I Crónica Legislativa

COMENTARIO E INTRODUCCIÓN DE LA SECCIÓN

Asistimos y vivimos en la sociedad de la información. O al menos este es el término, casi hegemónico, bajo el que se ha acostumbrado a denominar y consagrar en la última década el proceso transformador de la vida común a través de la irrupción de las nuevas tecnologías. El hecho de que sea comúnmente aceptada esta expresión para definir los últimos años acaecidos en nuestra historia reciente, no quiere decir que nos situemos ante un concepto nuevo. El sociólogo Daniel Bell, en 1973, ya introdujo tal noción, en su obra “El advenimiento de la sociedad post-industrial”, en la que afirmaba que uno de los ejes fundamentales de la sociedad futura radicaba en los conocimientos teóricos, vertebrados y dados a conocer a través de los nuevos medios de información, los cuales apuntalarían las bases sociales y estructura económica del Estado.

Ipsa natura rei, y el análisis del acceso y difusión del conocimiento en la década pretérita nos inducen a confirmar el fenómeno descrito por Bell, y situarnos ante un escenario en el que no tiene cabida la vacilación ante el hecho de que vivimos en una sociedad de la información, y que el acceso a esta a través de los medios digitales resulta de especial preocupación para el legislador europeo y español. A modo probatorio debemos destacar dos sucesos: el primero, concierne a la creación de la unidad East Strat Comm, a través de la cual el Servicio europeo de Acción Exterior desarrolla distintas líneas de actuación para combatir la desinformación y ofrecer a la sociedad vías fidedignas de acceso a la información; el segundo, en el ámbito nacional, puede advertirse a través de la aprobación, por parte del Consejo de Seguridad Nacional, del Procedimiento de actuación contra la desinformación (Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre).

Las iniciativas referidas con anterioridad revelan uno de los fundamentos de la actual “sociedad democrática”, siendo este el acceso a información veraz y diversa. Dicho ejercicio constituye para la ciudadanía una verdadera facultad y oportunidad de formarse una opinión acerca de los distintos asuntos sociales y políticos, además de permitir la adquisición de una conciencia que habilite la participación en los debates públicos. Estos motivos son los que erigen a este derecho de acceso a la información en fundamental, y así se consagra en nuestra Carta Magna.

Es conveniente mostrar la importancia del derecho de información referido con anterioridad, y para ello, con suma modestia hiperbólica, no hay mejor forma que reparar en los textos jurídicos para adverar la afirmación efectuada. Se debe así advertir, empezando por la Constitución Española, el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión (artículo 20.1 CE). Igualmente, a través de un breve análisis comparado, con el ánimo de mostrar la importancia del derecho a la información, consideramos oportuno mostrar su reconocimiento, de forma homóloga, en las legislaciones nacionales de otros Estados miembro, así como terceros Estados (artículo 17.1 de la Carta de los Derechos y Libertades Fundamentales de la República Checa; la sección primera de la Ley de libertad de información de 2000, la sección 12 de la Ley de Derechos Humanos de 1998, y la sección sexta de La Ley de Protección de las Libertades de 2012 de Reino Unido; el artículo primero de la Ley Fundamental de la Libertad de Expresión, el artículo primero y segundo del Instrumento del Gobierno y de la Ley de Libertad de Prensa de Suecia; el artículo 39 de la Constitución de la República de Eslovenia; el artículo primero de la Ley de Libre Acceso a la Información y Reforma de Ciertas Leyes y el 26 de la Constitución de la República de Eslovaquia; el artículo 30 de la Constitución de Rumania; el artículo 37 de la Constitución de la República Portuguesa; el artículo 54.1 de la Constitución de la República de Polonia; el artículo 41 de la Constitución de Malta; el artículo 24 de la Constitución del Gran Ducado de Luxemburgo así como el artículo primero de su ley para la libertad de expresión en los Medios -Ley de 8 de junio de 2004 sobre Libertad de Expresión en los Medios-; el artículo 25 de la Constitución de la República de Lituania; el artículo 100 de la Constitución de la República de Letonia y la sección segunda de su Ley de libertad de información; el artículo 21 de la Constitución de la República Italiana; el artículo 40.6.1 de la Constitución de Irlanda así como su Ley de libertad de información (enmienda) de 2003; el artículo IX de la Ley Fundamental de Hungría; el artículo 5 de la Constitución de la República Helena; el artículo 5 de la Ley Básica de la República Federal de Alemania; el artículo 4 de la Constitución Francesa así como el artículo 10 de la Declaración de los derechos humanos y cívicos del 26 de agosto de 1789, y el 1 de la Ley de Libertad de Comunicación de; el artículo 12 de la Constitución de Finlandia, los artículos 40 a 44 de la Constitución de la República de Estonia; el artículo 77 del Acta Constitucional de Dinamarca; el artículo 19 de la Constitución de la República de Chipre; el artículo 38 de la Constitución de la República de Croacia; los artículos 38 a 40 de la Constitución de la República de Bulgaria; el artículo 19 de la Constitución Belga; y la profusa legislación al respecto en Austria, siendo esta la ley de medios austríaca -Ley federal de 12 de junio de 1981 sobre la prensa y otros medios periodísticos-, el artículo 1 de la Ley Constitucional Federal de 10 de julio de 1974 sobre Garantía de la Independencia de la Radiodifusión y el artículo 13 de la Ley Orgánica de los Derechos Generales de los Nacionales).

En virtud del principio de jerarquía normativa, siguiendo la línea de argumentación iniciada y en aras a dotar de la mayor profundidad a este breve comentario ante sectionen, debemos hacer mención de los hitos legislativos más destacables en los dos niveles restantes, el Derecho de la Unión Europea y el Derecho Internacional. “Aceptando" así la naturaleza de la Stufenbau der Rechtsordnung, y la complejidad del ejercicio efectivo del derecho a la información en las distintas jurisdicciones a causa del overlapping jurisdictions en algunos casos (derivado de la fenomenología, y de la dificultad de comprensión del contenido material del derecho, ya sea en su sentido hegeliano o husserliano, salvando las diferencias relacionadas con la pasividad corpórea) no hacen otra cosa sino justificar las fuentes de este derecho en estos niveles. Respecto al Derecho en la Unión Europea, se debe señalar: el artículo 14 de las Directrices de derechos humanos de la UE sobre la libertad de expresión en línea y fuera de línea; el artículo 1 de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su adquisición, uso y divulgación ilícitas; el artículo 3 del Reglamento (UE) 2015/2120 del parlamento europeo y del consejo del 25 de noviembre de 2015 por el que se establecen medidas relativas al acceso abierto a Internet y se modifica la Directiva 2002/22/CE sobre el servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas y el Reglamento (UE) n.º 531/2012 sobre la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles dentro de la Unión; el artículo 1 del Reglamento (UE) 2017/1128 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, relativo a la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea en el mercado interior y la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la lucha contra los contenidos ilegales en línea. Por último, y ut supra, en el plano del Derecho internacional destacamos al respecto y por imbricación de su contenido con el derecho de información: la Recomendación del Consejo de Europa CM/Rec(2015) del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el libre flujo transfronterizo de información en Internet; el artículo 19 de la Observación general número 34 (2011) del Comité de Derechos Humanos, la Recomendación CM/Rec (2016) del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la protección y promoción del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la vida privada en relación con la neutralidad de la red; la Recomendación CM/Rec (2016) del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y otros actores de los medios; y las resoluciones de la Asamblea General de la ONU 71/199 (2017) relativa al derecho a la privacidad en la era digital, y las de del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 23/2 (2013), 26/13 (2014) y 33/2 (2016), del papel de la libertad de opinión y expresión en el empoderamiento de las mujeres, la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet y la seguridad de los periodistas respectivamente.

Después de este exordio, a través del cual se ha abordado de forma dual el derecho a la información, de una parte desde su perspectiva comparada en las legislaciones de diferentes Estados, y de otra, bajo ciertos parámetros del principio de jerarquía normativa, es de necesariedad la explicación, así como traer a colación, el motivo de este comentario y la relación de la sección con el derecho de información.

Cuius tempora, eius ius. Y recogiendo las ideas anteriores a esta época de la sociedad del conocimiento, de la aparición estelar y asentamiento de la tecnología, el panorama actual no hace otra cosa sino ser receptor y escenario del ejercicio de nuestros derechos fundamentales a través, y en la red, y del acceso al conocimiento a estos derechos por vías que aunque ahora son las frecuentes y regulares, hace apenas dos décadas distaban mucho de serlo. Es por esto, y por el cambio en la forma de acceso a la información, y así al conocimiento del Derecho, y los derechos, que se hace más necesario que nunca localizar fuentes de información fiables, que puedan presentarse a la ciudadanía… y así esta acceder al ingente acervo de normas jurídicas aplicables. No se debe olvidar que aunque todo Derecho ha sido constituido a causa de los hombres, como ya se afirmaba en la tradición romana clásica por el jurista Hermogeniano, y así fue previamente señalado por Justiniano en sus Instituciones (el hombre como causa iuris), esto no comporta que el hombre conozca todo el Derecho.

Nos situamos ante la crisis de la sociedad de la información, la cual está motivada por (1) las fake news, (recuérdense los protocolos mencionados al respecto, fruto de la preocupación del legislador), y (2) la cuasi inconmensurable cantidad de normas jurídicas y por ende la dificultad para el ciudadano medio de su conocimiento. Todo esto, es fruto y característico del ethos de la sociedad moderna del conocimiento, lo cual ha llegado a compeler a que desde el Equipo editorial se haya decidido realizar y llevar a cabo la I Crónica Legislativa. A través de esta sección se pretende dotar a la comunidad universitaria, y al público en general, de un espacio de consulta de aquellas novedades más relevantes, todas ellas ordenadas por materias, en un espacio determinado de tiempo, y con la posibilidad de dirigirse de forma directa a las fuentes.

La comunidad científica acepta como uno de los principios básicos de la estratigrafía el principio de horizontalidad original. Es decir, el reconocimiento de determinados depósitos horizontales en los estratos y su permanencia en estos mientras no se produzca una fuerza sobre ellos que los altere. Queremos así traer dicho principio a colación puesto que igualmente la sociedad se encuentra conformada por distintos estratos: la esfera personal, familiar, municipal, autonómica/federal/regional, nacional, supranacional; y a todos estos les resulta de aplicación el momento en el que se sitúan, el tiempo presente y el tipo de sociedad que los envuelve (en este caso, la sociedad del conocimiento e información). Y pareciere haberse instalado en esta sociedad estratificada, un clima de incertidumbre, de verdadera falta de rigor y de fake news. Así, ante estos postulados es cuando el Derecho, cuando los juristas, deben velar por la armonización de los ordenamientos jurídicos y la consecución de una adecuada y correcta horizontalidad -la cual alienta la democratización de las instituciones por medio de la participación ciudadana y el pluralismo, símbolo de nuestra riqueza-. Así, la presente sección encuentra su fundamento, entre otros muchos, en la razón. De este modo, y recordando la tesis de Coke, y todos los autores que han seguido su estela, los juristas deben tener presente la customary reason, referida a la historia y tradición, la consensual reason, en relación al momento presente, la precautionary reason, imbricado con el futuro que ha de ser anticipado jurídicamente en atención a la seguridad, y una natural reason, atemporal. En atención así a la razón, que debe imperar, y especialmente a esa vertiente “de precaución”, se erige este espacio de consulta, fidedigno, y como verdadera fuente de acceso a la información, y así al conocimiento, al Derecho.

Por último, se debe señalar que la organización de la sección ha sido estructurada en relación a los propios bloques temáticos bajo los que el Senado de España divide su actividad parlamentaria, y en riguroso orden cronológico. Esta categorización que se efectúa se realiza con la conciencia de que hay referencias que pudieren perfectamente localizarse ratione materiae en otros bloques. Por último, y sin perder el ánimo de brevedad, disculpe el lector si extraña determinadas referencias, o si por el contrario advierte la innecesariedad de cualquiera de las que posteriormente se relatan. Ni son todas las que están, ni están todas las que son. Únicamente, y así lo adelantamos, que la presente sección sí podrá ser objeto de reproche en cuanto a su ánimo de baluarte, y verdadera pretensión de constituirse en auténtica fuente de acceso al conocimiento en la sociedad.

BLOQUES TEMÁTICOS

1. Trabajo y Política Social

Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-5140

Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9838

Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-10852

Ley 23/2022, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18037

Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5139

Justicia, Economía, Hacienda, Medio Ambiente, Información

Ley 1/2022, de 8 de febrero, por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2051

Ley 2/2022, de 24 de febrero, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2977

Ley 5/2022, de 9 de marzo, por la que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3712

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-5809

Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-10757

Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-11311

Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11392

Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14580

Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15818

Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-16019

Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-17100

Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas de la violencia de género. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4516

Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-6044

Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-11588

Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12578

Ley Orgánica 8/2022, de 27 de julio, de modificación de los artículos 570 bis y 599 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-12579

Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-14630

Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-14965

3. Organización Territorial del Estado, Parlamento, Derecho y Libertades Públicas, Educación, Defensa, Seguridad, Orden Público

Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-2978

Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-3198

Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7311

Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-9837

Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-11589

Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-14581

Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-17099

Ley 22/2022, de 19 de octubre, por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-17101

Ley Orgánica 1/2022, de 8 de febrero, de reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los Diputados y las Diputadas del Parlamento de las Illes Balears y de los miembros del Gobierno de las Illes Balears. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2050

Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-12644

Ley Orgánica 12/2022, de 30 de septiembre, de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-16018

Notas de autor

* Personal Predoctoral en formación. Becario FPU Ministerio de Universidades

Información adicional

Cómo citar : Santana Bugés, A. J. (2022). I Crónica legislativa. Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época, 22, e7610. https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej/article/view/7610

Revista de Estudios Jurídicos
ISSN: 1576-124X

Num. 22
Año. 2022

I Crónica Legislativa

Armando José Santana Bugés
Universidad de Jaén,España