Desde la institución cómo sería el papel de las organizaciones dentro de los procesos de gestión del agua? ¿Cómo ha incidido la participación en las acciones y/o propuestas normativas establecidas desde las entidades gubernamentales? ¿Cómo ha sido el contexto y las formas de tramitar las diferencias cuando se presentan demandas de agua, o procesos que pudieran considerarse de conflicto entre las formas de pensar o proceder entre los actores sociales y las instancias gubernamentales? |
Fuente: Elaboración propia.
El análisis temático de las respuestas estableció aspectos para la comprensión de la gestión del agua en el contexto de la gobernanza y determinación temáticas asociadas a la realidad. Se permitió reconocer relaciones o novedades vinculadas o no con las categorías expresadas y relatadas en los resultados y la discusión.
Para efectos de etiquetaje de las ideas expresadas por los funcionarios se nombraron con letras como se muestra en la Tabla 2.
Tabla 2. Etiquetas para entrevistados
ETIQUETA |
ROL/INSTITUCIÓN |
|
SMS |
Líder. Política pública integral por el agua. |
Secretaría Ambiental de Bucaramanga junto a la Subsecretaría de Ambiente. |
RVB |
Profesional. Subdivisión de Ordenamiento Territorial y Planificación Integral del Territorio |
CDMB. |
SM |
Delegada para la vigilancia del Patrimonio Público y Protección del Ambiente. |
Personería Municipal de Bucaramanga. |
GPA |
Jefatura Oficina de Vigilancia Fiscal y Ambiental. |
Contraloría Municipal de Bucaramanga |
ES |
Ingeniero Ambiental Profesional Universitario. |
|
SA |
Secretaría Técnica convenio InspirAgua |
Departamento de Santander Centro de Desarrollo tecnológico Agua Biodiversidad y Clima. |
JCA |
Consultoría/Secretaría Técnica convenio InspirAgua. |
CDMB. |
Fuente: Elaboración propia.
El rol del Estado en la gestión del Agua en Bucaramanga se enmarca dentro de las acciones interinstitucionales, los procesos de planeación y cuidado de zonas paramunas bajo competencia de la CAR y las alcaldías “responsables de controlar y vigilar la administración de los recursos naturales renovables” (SMS). “Desde la competencia del ordenamiento territorial, definen y desarrollan el régimen de uso del suelo” dice RVB. Al responder a la normatividad del Ministerio del Medio Ambiente “y con la participación de todos los actores” se genera el “documento instrumental que permite crear la política pública integral del agua para Bucaramanga” (SMS).
Los funcionarios locales reconocen el Acuerdo 017 del 19 de mayo del 2023 que aprueba la política pública ambiental de cambio climático y transición energética (SMS). Esto evidencia la conciencia institucional de la planeación advertida en los estudios y las entidades multilaterales para garantizar el manejo racional de zonas de cuidado del agua37.
En este orden de ideas, es relevante la creación de políticas públicas, el reconocimiento y la incorporación del contexto cultural y la participación de la población. Para avanzar en la formulación “de la política pública del agua… deben empezarse a trabajar con las poblaciones y con las comunidades” (SMS). Dice RVB que “formulamos (instrumentos) con todos los actores que se encuentran en la región como el Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río alto Lebrija”. Sin ignorar las prácticas económicas que afectan la acción sobre el suelo. También se entienden la pre existencia de acciones de “la comunidad asentada allí hace aproximadamente 300 o 400 años, con un desarrollo socioeconómico y cultural”. Esta visión social del territorio es clara en este discurso; la literatura académica reconoce que la presencia de la población es básica para los procesos de inclusión y participación38. Los planteamientos resaltan situaciones que reconocen una mayor acción real en los procesos de planeación y delimitación territorial. Ahora bien, la participación de la población más allá de la consulta y ratificación normativas es poco clara.
La sentencia constitucional T361 reconoce competencias para la delimitación del Páramo Santurbán y la participación de la población a su alrededor. Explica RVB que “a partir de las demandas de ‘algunas organizaciones (¡)’ la Corte emite la sentencia debido a la poca participación al delimitarlo. Debería hacerse de manera conjunta con los actores y con un enfoque local”. “El páramo se delimitó en el 2014 mediante resolución 2090 del Ministerio de Ambiente bajo jurisdicción de la CAR para la Frontera Nororiental (Corponor), CAR para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CMB) y la CAR de Santander (CAS).” Es notorio el reconocimiento de límites administrativos para la gestión de los recursos naturales del páramo particularmente.
El caso ilustra la complejidad de las demarcaciones y delimitaciones territoriales en un contexto participativo, geográfico y de competencias institucionales evidenciada en Bucaramanga aludida en la literatura39. Dice JCA, que “el (Instituto) Humboldt nos partió en dos; Almorzadero y Santurbán que en realidad son uno; una divisoria municipal entre Santa Bárbara, Huaca y Piedecuesta y Tona, ¡Claro! pertenece a otras lógicas sociales y culturales como región y no como páramo”. Esta referencia rompe la noción de Bucaramanga como ciudad y se expresa como región como posibilidad de desarrollo40 y evidencia la disyuntiva de las delimitaciones administrativas y las naturales. Las delimitaciones político administrativas y aún de planeación se consideran como una realidad a considerar en el cuidado del agua41.
Por otro lado, la idea del agua expresada en una sola entidad administrativa y aún geográfica perdería sentido contextual42 y puede ilustrarse con el caso de compras de predios en municipios fuera de Bucaramanga. JCA, explica que “los predios están ubicados en la zona de páramo Santurbán. Muchos críticos preguntan por qué el municipio de Bucaramanga está adquiriendo (predios) en zonas que no son geográficamente del municipio. La argumentación parte desde la incidencia del suministro total del agua a los hogares en Bucaramanga, proveniente desde el municipio de Tona y Suratá principalmente. El páramo se localiza entre el municipio de Tona en Santander, la zona de Piedecuesta Santa Bárbara, Matanza, Charta, Vetas y California”.
Se deduce la importancia de superar los límites divisorios en la gestión del agua y el saneamiento en Bucaramanga por su magnitud regional y la realidad del problema. Los procesos de asentamiento urbano han incorporado vulneraciones a la población con grandes dificultades para acceder al agua. La problemática cubre más allá del norte de Bucaramanga, “asentamientos en Florida en el sector la Cumbre; en Piedecuesta en el Borde, específicamente la mesa de Ruitoque. Lo que toda ciudad sufre también lo viene sufriendo la región. Significa que tenemos una amplia población vulnerable en la ciudad metropolitana de Bucaramanga como cualquier ciudad” sentencia JCA. Surge como imperativo la idea de la ciudad incorporada a la región y al área metropolitana como una sola entidad.
En los procesos de cuidado y distribución del agua Bucaramanga reconoce los compromisos de las entidades multilaterales43. GPA dice que se destina “el uno por ciento de ingresos corrientes a la compra de predios para los pagos ambientales y la protección de ecosistemas estratégicos de especial importancia por su recarga hídrica” especialmente en el municipio de Charta. En ese sentido añade SMS que el “Acueducto Metropolitano localiza predios que cumplen condiciones ecosistémicas, legales y administrativas antes de su compra”. “En 2023 se invierten aproximadamente ocho mil millones de pesos44 en los principales municipios afluentes de agua; Vetas, Charta y Tona (GPA).
Se muestra el sentido territorial, las variaciones del sistema hídrico y su relación con la cultura, la población y la cotidianidad45. Evidencia JCA que “si preguntas: ¿Cuál es el río Lebrija? responden: está de bocas para abajo. Realmente el río Lebrija se conforma por el Río de Oro que pasa por la mitad de Bucaramanga y el río Suratá al encontrarse al norte de Bucaramanga. En tono crítico SAE plantea que “los procesos de deforestación son altos (48 %) en la cuenca del río Lebrija y el departamento, causantes de los conflictos por uso del suelo” considera que las acciones son mínimas y desarticuladas. Ambos consideran que debería entenderse el ciclo del agua que involucra a la población. Insisten en que, para su cuidado “deberían intervenir las instituciones públicas, comunitarias, académicas y productivas”.
Proponen como alternativa a estas situaciones, la educación y la relación de los ciudadanos que habitan la urbe y lo rural. Especifica JCA que “cuando se integre la política educativa con la educación ambiental, hablaríamos de cultura. El citadino entenderá el valor de la conservación y la sostenibilidad de la ruralidad”. Alude a la idea de la mentalidad regional y considera que “tenemos áreas conservadas en muy buen estado en toda la región santandereana que involucra al norte al departamento del Cesar y bueno... muchas zonas de esta región nororiente”.
Se plantean tres consideraciones en la relación entre actores para la gestión del agua. SAM, reconoce “la articulación que logra la Secretaría de Salud y Ambiente con los intereses de la administración”, con los gremios interesado en fortalecer las estrategias en torno al agua y entidades educativas con línea ambientales claras “como la Universidad Santo Tomás, o la Universidad Pontificia Bolivariana”. En ese sentido GPA entiende que “la política pública de protección del agua en Bucaramanga, la lideran el Consejo Municipal, la Subsecretaría del ambiente y el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga”. Aunque ES considera que “se han visto dificultades…desde las veedurías debido a la compra de terrenos en otros municipios” amparada bajo la ley 99 de 1993. Se aprecia en general el fortalecimiento participativo gremial, la institucionalidad local, la academia y se reconocen sus roles y el trabajo intersectorial en Bucaramanga46.
En el orden de las instancias públicas, SMS reconoce “el consejo municipal ambiental con presencia de la Secretaría de Planeación, Infraestructura, y Salud que convoca autoridades ambientales como la CMB con jurisdicción de control ambiental de los municipios de Soto norte”. Al respecto AE reconoce que “desde el nivel nacional tenemos lineamientos para la conservación, manejo y uso de nuestros recursos hídrico… debemos garantizar que estas líneas, se expresen en los planes de desarrollo departamentales, municipales y las políticas de la CMB con la participación de la sociedad, civil”. Esta perspectiva incentivaría la presencia de la población más allá de las necesidades corporativas47. Al parecer la presencia de la población en esta instancia es funcional a pesar de la intersectorialidad que se expresa para beneficio de la creación y ejecución de las políticas públicas de gestión y cuidado del agua. Queda en vilo la gobernanza, aunque la gobernabilidad se reconoce por las acciones sugeridas48.
Explica RVB, que “el país tiene un estado de derecho y una estructura jurídica jerárquica con los convenios internacionales, los derechos humanos y los ODS. El Congreso Nacional norma a partir de Constitución Nacional”. Recalca SAE “que las políticas públicas de cuidado del agua son mundiales, y los países se obligan a incluir sus políticas públicas de los ODS”. Las acciones legislativas son necesarias para la gestión del agua49.
En tal sentido RVB y SAE recalcan el aporte del “Plan Nacional de Desarrollo que establece como un punto importante el ordenamiento alrededor del agua”. JCA alude a la importancia de “armonizar las políticas asociadas al recurso agua”. En ese contexto de planeación conjunta JCA, expone la importancia del trabajo local territorial de la población “como dueños del territorio, que saben cómo está funcionando el agua allí. Las comunidades podrían generar políticas públicas locales y planear el territorio ordenado por ellos”. Concluye que “para poder implementar una política de gestión integral del recurso hídrico a escala local, la unidad hidrográfica de microcuenca es el mejor escenario para construir desde abajo hacia arriba, el ordenamiento del territorio alrededor del agua50”. La propuesta rompe la visión de una delimitación político administrativa y se acoge a la del territorio hidro-social como elemento fundamental incorporado en la gobernanza del agua51.
La población podría asumir el rol de receptor de beneficios unido al de cuidador del medio. GPA pone en contexto la situación en Santurbán aproximado al planteamiento de la asunción de la realidad poblacional más allá de las necesidades ténico-políticas52. Algunos asentamientos “son zonas improductivas donde usted no puede tener más de dos tres hectáreas de cultivo en terrenos estériles de páramo. Entonces no es hablar (solo) de proteger si no, de preguntarnos cómo podemos darle vida o sostenimiento esta población. Hablo del páramo de Berlín, y parte de Santurbán. Allí viven del cultivo de la cebolla por encima de la línea de páramo (3.300 m. s. n. m.). ¿Se les quitaría a ellos, el cultivo de la cebolla? ¿Qué haremos con esas poblaciones que día a día están creciendo? En Berlín no encuentra ni un buen colegio, ni un puesto de salud. Ofrece más garantía una droguería allá que un puesto salud (!)”.
Desde la contraloría GPA dice: “vemos con buenos ojos el pago de servicios ambientales, la ley tiene amarrada la tasación para calcular el pago”. “No hay otra forma, yo no puedo dejar de cultivar algo y morirme de hambre allá en un páramo por proteger el agua que consumen los del municipio de abajo”. En este contexto ES reconoce que Bucaramanga ha hecho esfuerzos para la adquisición de predios fuera de su jurisdicción. La ciudad es “la mayor víctima por esos procesos mineros” por ende “hace más esfuerzos para adquirir predios”. Los demás municipios (Tona, por ejemplo) tardarían más de cinco períodos de alcaldes para poder adquirir predios “con ese 1 % de ingresos de libre destinación”.
Asegura SMS que “los procesos de gestión del agua como la compra de predios y linderos con el apoyo de las comunidades” son fundamentales. El cuidado y protección del medio “es un derecho de vida de las poblaciones” sentencia SAE. La responsabilidad es colectiva y en términos de derechos “el agua, la biodiversidad, el paisaje, la cultura es derecho de todos en igualdad de condiciones… hacemos parte de esa biodiversidad” (SAE).
Se asume la gestión desde la corresponsabilidad y el lenguaje de derechos. SMS entiende dos posiciones básicas en los roles de las comunidades; desde las acciones individuales y desde la corresponsabilidad como propietario de predios en zonas de cuidado. Primero, “mi rol como ciudadano es utilizar bien el recurso hídrico, implementar estrategias de ahorro en mi hogar... ¡en fin! aprender, concientizar, elevar el mensaje, participar activamente de los eventos y de las tomas de decisiones locales” Segundo “Entiendo una corresponsabilidad con …la persona dueña del predio donde tiene cerca cinco o seis nacimientos de agua a proteger, que debe todavía ser más apoyada.”. La corresponsabilidad como asunto de reflexión, alude a las acciones del Estado, la conciencia institucional y de la población para el cuidado del agua53. “Finalmente no es solo un derecho, sino un deber de todos” reconoce RVD.
“A las comunidades les recalcamos que contamos con herramientas jurídicas para la participación y así garantizar sus derechos (Acción de Tutela, Acción Popular, Derecho de Petición)”. Desde la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo les apoyamos con formación. El lenguaje político y el sentido de las responsabilidades desde la población más allá de un discurso expresivo llega hasta la acción de la corresponsabilidad y reclamación como sujetos en un territorio hidro-social54. El debate acerca de las condiciones para la participación es vigente por el mismo derecho constitucional y el contexto internacional “porque el convenio de Escazú precisamente, va direccionado a eso. Al derecho que tienen todos los ciudadanos a tener información suficiente para tomar decisiones”55. En este sentido las reflexiones van dirigidas a entender la participación, reconocer la percepción de la población en el proceso participativo y la comprensión misma de la participación desde la población y las instituciones.
Sobre la participación en Bucaramanga SMS manifiesta que “hay bastantes escenarios creados desde las diferentes secretarías: comités con temáticas a nivel social o ambiental, escenarios de socialización de estrategias, políticas y toma de decisiones”. RVB critica que “durante el desarrollo de las actividades de nuestra Corporación (CMBA), se establecen estrategia de participación al ejecutar proyectos e instrumentos de ordenamiento”. Reconoce la saturación de los procesos participativos pues “a veces se generan puntos críticos cuando otras instituciones desarrollan eventos. La gente se pregunta: ¿entonces yo, a qué horas trabajo?”.
Dice SMS “que la gente sienta la necesidad de participar y que lo haga activamente, es otra cosa” y recuerda que “hay eventos sin la participación multitudinaria esperada”. Al respecto SAE critica que “Esa participación consultiva te pide opinión, pero queda a juicio la toma de decisión técnica de quien está elaborando algún documento (un consultor, por ejemplo) y no desde la solicitud territorial comunitaria”. Así se cuestiona la calidad de la participación como simple mecanismo de gobernabilidad dentro del ámbito público, aunque se recalca la importancia de escudriñar los intereses territoriales comunitarios56.
La garantía de la participación sería facilitada por la norma y garantizada por los tejidos socioculturales y territoriales. La población tiene desconfianza dice SMS “siento que las comunidades desaprovechan esos escenarios y en mis ejercicios de socialización percibo pérdida de confianza en las instituciones, dicen: -para qué voy, si mis opiniones no van a ser tenidas en cuenta. Acordamos cosas y no harán absolutamente nada”.
Sobre la importancia del flujo de información suficiente en la participación y toma de decisiones SMS y JCA concuerdan. Según el tratado de Escazú la información veraz y oportuna serían principios vitales para su flujo desde las entidades estatales hacia la población. JCA considera la importancia de las redes y la representación de los líderes57. Las redes podrían ayudar al flujo de información específica; “redes para la gestión del agua, para la acción del territorio, para movilizar a la institución pública, para articular al empresario con lo público”58. Las formas e instancias de participación serán mecanismos garantizados cuando las poblaciones estén involucrada. Más allá de la reclamación por acceso al agua y su gestión, importa la participación como acción de la población59.
En el cuidado de los entornos ecosistémicos se entiende el rol de la participación en procesos de gestión durante el ejercicio de las acciones. Es evidente “cuando formulamos planes de manejo de área protegida en Santurbán, o cuando se formule el Plan General de Ordenamiento Forestal” dice RVB. El estudio “Estructura Ecológica” es un ejemplo que entrega a los municipios herramienta de ordenamiento territorial” y brindaría oportunidades para presentar proyectos de cooperación nacional e internacional a organizaciones gubernamentales, campesinas y sociales”. SMS también recuerda “la política pública ambiental que vinculó a las comunidades” y resalta el principio de conciencia colectiva de “protección del ambiente desde los chicos a desarrollar en la casa y colegios”. Se reitera la inclusión de la población y su formación cotidiana y no solo en las coyunturas prácticas y funcionales de la gestión.
Es valioso asumir la cotidianidad de la corresponsabilidad en la gestión del agua y el medio60. En este sentido las organizaciones son un apoyo para los procesos de gestión del agua, aunque requiere de la articulación sectorial61. Se reconoce en procesos de consulta del Plan Estratégico del agua en Bucaramanga. “Hay varias entidades u organizaciones que tratan de articular acciones en torno al apoyo de la gestión del agua. Muchas personas están moviéndose por caminos diferentes” dice SMS y considera que las instituciones tienen poca armonización interinstitucional en la temática. Cuestiona la manera como se lograría la articulación entre la Alcaldía de Bucaramanga y las organizaciones sociales en el territorio.
La literatura académica ha reconocido la importancia del apoyo institucional aún desde lo técnico para el apoyo a las comunidades62. En este sentido, JCA argumenta que es muy escueta la participación de las comunidades a pesar del enfoque sistémico en estos procesos expresado en la Constitución Política de Colombia. “Cuando planteas tal enfoque, supondría que el Estado también funcione así. Éste, daría un rol importante a la sociedad, las organizaciones sociales, a los individuos”63.
En un tono crítico GPA aduce que “hay organizaciones sociales que hablan de defender el páramo aún en campañas políticas, pero no hay acciones efectivas ni en Santander ni al norte en el páramo”. “Paseé el páramo con alcaldía y funcionarios ministeriales, pero no hubo soluciones al cuidado del agua. Solo asistieron”. La panorámica argumenta la desarticulación interinstitucional en la gestión del agua, aunque se entiende la importancia de las organizaciones públicas y sociales64 con apoyo y presencia social. Esta realidad repercute en la pretensión de articulación y coherencia de trabajo sinérgico comunitario e institucional65 y la formación de competencias y modelos productivos novedosos en los territorios66. En Colombia, a pesar del aporte de las organizaciones, se tienen dificultades en los procesos de cogestión y la acción colectiva enfocada al bien común67.
Entiende SAE que “La mayoría de los procesos sociales se dan a partir de la sociedad civil y especialmente de las organizaciones no gubernamentales de base”. El valor de la población radica en sus acciones de uso y protección del agua68. “…se han ocupado de la gestión del recurso hídrico ¡así nadie les diga qué tienen que hacer! y lo han hecho por la cultura que tenemos los latinoamericanos y colombianos, por algún contacto con la naturaleza”. JCA confirma que “la comunidad se reordena y ahí admiro la resiliencia como individuos para seguir esa necesidad de ser comunidad o ser comunitario”. Es un momento “para que las organizaciones rodeemos a las instituciones públicas y se fortalezcan”. Las organizaciones tienen autonomía y maneras novedosas de gestión que debería ser puesta en el panorama oficial del Estado.
Organizaciones no gubernamentales han incidido en los procesos de aprendizaje y divulgación de la política pública. Con la experiencia propia y de organizaciones de base (campesinos, pescadores), “preparamos un plan de acción para el territorio que durante todo el proceso construimos. Llegados los momentos de elaborar políticas locales departamentales, las comunidades ya estaban listas” explica SAE. Así se logra una participación con argumentos en los acuerdos locales. En la zona del Magdalena “no hubo municipio en el cual, no quedara la gobernanza del agua como una línea (estratégica) de desarrollo en el departamento de Santander y (aún) en las CAR”. Para JCA esta experiencia ha sido posible con el trabajo y enfoque en cuenca del río Lebrija69 y asumida como parte de la cotidianidad de la población organizada70. “Nos dimos cuenta que el río Lebrija es la mejor sub-zona para hacer ese ejercicio porque tiene una ciudad metropolitana. En ese sentido empezamos a encontrar personas, organizaciones, empresas y a través de la autoridad ambiental tuvimos un mecanismo de articulación”.
Agrega ES que las marchas ha sido una forma de presión en Bucaramanga en función de la protección del agua y del páramo. Reconoce que la delimitación del páramo Santurbán por parte del Ministerio de Ambiente no tiene un enfoque regional. Tampoco comprende la realidad de los municipios involucrados para evitar conflictos del sostenimiento de la población versus las necesidades de conservación. Debe insistirse en el reconocimiento territorial de la acción colectiva71 y articular los ámbitos locales y aún metropolitanos72. Calcula GPA que “se prevén dificultades intermunicipales en la delimitación” y añade que “existe bastante información para lograrla, aunque la problemática radica en la forma de solución de los problemas económicos de las comunidades muy diferentes a la economía de Bucaramanga. La protección no la hacen los habitantes de Bucaramanga, sino los habitantes de estos municipios”. Las reflexiones, reconocen el sentido de apropiación como garantes de la co-responsabilidad y la gestión del agua73 y la presencia necesaria de la población afectada durante la delimitación institucional74.
El contexto de conflicto y la forma de tramitar las diferencias tienen un enfoque de oportunidad para SAS y aduce éstos “no son un problema. Son oportunidad”. Cuando hay conflictos “hay confluencia de intereses y significa arraigo y conocimiento en el territorio. Los intereses pueden confluir en acuerdos en la medida en que prioricemos el bien público y común”. Sugiere que durante el desarrollo de las políticas públicas se llega a acuerdos y a huir de conflictos.
Este planteamiento entiende el aprovechamiento de oportunidades y la acción-participación como herramienta para le discusión y puesta en común de los intereses75. Se ilustra con dos ejemplos; uno, la unidad hidrográfica de afluentes directos del río Lebrija “zonas conflictivas en la cuenca y sobre el municipio de Puerto Wilches con: ganadería, pesca artesanal, petróleo, palma. Hemos acordado una sana convivencia, construido proyectos para la sostenibilidad y la gobernanza de recursos hídricos a pesar de los intereses económico, cultural y social”. Dos, lo comparten SAS y JCA, con base en la experiencia sobre la cuenca del río Tona donde el Acueducto de Bucaramanga (AMB) toma agua para su distribución a más de doscientas mil personas. Se apega a la norma establecida desde la Superintendencia de Servicios Públicos y el agua se asume como bien comercial. Las comunidades asumen su cuidado y no se sientes retribuidas. Para el proceso de retribución en la zona de conservación logra entenderse que además de la compra de terrenos de protección, existen los aportes a las condiciones y alternativas de desarrollo para las comunidades tradicionalmente allí asentadas76.
El análisis temático expresado y limitado a funcionarios públicos refleja el reconocimiento teórico de los procesos de gestión, aunque con poco sentido de gobernanza en los ámbitos local, metropolitano y aún regional. Es claro el reconocimiento del agua como un derecho, aunque las menciones por el interés del cuidado ambiental y del agua deben pasar a las acciones.
Debe reconocerse el papel de la comunidad en los procesos de cuidado. La insistencia de una participación articulada a la norma y funcional a las instituciones gubernamentales evita la presencia real de la visión de los habitantes de los territorios e impide los procesos de gobernanza en los asuntos del agua. En este sentido se expresa la realidad de la desarticulación interinstitucional y con las comunidades en los procesos de gestión y gobernanza del agua. Por ende, en los procesos de acercamiento a la población se requiere mayor énfasis para su inclusión más allá de los procesos sociales funcionales ya mencionados y la legitimación institucional como trámite a cumplir.
El proceso de vigilancia, protección y cuidado del agua, se asocia a los roles de las entidades, a los procesos de protección y demarcación de zonas y la educación principalmente. Se reconoce el diálogo asociado a la gestión administrativa para la atención del ciudadano, aunque los procesos se quedan en el cumplimiento misional institucional sin percibirse una intención de gestión a partir de la correlación y acción con la población organizada.
La delimitación del páramo Santurbán, ha tenido que ser reevaluadas debido a la escasa presencia de la voz de la población y podría ser una oportunidad u obstáculo en el proceso de delimitación y gestión del agua. Se presentan fenómenos asociados a la presencia interinstitucional, asentamientos de población con costumbres heredadas y las delimitaciones político administrativas. Si bien las entidades tienen claro el trabajo interinstitucional y con participación ampliada de instituciones jurisdiccionales fuera de Bucaramanga, falta evidencia real de procesos de gobernanza que impliquen la toma de decisiones y acciones en la relación Estado, comunidad y sociedad civil.
La visión de cuenca en la planeación cobra vigencia en las propuestas manifestadas como un enfoque planificador de abajo hacia arriba en un territorio hidro-social. Es una emergencia evidenciada en la discusión y asociada al territorio hidro-social, aunque se dificulta en las delimitaciones político administrativas. Éstas implican un proceso más complejo para conciliar la relación de zonas naturales y las políticas.
Las acciones alejadas de las gestiones públicas muestran que la cooperación con las organizaciones en los territorios permite la apropiación de herramientas de gestión, brindarlas de confianza y argumentos para el desarrollo territorial a partir de gestiones locales, regionales o internacionales. El flujo de información hacia las comunidades se confirma como garantía de buena participación y toma de decisiones. Además, que la participación debe alejarse de la simple interpretación consultiva y generar confianza entre las comunidades.
Luis-Hernando Gómez-Ospina: Conceptualization, Formal análisis, Investigation, Visualization, Writing-Originaldraft, Writing-review & editing.
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4 ONU, 2023. Sanahuja; Tezanos Vásquez, 2017, 534.
5 Martín; Justo, 2015, 17. Fernández; Saravia Matus; Gil, 2021, 17-25.
6 Hantke-Domas; Jouravlev, 2021, 169, 194-195. Fernández-Vargas, 2020, 7. González, 2017, 214-220.
7 Williams Montoya; Duque Franco, 2017, 123, 129, 131, 134.
8 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016.
9 Concejo de Bucaramanga, 2010; 2023.
10 Universidad Industrial de Santander y Departamento de Santander, 2024.
11 Frausto Ortega, 2015, 108. Iribarnegaray et al., 2009, 156-158.
12 Frausto Ortega, 2015, 108. Retamal; Rojas; Parra, 2011, 188.
13 Martín; Justo, 2015, 13-17. Solanes; Jouravlev, 2015, 26-30.
14 Bocarejo Suescún, 2018, 113.
15 Ulloa et al., 2020, 35-61.
16 Huamán Arias, 2019, 121, 124.
17 Moreno; Tobías, 2019, 162-164.
18 Ramírez Bustos; Medina Vásquez, 2023, 17-22.
19 Bobadilla, 2020. 69-71; Reyes Gutiérrez, 2020, 108, 109.
20 Guerrero de León et al., 2010, 559-560. Castro-Buitrago; Vélez-Echeverri; Madrigal-Pérez, 2019, 59-60. Pulgarín-Franco, 2019, 46.
21 Segura; Cubides, 2017, 276. Motta Vargas, 2018, 326-327.
22 Casas Cervantes, 2015, 38-42. Pila Guzmán, 2018, 81, 85. Castañeda Villanueva, 2021, 40.
23 Soto-Vallejo; Villarraga-Lozano; Cardona-Acevedo, 2020, 212-216. Huamán Arias, 2019, 52-54.
24 Schuster Olbrich; Tapia Valencia, 2017, 118-119.
25 Meirea Cartea, 2015, 71. Bernal; Rivas; Peña, 2014, 164-166. Castro-Buitrago; Vélez-Echeverry; Madrigal-Pérez, 2019, 50-54.
26 Hernández-Mora et al., 2015, 15-17.
27 García Lira, 2021, 13-18.
28 Villada-Canela et al., 2019, 37-39. Basualto et al., 2019, 73-75.
29 Boelens et al., 2015, 19-25.
31 Victoria, 2018, 16. Lanegra, 2018, 41-44.
32 Akhmouch; Clavreul; Glas, 2018, 7-8.
34 Arango López; Aranda, 2025, 260. Moreno; Tobías, 2019, 162-164.
35 Akhmouch; Clavreul; Glas, 2018, 8-9.
36 Díaz Herrera, 2018, 129. Oliveira, 2008, 568-573
37 ONU, 2023. Saravia Matus et al., 2020, 13-24. Akhmouch; Clavreul; Glas, 2018. Salazar Forero; Villamil Castellanos; Imbol Cruz, 2019, 119-121. Posada-Arrubla, 2020, 3-8. Concejo de Bucaramanga, 2023.
38 Lanegra, 2018, 41-44. Posada-Arrubla, 2020.
39 Williams Montoya; Duque Franco, 2017. Salazar Forero; Villamil Castellanos; Imbol Cruz, 2019. Posada-Arrubla, 2020.
40 Williams Montoya; Duque Franco, 2017, 133-135.
41 Basualto et al., 2019, 75.
42 Huamán Arias; 2019, 77-80, 123.
43 Fernández; Saravia Matus; Gil, 2021.
44 U$ 1 = COP$ 4.000.
45 Iribarnegaray et al., 2009, 156-158. Frausto Ortega, 2015. Retamal et al., 2011.
46 Solanes; Jouravlev, 2015, 22-25. Bocarejo Suescún, 2018, 116.
49 Sanahuja; Tezanos Vásquez, 2017. Salazar Forero; Villamil Castellanos; Imbol Cruz, 2019. Sosa Navarro, 2020.
50 Frausto Ortega, 2015. Bocarejo Suescún, 2018, 113. Ulloa et al., 2020, 35-61. Ramírez Bustos; Medina Vásquez, 2023, 17-22.
51 Arango López; Aranda, 2025, 260.
52 Bobadilla, 2020, 62-67.
54 Bobadilla, 2020, 62-67. Moreno; Tobías, 2019.
55 Castro-Buitrago; Vélez-Echeverry; Madrigal-Pérez, 2019, 59-60.
56 Segura; Cubides, 2017. Motta Vargas, 2018, 326-327.
57 Hernández-Mora et al., 2015.
58 Bocarejo Suescún, 2018, 113. Ulloa et al., 2020, 35-61.
59 Ramírez Bustos; Medina Vásquez, 2023.
60 Schuster Olbrich; Tapia Valencia, 2017, 119.
61 Soto-Vallejo; Villarraga-Lozano; Cardona-Acevedo, 2020, 215.
64 Casas Cervantes, 2015, 38-42.
65 Schuster Olbrich; Tapia Valencia, 2017, 118.
66 Meirea Cartea, 2015. Huamán Arias, 2019.
67 Bernal; Rivas; Peña, 2014, 179-180.
69 Ramírez Bustos; Medina Vásquez, 2023. Guerrero de León et al., 2010, 59-60.
70 Castro-Buitrago; Vélez-Echeverry; Madrigal-Pérez, 2019, 50-54. Pulgarín-Franco, 2019, 46.
71 García Lira, 2021, 97-97.
72 Posada-Arrubla, 2020, 4-7. Lanegra, 2018.
73 Castañeda Villanueva, 2021, 40. Pila Guzmán, 2018, 81-85.
74 Posada-Arrubla, 2020, 4-8. Salazar Forero; Villamil Castellanos; Imbol Cruz, 2019. Basualto et al., 2019, 73-75. Williams Montoya; Duque Franco, 2017.
75 Basualto et al., 2019, 73-75. Bobadilla, 2020, 62-67. Reyes Gutiérrez, 2020, 108-109. Hantke-Domas; Jouravlev, 2021, 169, 194-195.